Entre el momento crítico de la pandemia y el rebrote de la inseguridad, una cuestión de volumen político-judicial circuló quizá demasiado rápido. Fue el pedido de la OA (Oficina Anticorrupción) de 8 años y 6 meses de prisión para el empresario K, Lázaro Báez. Se lo acusa de coautor del delito de lavado de dinero y miembro de una banda integrada para ese fin. ¿Dónde radica la importancia de tal solicitud? La causa constituye el delito precedente del juicio por la adjudicación de la obra pública en beneficio de Báez, en la cual está involucrada Cristina Fernández. Ambas son los eslabones de una cadena que deriva en Hotesur, donde está acusada la familia Kirchner. También por sospecha de lavado de dinero. Ese conjunto se enlaza con el escándalo de los cuadernos de las coimas. Observando el panorama parece evidente que la situación de la vicepresidenta se complica. Al margen de las maniobras que el kirchnerismo ensaya ahora mismo sobre el Poder Judicial. Esa complicación tendrá una consecuencia inevitable. La relación con Alberto Fernández. El previsible añadido de turbulencias a las ya existentes en el sistema de poder. Ciertas cosas no dejaron de llamar la atención. Habrían causado indignación en el Instituto Patria. A Cristina. El pedido de la condena fue realizado por la OA. Bajo el timón de Felix Crous, hombre de Justicia Legítima. El organismo continúa dependiendo de la Presidencia. Resolvió retirarse, junto a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), como querellante en causas de corrupción. Pero está impedido de hacerlo en aquellas elevadas a juicio. Así lo dispuso una norma dictada en 2016 por la entonces titular macrista, Laura Alonso. Nunca fue derogada. Los especialistas entienden que el pedido de condena que hizo la OA contra Báez fue moroso. Resta la solicitud que hará el fiscal Abel Córdoba, que podría resultar más severa. Por lo pronto, en su alegato, acreditó la maniobra sobre lavado de dinero y calificó al empresario K como jefe de una organización criminal. Existirá una condena. Quedará probado el delito. La OA y Crous, su titular, han quedado bajo el radar cristinista. Se le endilga indulgencia. Una acusación, tal vez, arbitraria. Carecía de margen para tomar otro rumbo. El staff burocrático de la OA hizo durante 4 años una labor impecable de acusación. Ahora se responsabiliza al juez de Justicia Legítima por no haber barrido con parte de ese personal. De poco hubiera servido: la causa fue elevada a juicio mucho antes de que el binomio de los Fernández accediera al poder. Tampoco ayudó la sustanciación rigurosa que llevó Sebastián Casanello. Se trata de un juez de afinidad ideológica con el kirchnerismo refractario, sin embargo, a las cuestiones que ligan al poder con la corrupción. Casanello sobrellevó en su tiempo, con fastidio, el mote de “juez tortuga”. Báez tuvo además una mala idea. Lo recusó con el argumento de una reunión reservada suya en Olivos con Mauricio Macri. Fue investigada y desestimada. La recusación se hundió. Sobre Crous caía, por otra parte, un antecedente sombrío. Cuando se inició la pesquisa de la ruta del dinero K, allá por 2013, el entonces fiscal ad hoc Carlos Gonella tomó el control de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Estaba amadrinado por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Gonella omitió incluir a Báez –y a sus hijos-- en el dictamen que originó la causa con el propósito de ocultar su vasto patrimonio. La picardía le salió cara. El funcionario fue incriminado y procesado junto a su segundo, Omar Orsi, por previcariato. Lo dispuso el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El pedido de condena a Báez, a sus hijos y compinches, motorizó la desesperación de Cristina. Se desplegaron todos los recursos defensivos. El juicio por la obra pública, que se inició en diciembre de 2019 con el descargo de la vicepresidenta, estuvo todo el 2020 trabado por la cuarentena. El Tribunal Oral Federal 2 pidió al Consejo de la Magistratura su reanudación de modo virtual. El organismo, con mayoría K, se tomó tiempo antes de contestar. Se hicieron dos pruebas que fallaron. La tercera de esta semana resultó un éxito. Es probable que las audiencias vuelvan el 3 de agosto. Antes de despedirse, el juez Rodolfo Canicoba Corral hizo su aporte. Procesó de modo sospechoso al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. También al ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Iguacel fue el autor de la denuncia original y próximo testigo clave de las audiencias. También los juicios por Los Sauces y Hotesur duermen una plácida siesta. Están bajo la órbita del Tribunal Oral Federal 5. Allí talla el juez Daniel Obligado, junto a Adriana Palliotti. Se trata del magistrado que hace poco benefició a Amado