La cuenta sigue aumentando. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó que la deuda tributaria que acumuló el empresario Cristóbal López solo con su petrolera y un puñado de medios de comunicación supera los $8200 millones. Sin embargo, esa cifra excluye otras empresas del Grupo Indalo que añadirían cientos o incluso miles de millones al resultado final, según surge de cálculos que el organismo recaudador presentó ante la Justicia y cuya copia obtuvo LA NACION. Solo Oil Combustibles, la petrolera que actuó de corazón del imperio que López creó junto a su socio Fabián de Sousa, le adeuda más de $6700 millones a la AFIP por el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC), que retuvo y refinanció durante años, una práctica que los empresarios insisten en que fue legal y prometen demandar al Estado por llevarlos a la quiebra. La cifra exacta de la deuda acumulada por la petrolera de López en capital e intereses es de $6.739.449.633,03, según estimó la AFIP en su último escrito judicial, en el que alertó sobre algunos errores en las estimaciones del síndico de la quiebra. Así, sostuvo que su acreencia sobre Oil "con privilegio general" para su cobro superaría los $5733 millones, mientras que algo más de $1005 millones quedarían en el mismo nivel que cualquier otro reclamo. Esa cifra superior a los $6739 millones tampoco es el número definitivo de la deuda que la AFIP pretende recuperar de Oil Combustibles. La cuenta podría rondar los $12.000 millones, según indicaron funcionarios del organismo a LA NACION, aunque ese número no terminó de plasmarse en el expediente del concurso y la quiebra. Más allá de la cifra definitiva, el desafío para la AFIP pasa ahora por recuperar todo lo que sea posible de la fortuna que López y De Sousa dejaron de tributar a las arcas públicas durante la gestión de Ricardo Echegaray. Como primer paso, cobraría $2000 millones tras la venta judicial de ciertos activos industriales de Oil, como la refinería San Lorenzo, una estación fluvial y otra de almacenamiento y su red de estaciones de servicio. A esos $2000 millones podría sumarse la venta de otros activos, así como lo que pueda recobrarse de empresas que le adeudaban a Oil y los activos que puedan extraerse de otras firmas del Grupo Indalo a las que pueda extenderse la quiebra. Entre ellas, la sociedad Inversora MS SA. El problema es que tampoco todas las empresas del holding ofrecen números saludables. Por el contrario, varias arrastran deudas con el Estado nacional. Solo sus medios de comunicación -que incluyen desde el canal C5N, Radio 10 y el diario Ámbito Financiero hasta la productora Ideas del Sur- muestran un rojo adicional que supera los $1475 millones, según estimaciones de la AFIP. Para López y De Sousa, sin embargo, esa es la versión de la AFIP. Desde las celdas donde permanecen detenidos por presunta administración fraudulenta agravada desde fines de abril pasado, afirmaron que el organismo es el único responsable del colapso de Oil, y del Grupo Indalo en general, al pedir embargos contra el holding e iniciar ejecuciones fiscales. "Los hechos causados por la AFIP llevaron a la compañía a un estado de cesación de pagos que se tornó irreversible y no dejó otra alternativa a los administradores que acudir en forma urgente a la petición de la solicitud concursal", afirmaron los otrora dueños del Grupo Indalo por medio de un escrito que presentó uno de sus abogados, el exjuez del fuero comercial Eduardo Fabier Dubois. Los empresarios patagónicos fueron más lejos. Tras afirmar que la venta de activos industriales de Oil Combustibles a YPF por US$85 millones no es más que una operación a "precio vil", dejaron abierta la puerta para, algún día, demandar a todos aquellos que participaron de algún modo en la liquidación de la petrolera y del Grupo Indalo en general. Así, en un escrito que ya presentó en tribunales, Fabier Dubois afirmó que "los representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocios del fallido que dolosamente hubieran producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia deben indemnizar los perjuicios causados". Esos daños se apoyaron, según los patagónicos, en una "campaña mediática de desprestigio" en la que participaron, en particular, LA NACION -que en marzo de 2016 reveló que el Grupo Indalo acumulaba deudas tributarias por miles de millones de pesos-, el diario Clarín y la señal de cable TN, entre otros medios. Pero mientras López y De Sousa anticipan reclamos, la AFIP continuó adelante con sus esfuerzos de calcular cuánto le debe Oil Combustibles. Así, a los más de $6700 millones, un abogado del organismo sumó "los intereses no recalculados de concurso preventivo a quiebra, (que) ascienden a la suma de $61.871.901,92". De todos modos, la AFIP no es el único acreedor que pretende cobrarles cada centavo que pueda al Grupo Indalo o a sus dueños. A ellos se suma Santiago Dellatorre, uno de los estandartes de la avanzada que, junto con el financista Ignacio Rosner, intentó sin éxito tomar el control del holding. Abogado, Dellatorre se presentó por su cuenta en tribunales, pidió la quiebra personal de López y le reclamó decenas de millones de pesos, en una jugada que podría exponer los activos que el empresario patagónico tiene en el país o en el exterior. El último paso que dio en el expediente, a mediados de octubre pasado, fue pedirle al juez que notificaran al empresario de Comodoro Rivadavia en la cárcel de Ezeiza. La AFIP recalculó la millonaria deuda de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes están hoy presos en el penal de Ezeiza La deuda total podría rondar los $12.000 millones, aunque ese número no terminó de plasmarse en el expediente del concurso y la quiebra. Como primer paso, cobraría $2000 millones tras la venta judicial de activos industriales de Oil, como la refinería San Lorenzo, una estación fluvial y otra de almacenamiento y su red de estaciones de servicio. Podría sumarse la venta de otros activos y otras firmas
