El Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense dispuso la apertura del proceso de jury, y dio traslado para el pedido de apartamiento del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Luis Carzoglio. El magistrado mantiene una disputa de elevado tono político con el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, después de denegar la prisión preventiva de Pablo Moyano por la causa de asociación ilícita en el manejo del club Independiente. Las motivaciones del jury son anteriores a la tramitación del caso que involucra al hijo de Hugo Moyano (Camioneros), pero está connotada por su intervención en el expediente. Al punto que Carzoglio denunció “presiones” para el apresamiento del sindicalista e insinuó “carpetazos” y “tráfico” de información de la investigación por parte de la Procuración. La polémica se terminó de anudar con tientos marinos de tormenta cuando el juez ratificó sus dichos, pero además al incorporar una presunta injerencia del gobierno nacional. Dijo hace diez días que dos funcionarios de la Agencia Federal de Informaciones (AFI) visitaron su juzgado. Allí, según su relato aún sin testigos, le habrían sugerido el “interés” del presidente Mauricio Macri por la causa contra la familia Moyano. Conte Grand lo conminó a demostrar los hechos. En el oficialismo atribuyen intencionalidad política a las presunciones de este juez. Sobre ese basalto judicial surgió el jury. No obstante, el enjuiciamiento del Tribunal es por otras actuaciones de Carzoglio. La acusación es por mal desempeño en las funciones, entre otras causas por haber dictado una orden de allanamiento de 18 propiedades sin fecha, lo que derivó en la nulidad de los procedimientos y prisiones preventivas conexas, así como también de haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos. También por su intervención en un acto eleccionario del Colegio de Abogados e intervención como intermediario entre imputados con salidas laborales y empresas privadas. Recibir newsletter Precisamente, la acusación por estas denuncias las formuló Conte Grand. "Habría incurrido en conductas de extrema gravedad que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento de suministro de Administración de Justicia", fue la argumentación en su momento del funcionario. El jurado de Enjuiciamiento que evalúa, desde ahora, si corresponde continuar el proceso de juicio político está integrado por los diputados Jorge D'Onofrio, Pablo Garate, Sandra París y Guillermo Castello y el senador Marcelo Pacífico, y por los conjueces Juan Emilio Spinelli (Necochea), Jorge Martínez y Graciela Amione, ambos de La Plata, Jorge Álvarez (San Martín) y Pedro Arbini Trujillo (San Isidro). La votación fue 9 a 2. Los legisladores massistas Garate y D Onofrio señalaron la existencia de “persecución” política. Votaron en disidencia. Aunque navegan en mares distintos, el jury y la causa Moyano condensan una misma bruma. Carzoglio adquirió notoriedad cuando se negó a dictar prisión preventiva del gremialista, vicepresidente de Independiente. En esa oportunidad, la solicitud fue del fiscal que investiga presunta malversación de fondos en el club, Sebastián Scalera, anexado con supuestos negocios ilícitos de la barrabrava ("tráfico de influencias"). La denegatoria estuvo acompañada de gravosas acusaciones del magistrado, en la puerta del juzgado y casi a los gritos: “Con respecto a la información aparecida en La Nación y Clarín, un 50% es correcta y el resto mentiras. Es un carpetazo y no me van a correr con eso”, trataba de explicar en la rueda de prensa callejera. “Los datos en las notas únicamente pudieron haber provenido de la Procuración de la provincia de Buenos Aires. Esos datos los tiene la Procuración”, resultó la perdigonada contra Conte Grand. “A mí como juez no me van a apretar y perseguir con esas maniobras”, insistió el juez mientras sostenía que honrará el cargo “hasta los últimos de mis días”. Esa posibilidad de estabilidad queda en duda con la iniciación del proceso de jury. La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises “Coco” Giménez, se apresta para dar traslado al pedido de apartamiento de Carzoglio. El traslado es por cinco días. Agotado el plazo, el juez de Garantías deberá formular su descargo. Si resulta convincente se retira la sanción. En caso contrario, queda en curso por 90 días, prorrogable por otros 90. ¿Equivale a una suspensión? No. Se trata de una medida cautelar. Adquiere en su aplicación temporalidad (por 180 días). En cambio, la suspensión es sine die y además implica descuento de haberes. Las cautelares en el proceso es cuando existen causas de gravedad institucional. Aún cuando el apartamiento continuara por el lapso prescripto, Carzoglio sólo podría ser removido con la existencia de prevaricato en sus funciones. Nadie puede asegurar que sea antes de fin de año o después del receso judicial.