Boudou con el arresto domiciliario. El recorrido de aquellas causas ha resultado tortuoso. En octubre del 2018 fue elevada a juicio Los Sauces. A mediados del 2019, Hotesur. De inmediato se solicitó por conectividad la unificación de ambas. Se debieron igualar las pruebas. La defensa de Cristina reclamó entonces el peritaje de pruebas suplementarias. Cayó la pandemia y el proceso se paralizó. El fiscal Diego Luciani resolvió habilitar la feria judicial para reactivarla. Pero no pasa nada. Aquella situación explicaría el interés parcelado de la vicepresidenta por las iniciativas del Gobierno ante el Poder Judicial. Lo urgente para ella sería la remoción de jueces trasladados durante el macrismo que el Consejo de la Magistratura comenzó a analizar la semana pasada. Importan, sobre todo, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, llevados a la Cámara Federal Penal de la Capital. Fallaron en varias causas de corrupción que golpean a Cristina. Están los famosos Cuadernos de las coimas. La intención de removerlos, sin embargo, encontraría obstáculos. En los casos de Bruglia y Bertuzzi, por ejemplo, hubo una acordada de la Corte Suprema que consideró válidos sus traslados. A la modificación del Máximo Tribunal apunta Cristina. Se trata de una exigencia que le impuso a Alberto, renuente a introducir cambios. Querría ampliar el número de miembros y dividirlo en salas. Para colonizar, sin dudas, aquella que se ocupe de los asuntos penales. Allí caerán en última instancia sus causas de corrupción. Los jueces de la Corte están en compás de espera. Aunque no ocultan malestar por posibles cambios que, después de ganar las elecciones, el Presidente les prometió que no iban a suceder. Como casi siempre, el más dinámico es Ricardo Lorenzetti. Sus lazos con el mundo político resultan inocultables. Portavoces del edificio de la calle Talcahuano afirman que el último trato ocurrió con Sergio Massa. Después de que el Senado tumbó el decreto de Macri que había traspasado las escuchas telefónicas de la Procuración a la Corte, el proceso se frenó en Diputados. Al parecer por falta de consenso para ratificar la decisión de la Cámara alta. Finalmente, se resolvió que las escuchas serán auditadas por una Comisión Bicameral. Pero no saldrán de la esfera de la Corte. La modificación que persigue la vicepresidenta requerirá, al menos, de un tiempo largo. No podrá hacerse sin la anuencia de la oposición. De allí la idea presidencial de conformar un Consejo Consultivo. Su integración tampoco es sencilla por un motivo de base. La posible presencia de Carlos Beraldi, el artífice de toda la defensa de Cristina. ¿Se quiere modernizar la Corte? ¿Hacerla más eficiente? ¿O se aspira sólo a transformarla para favorecer a la dama? Los interrogantes que invaden a la oposición resultan comprensibles. Al ex camarista Ricardo Gil Lavedra un emisario oficial lo sondeó en el verano. Luego, nunca más. También le harían una oferta para integrar aquel Consejo al senador Federico Pinedo. Pero su prioridad, como la de la mayoría opositora, sería por ahora no poner en riesgo la unidad que exhibe Cambiemos. Beraldi es además un motivo de discordia en el oficialismo. Es la tercera vez que el Presidente anuncia el envío del proyecto de reforma judicial al Congreso. Pero ese texto no termina de llegar. La iniciativa fue trabajada en el Gobierno por la ministra Marcela Losardo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Cuando recaló en el Instituto Patria fue objetada. Las tachaduras corrieron por cuenta de Beraldi a instancias de la vicepresidenta. Los forcejeos por esa reforma, que no son los únicos, han puesto a dos personas clave para Alberto bajo el malhumor cristinista. Son Béliz e Ibarra. La funcionaria, de muy bajo perfil, incursionó públicamente en un terreno sensible en el Frente de Todos. Dijo que el liderazgo del Presidente “no se discute”. Lo mismo que piensan los K sobre el perfil de la vicepresidenta. El nivel de las discusiones y propuestas revela cabalmente la oscura etapa histórica que atraviesa la Argentina. Capaz de fomentar cualquier desconfianza. No habría por qué sorprenderse. Se propone una modificación de la Corte Suprema. La primera condición sería que intervenga el abogado defensor de Cristina en las causas de corrupción. Hace semanas, fue asesinado de modo brutal el ex secretario privado de la vicepresidenta, Fabián Gutiérrez. La fiscal del caso es su sobrina, Natalia Mercado. Hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Todo fluye como si fuera normal. Cabría exhumar la conocida sentencia del flamante titular de la Auditoría General de la Nación, Miguel Pichetto. Siempre afirma que “la política no tiene un plano moral”. Etico, tampoco. 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