Desde Esquel El ministerio de Seguridad de la Nación no reparó en gastos a la hora de llevar adelante un allanamiento en la Pu Lof en Resistencia Leleque, en el departamento de Cushamen: más de 300 efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Grupos Especiales, buzos, canes, drones y dos helicópteros. Hubo personal fuertemente armado dentro del territorio, en donde había solamente tres personas. Matías Santana, el principal testigo de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, estuvo maniatado con precintos durante todo el operativo, es decir doce horas. Según manifestó el juez Guido Otranto, el objetivo era buscar elementos de Santiago, aunque también se realizó un tercer rastrillaje sobre el río, que también dio negativo. Cerca de las 10 de la mañana, detuvieron a Elizabeth Loncopan por resistirse a dar su nombre frente a los uniformados. Otranto, que le había adelantado esta medida al diario La Nación, suspendió las audiencias que estaban programadas para ayer con la declaración testimonial de dos integrantes de la comunidad mapuche, dispuestos a aportar datos sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Matías Santana ya intuía que algo iba a pasar durante la noche. Eran las tres de la mañana y podía darse cuenta de que las fuerzas federales pasaban por la tranquera de la Pu Lof en Resistencia, sobre la RN 40. A las 5 am, la policía de la provincia junto a la policía federal ya había realizado un corte sobre Cholila y otro en la Comisaría de Leleque, frente al ingreso de la Estancia de Benetton, a 8 kilómetros de la comunidad. Nadie pudo circular por ahí desde esa hora. A las 7, ingresaron de manera violenta a la Pu Lof. “¡Al piso, al piso, al piso, Policía!”, escuchó Matías mientras en un acto reflejo, luego de ver las luces incandescentes de la camioneta que ingresó al territorio, corrió unos pasos. “¡Levantá las manos, al suelo, las manos adelante!”, le gritaron. Luego le colocaron los precintos por doce horas. Matías pidió ver la orden judicial. Un efectivo le dijo “ya van a venir a hablar con vos”. Pero nadie le dijo nada, ni siquiera el juez que pasaba por su lado, siempre con custodia de la Federal. El juez Otranto llegó con funcionarios del Ministerio de Seguridad, quienes filmaron todo el operativo. Quien estuvo como testigo privilegiado de toda la escena fue Gonzalo Cané, secretario de Coordinación con los Poderes Judiciales, quien se retiró del predio a las 18. “¿Por qué hay un funcionario del Ministerio de Seguridad filmando todo si ésta es una orden judicial?”, le preguntó Mabel Sánchez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a Otranto. “Ellos trajeron el equipamiento”, respondió el magistrado. Otranto parecía “servil” a las órdenes del Ministerio de Seguridad. El “equipamiento” que mencionó el juez fueron más de 300 efectivos, buzos, perros, la caballería, dos helicópteros, uno de Prefectura y otro de la Federal, drones, peritos forenses, etc. Querían encontrar, supuestamente, rastros de Santiago Maldonado, en los mismos lugares donde ya habían inspeccionado, sobre todo en el río. Ayer pudieron comprobar nuevamente que en el lugar donde ocurrió la represión, el agua es mansa, y la profundidad no supera el metro treinta, donde también hay muchas ramas de sauces entrecruzadas. “En un momento veo a alguien que parecía un funcionario y le pregunto si no podía hacer algo, ya llevaba muchas horas con las manos atadas, y me dice que no podía dar esa orden. ¿Pero usted no es del Ministerio?, le digo. Y se fue”, narró Matías. Su (no) interlocutor era Cané. Mientras todo esto sucedía, sobre el corte de ruta efectuado por la provincia de Chubut y la Federal, a la altura de la Comisaría de Leleque, se habían juntado algunos integrantes de la Pu Lof que no pudieron ingresar, entre ellos Soraya Maicoño, también testigo en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y otros militantes. El trabajo en la estancia de Benetton seguía con normalidad, ya que las Ford Ranger de la empresa no dejaban de entrar y salir. Incluso, cerca del mediodía salió del lugar un camión con peones que regresó unas horas más tarde. En la zona no hay señal de teléfono por eso la incertidumbre y la angustia de los integrantes de la Lof se hacía pesar sobre la ruta. Cuando la policía levantó el corte, una caravana de autos salió para la Pu Lof. Al llegar, todavía el grupo de fuerzas especiales custodiaba la tranquera. La escena era pura violencia. Adentro, solamente tres integrantes de la comunidad, y en la puerta, diez hombres pertrechados para la guerra. Cuando se retiraron, en medio de los insultos, los peñi y lamiens corrieron para abrazarse. Las distintas casas de la Pu Lof fueron revisadas y allanadas. “Vamos a revisar todo”, fue lo primero que le dijo Otranto a Mabel Sánchez. Del lugar solamente recogieron una mochila, que tenía un aspecto similar a la usada por Santiago aunque el juez reconoció en el mismo lugar que no le pertenecía, un celular y otras prendas. De la casa de la familia Huilinao se llevaron una especie de rifle o carabina, utilizada para cazar. “El juez Otranto nos dijo que todo había dado negativo”, sostuvo Sánchez una vez concluido el operativo, en medio de los abrazos con los otros miembros de la comunidad. “Seguimos con el protocolo famoso que se usa cuando se va a buscar a alguien, cuando se va a buscar un chico extraviado. En el fin de semana se le ocurrió que se ahogó y bueno, es el razonamiento por lo absurdo. Pero es un razonamiento lleno de autoritarismo que no busca ninguna respuesta. Todavía necesitamos una respuesta, ¿dónde está Santiago? El autoritarismo de Estado te lleva a un crimen político. Esto es un crimen político, tener durante 48 días a una persona desaparecida es criminal y cuando se trata del Estado, es una desaparición forzada”, sostuvo Julio Saquero, integrante de la APDH de Esquel, quien sufrió una leve descompensación cuando vio que los dos chicos que estaban en la casilla de seguridad habían sido maniatados cual reclusos en una prisión.
