El Gobierno perdió la oportunidad de aclarar un punto clave de la escandalosa estatización de YPF. Aunque mejor sería decir que la dejó pasar porque destapar esa olla era igual a enchastrarse a sí mismo. La noticia está en el juicio que el fondo Burford lleva adelante contra YPF y la Argentina en Nueva York y que puede costarle al país unos US$ 3.000 millones. ¿Qué fue lo que dejó pasar el Gobierno? La oportunidad de que se aclare o de que se empiece a aclarar cómo, con la bendición de Kirchner, la familia Eskenazi se hizo del 25% de las acciones de YPF y del control de YPF sin poner un peso. En ese cómo hay una historia de intereses cruzados y negocios presentada como una gesta nacional, que empezó mal y terminó peor. Al ingreso de los Eskenazi en 2008 se lo llamó la argentinización de YPF y a la salida de los Eskenazi casi cuatro años después se lo llamó la recuperación de YPF. En el medio, hubo un desastre: la empresa se descapitalizó, la producción de gas y petróleo cayó a pique y la Argentina perdió el autoabastecimiento energético. Encima, el país se quedó con un juicio millonario que puede no ser el único: el fondo Eton está en lista de espera. Los Eskenazi son los dueños del Banco de Santa Cruz que manejó los famosos 600 millones de dólares que Menem les dio a los Kirchner por la privatización de YPF. Nadie sabe por qué cayeron en desgracia. Los dejaron fuera de YPF y sin los dividendos de la compañía que les permitían pagar los préstamos tomados para comprar las acciones. Para eso, los Kirchner habían autorizado a YPF a repartir hasta el 90% de los dividendos. En la estatización que armaron Cristina y su ministro Kicillof los grandes ganadores fueron los españoles de Repsol. Le habían dado vía libre para repatriar ganancias que estaba vedado para las otras multinacionales y recibieron unos US$ 9.000 millones por el 51% que tenían de la empresa. El 25% de los Eskenazi no entró en esa operación. Sus acciones se desplomaron y mandaron a la quiebra a Petersen Energía y Petersen Inversora, las dos firmas que habían montado en España para meterse en la petrolera. Sólo les quedó un activo: el derecho a litigar contra la Argentina. Es lo que compró Burford, un fondo especializado en conflictos judiciales que reclama a la Argentina la diferencia entre el precio que Cristina le pagó a Repsol y lo que recibieron los Eskenazi al vender sus acciones . Ahora el Gobierno le pidió a la jueza Loretta Preska que abra el llamado discovery process pero limitado a cuestiones de la legislación argentina. Busca demostrar que fue correcto aplicar la ley de sociedades y no el estatuto de YPF en la estatización. El punto es clave y argumento central de Burford: según el Estatuto, el Gobierno debió haber realizado una oferta por la totalidad de la empresa. Preska accedió al pedido argentino y también a un pedido de Burford de hacer otro discovery para evaluar el daño económico sufrido por los Eskenazi. Para la jueza, la ganancia se llama achicar los plazos de un juicio que podría haber sido largo y trabado. El discovery se limitará a una cuestión de derecho y a una discusión sobre cifras. Un detalle más entre tantos detalles: Zannini, autor del decreto estatizador y ex director del Banco de Santa Cruz, pide como jefe de los abogados del Estado un discovery a la medida de Cristina. Es un giro central en la causa. Una manera de asegurar que no se correrá ningún velo sobre cómo fue el negociado. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
