La Cámara Federal se dispone a respaldar esta semana la investigación del juez federal Claudio Bonadio sobre los cuadernos de la corrupción que, según el magistrado, revelaron la existencia de una organización liderada por Cristina Kirchner para recaudar dinero de empresarios que pagaban coimas para mantener sus contratos con el Estado. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que conforman el tribunal revisor de la actuación de Bonadio, confirmarán los procesamientos dictados contra la expresidenta, el exministro Julio De Vido , el exsecretario José López y el exsubsecretario Roberto Baratta , entre otros, por entender que recibieron los fondos y los redirigieron en casi su totalidad a Néstor y Cristina Kirchner. No obstante, el tribunal estudia pulir algunas de las apreciaciones del juez y modificar la situación de algunos empresarios que pagaron sobornos, además de otorgar la libertad a algunos funcionarios de menor rango, dijeron a LA NACION fuentes judiciales. Incluso, puede llegar a separar de esta investigación y abrir otra nueva sobre otros procesados, como el exjuez Norberto Oyarbide , a quien no considerarían parte de la organización, pero sí incurso en posibles delitos por recibir sobornos a cambio de resoluciones judiciales. Lo más probable es que separen su parte y la manden a sorteo para que la investigue otro juez. La banda la integran los funcionarios procesados que oficiaron de mensajeros en los viajes de recolección de coimas que realizó el chofer de Baratta, Oscar Centeno , que fueron registrados en los cuadernos de la corrupción revelados por LA NACION. Algunos de ellos que están presos podrían obtener la libertad. El fallo implicará un respaldo a la entidad probatoria de los cuadernos, que la defensa de Cristina Kirchner descalifica como "fotocopias". Otros exfuncionarios procesados son José López, bajo el sistema de protección de testigos e imputados; Oscar Parrilli, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Walter Fagyas, Jorge Mayoral, Germán Nivello, Hernán Gómez, Fabián García Ramón y Nelson Lazarte. Además de asociación ilícita, algunos enfrentan cargos por cohecho (cobro de coimas) o dádivas (haber recibido dinero, en su condición de funcionarios sin que quede claro cuál fue la contraprestación). Los camaristas no pueden cuestionar el modo en que el juez Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo negociaron las declaraciones de los arrepentidos, por más que algunos de los investigadores sospechen que ciertos imputados, como el financista Ernesto Clarens, obtuvieron la libertad a cambio de datos que parecieran escasos. Los extremos serían confirmados por la Cámara Federal, pero los exfuncionarios de menor jerarquía que están presos, y que solo oficiaron de mensajeros, podrían recuperar la libertad. Bonadio entendió que todos los empresarios que pagaron eran integrantes de la asociación ilícita y por eso los procesó. Ahora la Cámara Federal haría una distinción entre los que pagaban de manera sistemática y habitual para obtener un beneficio y los que registran pagos aislados, a quienes solo les dejaría la acusación de cohecho, con lo que aliviaría su situación procesal. Estarían dentro de la banda los que parecen formar parte del mecanismo de recaudación, como Carlos Wagner y Clarens, financista cercano al gobierno kirchnerista, que cobraba en su nombre, según su confesión. Están en este segundo gran grupo, esperanzados con quedar fuera de la asociación ilícita, los empresarios Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri-, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Juan Chediack, Sergio Taselli, Enrique Pescarmona, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, Claudio Javier Glazman, Francisco Valenti y Hugo Antranik Eurnekian, de Corporación América, entre otros. Las calificaciones legales son la principal preocupación de los defensores, que quieren a sus clientes fuera de la asociación ilícita. La Cámara Federal revisará solo estos procesamientos y no se abocará a la situación de Juan Manuel Abal Medina, los integrantes de La Cámpora ni de Paolo Rocca y otros empresarios del transporte indagados en las últimas semanas. Estas situaciones serán tratadas más adelante; algunas antes de que termine el año y otras serán pospuestas para después de la feria judicial. De todos modos, el tribunal tiene casi una docena de planteos de nulidad presentados los abogados defensores. Las principales objeciones son la falta de registros técnicos de las declaraciones de los arrepentidos -como lo prevé la ley- y los cuestionamientos a la norma que prevé beneficios para los que aporten datos para involucrar a otros integrantes de la organización o recuperar el dinero de la corrupción. Bruglia y Bertuzzi se encerraron el viernes, al menos tres horas, con sus secretarios para deliberar. Llegaron a un acuerdo acerca de la validez de la declaraciones de los arrepentidos, a pesar de la falta de registros técnicos de sus relatos. Los argumentos son que las declaraciones se hicieron en presencia del fiscal, del secretario y del defensor, que fueron firmadas por todos y a su vez ratificadas luego cuando el juez las homologó. Además, la falta de registros no está prevista como causal de nulidad. El valor probatorio podrá no ser el mismo, pero tiene validez como prueba, interpretan los magistrados. Entienden, además, que no es inconveniente que Cristina Kirchner esté procesada por asociación ilícita en esta causa y en la de Vialidad donde se la juzgará desde el 26 de febrero junto a Lázaro Báez por sobreprecios en las rutas patagónicas. Otro tema sobre el que los jueces ya se pronunciaron pero ahora profundizarán es el del forum shopping: Cristina Kirchner y Oscar Parrilli señalaron que el fiscal Stornelli, cuando recibió la información sobre el contenido de los cuadernos de Centeno, debió haber sorteado el asunto entre sus colegas y no quedárselo como parte de la causa del gas natural licuado que investigaba. La expresidenta dijo que así pudo elegir que sea Bonadio el juez del caso, con quien ya investigaba el asunto del gas. Pero los camaristas ya tienen dicho que el caso es conexo con el de gas licuado. Misma materia y competencia, por lo que el cuestionamiento del abogado Carlos Beraldi de la expresidenta no prosperará. Cristina Kirchner, expresidenta Carlos Wagner, Cámara de la Construcción Luis Betnaza, gerente de Techint
