Como un efecto dominó, después de la excarcelación de los tres detenidos en el caso de la compra venta de la ex calcográfica Ciccone, Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Nicolás, este viernes el abogado de Lázaro Báez pidió en base a la resolución del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) su libertad. Este TOF lleva adelante el juicio por la Ruta del Dinero K. Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner y dueño del Grupo Austral, se encuentra detenido desde abril de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello que instruyó la causa de la Ruta del dinero K donde se investigan maniobras de lavado de activos por 60 millones de dólares. Recibir newsletter Fueron los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñíguez quienes decidieron que continúe preso en el Penal de Ezeiza por un año más mientras se sustancia la instancia oral. Después de la excarcelación de Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Nicolás Ciccone -los tres detenidos del Caso Ciccone-, el abogado de Báez solicitó este viernes que se ponga fin a la prisión preventiva. “Los fundamentos del voto mayoritario son aplicables a la situación fáctica de mi cliente por lo que su encarcelamiento preventivo deviene arbitrario y desproporcionado”, señala el escrito al que accedió Clarín. Los integrantes del TOF 4 ya habían decidido antes del comienzo del juicio que Lázaro Báez siga detenido. Entendieron, al igual que el fiscal Abel Córdoba, que se trata de una causa compleja. También, se tuvieron en cuenta los vínculos económicos e influencias que el ejercicio económico le significaron a Báez. Entonces integraba el TOF el juez Pablo Bertuzzi, ahora parte de la Cámara Federal porteña. La magistrada Adriana Palliotti lo reemplaza en el Tribunal y es quien junto a López Íñiguez se pronunció a favor de la excarcelación de Boudou y los otros detenidos de la causa por la compra venta de la ex calcográfica Ciccone. Los fundamentos centrales de dichas libertades concedidas, refieren a la inexistencia de riesgo de entorpecimiento de la causa ya que el juicio por Ciccone ya concluyó y los imputados transitaron su realización en libertad. Entendieron además que no hay riesgo de fuga. Estos planteos fueron retomados por la defensa de Báez preso por lavado de dinero. Así, en su presentación, el abogado del empresario K indicó que “el único criterio que habilitaría a justificar una prórroga”, de la prisión preventiva sería que “pueda profugarse o entorpecer la investigación”, citando el fallo de las juezas López Íñiguez y Pallioti. Utilizando de base los argumentos que posibilitaron que después de cuatro meses el ex vicepresidente haya dejado el Penal de Ezeiza -donde se encuentra Báez-, su defensa indicó que cuando de prisión preventiva se trata “debe probarse objetivamente un riesgo procesal y la imposibilidad de neutralizarlo con una medida privativa de la libertad menos gravosa”. Lázaro Báez fue detenido por el juez Sebastián Casanello hace dos años, cuando el avión en el que viajaba desde Río Gallegos aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. En su momento el magistrado sostuvo su orden de detención señalando que la nave no había presentado su plan de vuelo y eso podía implicar un plan de escape. En este expediente que llevó adelante el juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, se acusó a Báez, a sus cuatro hijos (Luciana, Martín, Leandro y Melina), a Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, entre otros, por "integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad". La cabeza de todo, según la justicia, era el empresario K. Las maniobras de lavado se realizaron, según contabilizó el juzgado, por 60 millones de dólares y esto derivo en embargos de 600 millones de dólares para cada uno de los principales imputados. La medida cautelar incluyó, por la misma cifra, a Austral Construcciones y otro conjunto de empresas que intervinieron en la maniobra de lavado de activos que asciende a 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por un valor que asciende a los 2.547 millones de pesos. En este contexto, la defensa de Báez remarcó que no puede ser suficiente para sostener la prisión preventiva en “el peligro de fuga en una presunta organización destinada al lavado de activos “. Ante el planteo ya esgrimido por el Tribunal sobre las posesiones materiales y el millonario patrimonio del empresario K para sustentar el riesgo de fuga, contando con medios económicos para concretarlo, el abogado que “ya no cuenta con la titularidad de vehículos, ni de esos bienes registrables de empresas ni particulares”, por las diversas medidas cautelares impuestas en diversas causas.
