El juez Marcelo Martínez De Giorgi confirmó lo que este diario ya había adelantado: que la causa contra Máximo Kirchner y Nilda Garré por la supuesta existencia de una cuenta clandestina en el exterior no podía sostenerse y que el Poder Judicial ordenaría el sobreseimiento de los acusados. Luego de que Estados Unidos, Irán y Belice desmintieran que hubiera cuentas en Delaware a nombre de la ex ministra de Defensa y del hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, el juez sentenció que “los hechos investigados no se cometieron”. En 2015, el diario Clarín y la revista brasileña Veja sostuvieron que había una cuenta en Delaware a nombre de una sociedad radicada en Belice, “Business and Services IBC”, que pertenecía a Máximo Kirchner y a Nilda Garré, y que en ella había depositados 41 millones de dólares. A partir de esa nota, el abogado Juan Mussa presentó una denuncia contra Kirchner y Garré. Primero llegó la desmentida de Estados Unidos y hace apenas veinte días el magistrado recibió un oficio del titular del registro de sociedades de Belice señalando que esa empresa no existía, el golpe final para una noticia falsa que sacudió el tablero político durante la campaña electoral que encumbró a Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación. Alejandro Rúa, defensor de Nilda Garré, destacó que quedó demostrada “la falsedad de la información periodística” y subrayó que desde el primer momento de la investigación se sabía que la causa no tenía sustento, incluso antes de que llegaran las desmentidas de los bancos que supuestamente habían participado de la operación financiera. “Tardaron tres años pero agotaron los pedidos de información a los distintos lugares, Irán, Estados Unidos y Belice, donde Clarín decía que estaban las cuentas o las sociedades involucradas”, agregó Rúa, quien recordó que desde un primer momento él aportó documentos del banco Felton, de Estados Unidos, que demostraban que “no había ninguna cuenta a nombre de Garré ni existía ese número”. Ya durante la investigación, se convocó al periodista que publicó la nota en Clarín, Daniel Santoro, pero “en su declaración utilizó un exceso de verbos en potencial y dijo que confiaba en su fuente, a la que no quiso identificar”. “Sólo hay que leer la noticia original para comprobar que eran todos potenciales, todo lo que el oficio periodístico debe enseñar a no hacer estaba concretado en aquella nota”, subrayó el abogado defensor. La resolución con la que se sobreseyó a los denunciados señala que “se verificó que las cuentas bancarias, los montos y/o activos que fueron indicados en la denuncia resultaron inexistentes”. Además, el fallo niega que ambos diputados del Frente para la Victoria fueran los titulares de ninguna otra cuenta. “Tampoco se advirtió que exista algún tipo de valor, activo y/o bienes radicado y/o registrado en el exterior bajo la titularidad y/o a favor de las personas humanas y entidades y/o sociedades jurídicas acusadas”, aclaró Martínez De Giorgi. También fueron sobreseídos María Paula Abal Medina y Henry Olaf Aaset. Para el juez, “la sospecha inicial con relación a los acusados quedó desvanecida”. Puntualmente, Martínez De Giorgi destacó que “no existe prueba alguna sumada al proceso” que indique la comisión de un delito. Antes de su resolución, citó el artículo 334 del Código Procesal, aquel que subraya que “el sobreseimiento no solo procede frente a la certeza negativa acerca de la participación de los imputados en la comisión de un delito, sino también cuando se considerase agotada la investigación y la evaluación de los elementos de prueba”.
