El intendente de Vicente López, Jorge Macri, sumó un frente en la Justica federal en los últimos días. El primo del presidente Mauricio Macri quedó vinculado a un caso narco luego de que una investigación periodística publicara un contrato entre el intendente y una empresa vinculada al cartel de drogas de los Urabeños. Los voceros del funcionario aseguraron que el acuerdo comercial quedó trunco. En los tribunales federales, el fiscal del caso pidió al juez que incorpore la documentación a la causa, conocida como “Narco-Arroz”. A fines de 2015, el caso reveló que este cartel colombiano se había instalado en la Argentina en 2012. El grupo liderado por los hermanos Triana Peña sacaba cocaína del país escondida en bolsas de arroz. Además, gracias al servicio de un abogado argentino, había montado una red de empresas para comercializar el “arroz blanco” y lavar el dinero producto del narcotráfico. La banda cayó luego de una investigación judicial pero el viernes se reabrió un capítulo. El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez Sergio Torres incorporar una serie de documentos publicados en el libro Radiografía de la corrupción PRO, a través de los cuales los autores, Julian Maradeo e Ignacio Damiani, reconstruyeron un acuerdo comercial entre la municipalidad de Vicente López y una de las empresas montadas por el cartel de drogas: International Trade and Comerce SA (ITC). Uno de los documentos aportados en la causa es un contrato de comodato firmado el 1° de junio de 2012 por el intendente de Vicente López y el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz, entonces presidente de ITC, hoy prófugo de la causa Narco-Arroz. El comodato era “por 90 días, renovables automáticamente”, cuentan Maradeo y Damiani en el libro. “Se deduce que las luminarias prestadas fueron el paso previo a la compra, ya que también había una factura tipo B por $ 203.193,27”, dicen los autores. El grupo narco había montado un grupo de empresas dedicadas a blanquear el dinero de la venta de cocaína, según consta en la causa. Esa red estaba compuesta por al menos nueve compañías inscriptas como firmas de importación y exportación, marketing y publicidad, servicios inmobiliarios y financieros y hasta comercialización de golosinas. Lograron blanquear alrededor de $ 75 millones, pero la cifra podía llegar a los $ 200 millones, según reconstruyeron los autores de fuentes judiciales. Una de las compañías montadas para el banqueo de dinero del cartel es International Trade and Comerce SA o ITC. La red de empresas era manejada por el abogado argentino Guillermo Rodolfo Heisinguer y los colombianos Duarte Díaz y Juan Fernando Cárdenas Gómez. Ante la consulta de PERFIL, voceros de Jorge Macri aseguraron que los pagos “nunca se concretaron”. “La empresa se presentó como proveedora cuando Vicente López estaba cambiando todas las luminarias públicas a LED. El contrato de comodato era para que la empresa prestara 15 luminarias de ese tipo y se probaran. Se colocaron en una plaza del municipio, pero nunca se les pagó porque las luminarias no funcionaron, no servían para lo que pretendía el municipio. Por eso, finalmente, no se pagó ninguna factura”, agregaron. El intendente Macri se presentó la semana pasada ante el juez Torres. Su abogado Ignacio Irurzun, hermano del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, pidió al magistrado que se aclare la situación de Jorge Macri en la causa y se determine si está imputado, informaron fuentes de la causa. “Hay un segundo documento que consiste en un préstamo, labrado el 11 de junio de 2013, de ITC a la Intendencia”, agregan los autores. En ese documento, la compañía le prestó a la municipalidad una luminaria led marca ITC para ser probada por 30 días por el valor de US$ 997, 47. Luego, en marzo de 2014, Duarte Díaz envió una carta preguntando a las autoridades si iban a “adquirir los 15 artefactos de iluminación pública que fueron otorgados según Contrato de Comodato suscripto” en 2012. En el expediente ya constaba una factura entre ITC y la municipalidad de Vicente López, pero cuando el juez Torres pidió información al municipio las autoridades respondieron que no había “ninguna orden de compra” a esa compañía. ITC forma parte del listado de proveedores de Vicente López, de acuerdo con lo que constataron los autores al momento de la publicación del libro. Ninguna autoridad del municipio fue citada a dar explicaciones en el expediente.
