Un día después de la reunión entre la CGT, el Gobierno y las cámaras empresarias para acordar un bono compensatorio por la inflación acumulada, primaron el hermetismo oficial y las declaraciones cruzadas. En privado, hubo una extensa reunión en el Ministerio de Producción entre las tres partes, aunque no participaron el ministro Dante Sica ni el secretario de Trabajo, Jorge Triaca. Curiosamente por el lado del Ejecutivo encabezó la discusión el jefe de Gabinete de Sica, Ignacio Pérez Riba, un legado de Francisco Cabrera en esa cartera, y Ernesto Leguizamón, mano derecha de Triaca. El titular de la CGT Héctor Daer, en tanto, envió a su principal espada en el gremio de Sanidad, Carlos West Ocampo. Daniel Funes de Rioja, de la UIA, asistió en representación de los empresarios. El consenso parcial que las partes habían mostrado el martes para que las empresas paguen un bono en dos cuotas de “hasta 5 mil pesos” se resintió. Desde el sector empresario y desde el Ejecutivo apuntan a la central obrera, presionada por el ala más dura del sindicalismo, que hoy representa Hugo Moyano. “Es una maniobra más del Gobierno para dilatar un paro que tiene que ser ya. La CGT volvió a fallarle a los trabajadores. Los que no acordamos con el Gobierno estaremos en la calle", sostuvo el líder camionero -en una guerra abierta con el Gobierno- en diálogo con radio cooperativa y antes de volver a llamar a convocar a la medida de fuerza. “Ellos pueden instar a pagar, pero no pueden obligar. En los salarios más bajos es una mejora real del 10 al 12 por ciento”, analizaron los empresarios sobre la propuesta oficial. Las empresas que cerraron paritarias por encima del 35% y hasta el 40% no quieren pagar sobre esa suma un adicional. La realidad no es la misma para todos, las automotrices ajustan con cláusula gatillo y los plásticos cerraron cerca del 38, 5%. Parte de ese grupo pretendería que la suma fija quedara a cuenta de los aumentos para 2019. Los empresarios, como los sindicalistas “dialoguistas” y los más duros, ven en la medida del bono una salida al paro. “Es una medida de fuerza de carácter político-partidario, la industria no está vendiendo, no le sirve parar”, explicaron. Para el Ejecutivo significa además una salida para no reabrir paritarias. El primero en patear el tablero fue el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que aseguró que la voluntad del Ejecutivo era que el monto adicional “con un tope” de $5mil fuera de carácter obligatorio para todos los privados. “La idea del bono es que sea compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio englobaría al sector privado”, sostuvo en declaraciones a Continental. Sica analiza la posibilidad de permitir una línea de crédito a las empresas que no puedan pagarlo, una posibilidad que conversó en persona con Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina. “Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si hay algún tipo de financiación de corto plazo para las empresas que no lo puedan pagar”, dijo Sica. Los empresarios fueron, por lejos, los más locuaces de la jornada. Funes de Rioja advirtió que seis de cada 10 empresas no podrán hacer frente al pago del bono y anticipó que podrían buscar pagos en más de dos cuotas, en detrimento de lo que había advertido Daer el martes, cuando dijo que se había acordado un bono con un piso de $5 mil y a pagar entre noviembre y enero. En otros ministerios apuntaron que los cortocircuitos de la comunicación oficial se deben a ruidos entre el ministro Sica y Triaca. Desde la CAME, que delegó la negociación en la UIA -que tiene más de 500 convenios de colectivo en su haber-, volvieron a manifestar su preocupación. “Los primeros interesados en instrumentar herramientas que fomenten al consumo somos nosotros, pero no todos los sectores pueden afrontar un bono de $5 mil. Para los pequeños y medianos comercios es inalcanzable”, explicaron en un comunicado. En el Gobierno, de todos modos, todavía confían en llegar a un acuerdo en los próximos días y ya trabajan en el borrador del decreto.
