La Cumbre del G20 que se realizará a fin de mes en la ciudad de Buenos Aires y a la que asistirán los principales líderes políticos del mundo contará con su "contracumbre", donde organizaciones de distinto origen e ideologías se manifestarán "contra la globalización". Las protestas comenzarán la próxima semana, con un foro donde la ex presidente Cristina Kirchner, los brasileños Dilma Rousseff y Fernando Haddad y el vice de Evo Morales -entre otros- se unirán a gremios combativos para marcar sus diferencias con respecto al "nuevo orden global". A partir de allí se sucederán distintas movilizaciones que tendrán su epicentro el miércoles 28 de noviembre con una "cumbre popular" en las puertas del Congreso como previa a diversos actos que fueron programados para el viernes 30 de noviembre (feriado nacional para todos los empleados públicos que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires), día en que Donald Trump y el resto de los líderes del G20 estarán sesionando en Buenos Aires. Uno de los sectores más activos se autodenomina ATTAC, cuya representación local tiene personería jurídica en la Argentina y sus integrantes se definen como miembros de un "movimiento internacional muy heterogéneo y contrario al liberalismo económico que promueve el control democrático de los mercados financieros, apelando a la reflexión política y la movilización social mediante el cobro de un impuesto a las transacciones de mercado". La versión criolla de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Internacionales Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos se hace llamar ATTAC Argentina. Aunque no registra actividad pública desde 2006 cuando dio de baja sus inscripciones impositivas, el ingreso de fondos a sus cuentas se reactivó en los últimos meses, según información analizada por funcionarios expertos en maniobras de lavado de dinero. Hay varios ejemplos que demuestran el flujo de dinero. Dos de esos antecedentes se dieron recientemente: a fines de 2017 la ATTAC recibió en una cuenta del Banco Credicoop casi 12 mil libras esterlinas (15.500 dólares según cotización actual) de parte de la ONG británica "Global Justice Now". Un par de meses después, en mayo de 2018, se acreditó en la misma entidad el equivalente a $20 mil provenientes de un estudio de abogados de Alemania. Estas y otras transferencias despertaron las sospechas de organismos reguladores, pese a que no fueron reportadas por el banco como debería haber sucedido luego de los períodos de larga inactividad de la ONG. Es por eso que la Inspección General de Justicia (IGJ) comenzó un procedimiento de oficio sobre la ATTAC para investigar la ruta de los fondos. El caso no es sencillo: el domicilio donde se encuentra registrada la organización no guarda relación alguna con la entidad. Y los registros societarios están repletos de irregularidades. En virtud de ello, las autoridades pusieron la lupa sobre la presidente de ATTAC, Beatriz Rajland, una docente de 82 años que de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP).
