Ernesto Clarens, el financista de los Kirchner que está procesado por coimas en la causa de los cuadernos , ahora enfrenta otra acusación; haber lavado 502 millones de pesos de Lázaro Báez , que provenían de la corrupción de la obra pública , simulando operaciones de pago a empresas inexistentes para terminar extrayendo gran parte de ese dinero en efectivo de la línea de cajas del Banco Macro . Esta investigación, que realizó el fiscal Gerardo Pollicita , motivó que la fiscalía reclame que Clarens sea llamado a prestar declaración indagatoria en esta nueva causa junto a Lázaro Báez y unos 20 empresarios relacionados con la maniobra, que involucra el blanqueo de más de 160 millones de dólares al cambio del momento de los hechos ocurridos entre 2005 y 2007. La fiscalía describió que Báez recibió por las obras públicas que direccionaba el kirchnerismo en favor de sus empresas entre 2005 y 2009, unos $2800 millones. Parte de esa plata fue reciclada a través de la simulación de operaciones inexistentes. El monto involucrado en el lavado son 502 millones de pesos que fueron convertidos en efectivo, lo que impidió su trazabilidad, es decir su seguimiento, y los alejó de su fuente original: el dinero recibido por las obras públicas con sobreprecios. La maniobra, para el fiscal, se asienta en tres pilares. Uno era la canalización de los fondos hacia la empresa Gotti del propio Báez y con la mediación de la firma Invernes de Clarens. El segundo, la salida del dinero hacia afuera del grupo Báez mediante el pago de servicios inexistentes. Y por último, la negociación de los cheques que recibieron esos falsos proveedores en financieras de Clarens y su conversión en efectivo en las cuentas del financista en el Macro. En detalle, la maniobra se explica del siguiente modo: Austral Construcciones de Báez derivó 790 millones de pesos de los que recibió por la obra pública santacruceña a la empresa Gotti, del mismo grupo. Esto permitió desviar más de un cuarto de sus ingresos, convirtiéndola en la sociedad puente de la maniobra. Así se distanciaban los fondos de su origen ilegal y se interponía a Invernes, que era la encargada de realizar los pagos en nombre de Gotti. "En síntesis, la empresa Gotti fue escogida por los conductores de esta maniobra criminal -Lázaro Antonio Báez y Ernesto Clarens- como la columna vertebral de la operatoria", dijo Pollicita. De este modo, Clarens controlaba el dinero que ingresaba y salía, y los pagos por los servicios falsos. La transferencia de fondos de Austral a Gotti se hizo mediante facturas mensuales que tenían como descripción "certificado de obra". El segundo paso consistió, entonces, en sacar los fondos de Gotti hacia afuera del grupo Báez. Así se simularon gastos de las obras públicas de Gotti. Estas facturas emitidas por 100 proveedores falsos de Gotti ascendieron a $502 millones. Entre ellos había facturas por 9 millones de dólares a un remisero del Chaco, o facturas por 12 millones de pesos a una empresa transportista con domicilio en un monoblock de Avellaneda, sin empleados ni vehículos; a otros proveedores reales les falsificaron las facturas, directamente. Los pagos realizados a la empresa fantasma se efectuaban con cheques. La Justicia recuperó 5978 de los 16.868 cheques usados para esos pagos librados entre 2005-2009 contra las cuentas de Invernes en el Banco Macro y el Banco Santa Cruz. Se identificaron 2003 cheques por pagos a 55 proveedores apócrifos, pero que se concentraron para ser cambiados en pocas financieras; la principal perteneciente al propio Clarens. El proveedor falso no cobraba el cheque, sino que lo endosaba hacia terceros, en la gran mayoría de los casos vendiéndolo en una financiera. Se trataba de cooperativas de crédito donde convirtieron 2000 cheques en plata cash. Así, Clarens -según el fiscal- emitía cheques para pagar gastos inexistentes que terminaban cambiados en la financiera de Clarens. Ese dinero a su vez -más de 200 millones de pesos- fue extraído por ventanilla de la cuenta de esa cooperativa en el Banco Macro, en efectivo. Fueron 1094 fajos de cien billetes de cien pesos que el cajero entregó en mano. En una ajustada votación, con 7 votos a favor y 5 en contra, el juez Juan Carlos Gemignani fue designado por sus pares nuevo presidente de la Cámara de Casación Penal, el tribunal penal más alto del país por debajo de la Corte Suprema de Justicia. La jueza Ángela Ledesma entendía que según el reglamento interno era ella la que debía ocupar ese cargo. Se debatió la interpretación y, finalmente, Gemignani se votó a sí mismo y obtuvo el apoyo de sus colegas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Eduardo Riggi, Liliana Catucci, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Mahiques fue designado vicepresidente primero y Petrone, segundo. Si bien hubo debate y disensos, los propios jueces hicieron un llamado a la "concordia" interna, como impronta para 2019.
