Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) el ritmo que le imprime el gobierno al ajuste es todavía moderado, por lo que recomienda que se aceleren los cambios en materia laboral, previsional y tributaria. “La reducción del gasto público es esencial, especialmente en las áreas donde aumentó muy rápidamente en los últimos años, en particular los salarios, las pensiones y las transferencias sociales”, reclamó el organismo en su informe “Conclusiones de 2017”, tras la consulta del Artículo IV que tuvo lugar este año. El texto resalta las reformas que ya fueron aplicadas y llevadas a consideración del Congreso, las cuales son de su autoría y el gobierno las sigue a rajatabla como una especie de carta astral. Pese a que el equipo económico de Cambiemos reconoció el jueves que el esquema de metas de inflación volvió a fallar, el organismo multilateral aconsejó insistir y profundizar esa política para alcanzar el objetivo. De todos modos, ajustó, tal como lo hizo también el Gobierno, la meta de inflación para el año próximo, pero lo hizo al 16, 3 por ciento y no al 15 como se anunció anteayer. Para este año calculó que cerrará en un 23, 6 por ciento. Además, elevó su estimación para el déficit de cuenta corriente del año próximo de 3, 7 a 4, 4 por ciento y el crecimiento económico lo previó en 2, 5 por ciento. Luego de una década de autonomía económica, producto de que en 2006 se le pagara al FMI la totalidad de la deuda, el país volvió a autorizar las revisiones de su economía por parte del organismo. Justificado como una concesión inocua a la independencia de la política argentina, el Gobierno reactivó el año pasado esa relación. Rápidamente se convirtió en una subordinación de las iniciativas oficiales al visto bueno del Fondo. El esquema es el mismo para todos los países emergentes, se hace una auditoría y se utiliza ese insumo para aplicar las mismas recetas de siempre para ese tipo de economías, que implican ajuste y endeudamiento y generan crisis y pobreza. Sin embargo, Cambiemos comenzó a instrumentarlas antes de que les fueran recetadas. “La remoción de los controles cambiarios, la modernización de la política monetaria, la resolución de la disputa con los fondos buitre, el retorno a los mercados internaciones de capitales y la corrección de las tarifas fueron los desequilibrios macroeconómicos más urgentes”, se regocija el informe del FMI, que ve cómo sus deseos son aún órdenes, pese a que el país todavía no tenga deudas con ese organismo. Resaltó la reconstrucción de las instituciones, las cuales, según dice, fueron fortalecidas “recobrando integridad, transparencia y eficiencia en todos los niveles de gobierno”. El informe fue redactado antes de que el Gobierno forzase la votación de una Ley de Presupuesto para que horas después en conferencia de prensa sus funcionarios reconocieran que las estimaciones volcadas allí no eran alcanzables. El Fondo pidió acelerar el ritmo del ajuste fiscal para reducir las vulnerabilidades externas, crear credibilidad y ayudar a anclar las expectativas de inflación. No advierte riesgos significativos del mayor nivel de endeudamiento externo, que sí suma vulnerabilidad ante shocks económicos externos y consideró que la moneda está sobrevaluada entre un 10 y un 25 por ciento, aunque esta semana el equipo económico permitió una escapada del dólar. Según explica el informe, la apreciación de la moneda llevó a que ingresen fondos especulativos que buscan rentabilidad. “Un reequilibrio fiscal más acelerado permitiría tasas de interés más bajas, reduciría las presiones al alza sobre el peso y limitaría las vulnerabilidades ante un endurecimiento repentino de las condiciones de financiamiento externo”, señala el organismo que comanda Christine Lagarde. Respecto al nivel de deuda, el documento de 83 páginas sostiene que creció “significativamente” tanto a nivel nacional como provincial y que el financiamiento intra-sector público pudo haber evitado una mayor inversión privada. “Después de la contracción de inicios de 2016 la creación de empleo se aceleró con 225.000 puestos trabajos creados en los últimos 12 meses medido hasta agosto. Sin embargo, el 60 por ciento es empleo de bajos ingresos y autónomos”, agrega. Para mejorar esas supuestas condiciones más favorables, aconseja una mayor flexibilidad, algo sobre lo que el Gobierno viene trabajando y espera coronar con la aprobación de la reforma laboral durante el año próximo. “Argentina tiene instituciones y regulaciones del mercado laboral relativamente rígidas. Las principales deficiencias incluyen altos costos de terminación (del contrato laboral), complejos procedimientos para despidos colectivos y condiciones restrictivas para el empleo temporal”, asegura. “La negociación colectiva también es un problema. Se lleva a cabo a nivel sectorial y cubre alrededor del 70 por ciento de los trabajadores”, afirma el organismo que volvió a convertirse en usina de ideas del Gobierno. El texto utiliza en varias oportunidades el término “modernizar” para hacer referencia a las ideas neoliberales de siempre. En esa idea modernizadora, se aconseja reducir el empleo público: “hay espacio para racionalizar gradualmente la masa salarial, especialmente en las provincias”. Entre los consejos para reducir el gasto se apunta a los salarios y a las transferencias sociales, que contemplan “el 60 por ciento” del total general. “Un escenario más realista y sostenible es aquel donde el gasto primario se mantiene plano en términos reales, en línea con la ley de responsabilidad fiscal. Si el crecimiento puede sostenerse en 3, 5 por ciento, esto reducirá el gasto público general de 40 por ciento del PIB en 2017 a 32 por ciento para 2023, lo que financiaría una reducción de la carga tributaria (de alrededor del 3 por ciento del PIB) y reducir el déficit primario a cero”, detalla el comité del Fondo. También hace referencia a la reforma previsional y defiende “el cambio de fórmula de indexación de las pensiones y transferencias sociales que los vinculan a la inflación solamente, haciéndolo más sostenible y asegurando ingreso real estable a los destinatarios”. Pero reitera que se avance en una reforma más integral en 2019. El Directorio del organismo resalta que “la inflación está cayendo pero aún se mantiene alta”. Según sus estimaciones y el relevamiento realizado en el país, contrasta el pico de 47 por ciento interanual que tocó en julio del año pasado al 23 por ciento en el mismo cotejo que arrojó octubre último. El informe, que previamente había celebrado el reajuste de tarifas, sostiene que la inflación actual es particularmente el reflejo del impacto de los aumentos de servicios públicos. Para lo cual sostiene necesario que el Banco Central redoble su tarea dentro del esquema e metas de inflación. Para el titular del Central, Federico Sturzenegger, el tirón de orejas provino por el enorme stock de letras que emitió para secar la plaza financiera y por las transferencias al Tesoro, que complicaron la tarea de bajar la inflación.
