La detención y pedido de deportación de cuatro extranjeros que estaban en los disturbios del Congreso cristalizó la política migratoria que viene llevando adelante el Gobierno y que contempla el ambicioso plan de Mauricio Macri para monitorear de cerca los flujos migratorios en la Argentina y ejercer mayores mecanismos de control para los inmigrantes ilegales. El programa migratorio del Gobierno prevé, entre otras cosas, la creación de un fuero migratorio, ratificar en la Corte del decreto de expulsión automática de inmigrantes ilegales que cometen delitos, la instauración de una policía migratoria, una App en celulares de policías para detección de extranjeros sin radicación, un esquema más rígido de controles en las fronteras y un sistema de visados electrónicos que termine con la mafia de ventas de visas falsas con tráfico de personas ilegales. Diez horas después de la detención de los inmigrantes en la manifestación contra el presupuesto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que la política migratoria impulsada por el Gobierno busca "evitar que ingresen delincuentes a la Argentina". La frase engloba el ambicioso programa de la Dirección de Migraciones que está bajo la órbita de Frigerio y que ya se puso en marcha en gran medida aunque restan varios puntos por instrumentar. Este plan empezó a apuntalarse con el decreto 70/2017, impulsado por el Poder Ejecutivo para acelerar la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos. La expulsión de extranjeros acusados de delitos creció exponencialmente en los últimos tres años. Durante el último año de Cristina Kirchner en el poder, en el 2015, sólo se expulsó a dos extranjeros por delitos. Y según cifras oficiales, en los últimos tres años la Argentina deportó a 1.200 extranjeros que tenían condenas o fueron detenidos por cometer delitos. No solo ello: El Gobierno estima que hay 1.000 inmigrantes más que tienen causas judiciales, están condenados y en condiciones de ser expulsados hoy si los juzgados aceleran los trámites. Como contrapartida, en el Gobierno destacan que la cantidad de radicaciones de extranjeros creció sustancialmente en la Argentina. Así, unos 580.000 extranjeros regularizaron su situación en los últimos tres años. Y las cifras oficiales del primer semestre de este año muestran que esa ola de radicaciones de inmigrantes no se detiene: ya hay 101.604 inmigrantes radicados o con papeles en trámite en lo que va de este año. Los venezolanos pasaron a encabezar esa lista (con 25.445) seguidos de los paraguayos (24.429) y los bolivianos (19.827). Según revelaron a Infobae fuentes de la Dirección de Migraciones a cargo de Horacio García, el Gobierno prevé un amplio programa de política migratoria para acorralar a los extranjeros que cometen delitos o que quieren ingresar de manera ilegal al país. El plan del Gobierno para los inmigrantes ilegales prevé: 1- Decreto en la Corte. En la Casa Rosada confían que ante los hechos que se vieron esta semana con extranjeros detenidos en supuestos hechos de violencia en los alrededores del Congreso la Corte Suprema ratifique el decreto 70/2017 que prevé la figura de "extrañamiento", aplicada por jueces del fuero de ejecución penal para inmigrantes con condena firme impuesta en el país y que cumplieron la mitad de su pena en suelo argentino. El máximo tribunal estudia un caso presentado por el CELS para defender a un extranjero que cometió un delito y está a punto de ser expulsado. La definición de la Corte allanaría el camino al Gobierno para que el Congreso avale este decreto que generó mucha polémica. 2-Un fuero migratorio. En la Dirección de Migraciones existe el borrador de un proyecto de ley para crear la figura de un fuero migratorio dedicado exclusivamente a atender los casos de inmigrantes que cometen delitos y esten en condiciones de ser expulsados del país. "Con cuatro jueces en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia y un par más en el interior del país que se dediquen exclusivamente al fuero migratorio agilizaríamos mucho más las expulsiones y se corregiría el sistema", dijo a Infobae un funcionario del Ministerio del Interior. La idea sería acompañada a su vez por una Cámara Nacional Migratoria que evalúe los casos de esos fueros en una segunda instancia. 3-La policía migratoria. En paralelo al fuero migratorio, el Gobierno evalúa crear una policía migratoria como existe en Estados Unidos y en muchos países europeos para atender y perseguir a los casos específicos de inmigrantes ilegales o las mafias de contrabandistas de visas y extranjeros ilegales. Esta Policía buscaría perseguir las mafias de inmigrantes ilegales e investigar casos de tráficos de personas. 4- Una App especial para la Policía. La Dirección de Migraciones ya empezó a extender entre las fuerzas federales y las Policías provinciales una aplicación en los teléfonos de los agentes para que ante los datos de una persona se detecte: la "situación migratoria", es decir su el inmigrante cuenta con radicación en la Argentina o no; los "últimos tránsitos" que permiten saber por cuál paso fronterizo ingresó al país un inmigrante y la "aptitud migratoria", esto es, si hay un requerimiento de Interpol o de las fuerzas de seguridad del inmigrante. También se detalla allí la lista de antecedentes penales. 5- Controles en las fronteras. El Gobierno instalará en los próximos meses nuevos sistema de detección biométrica en 15 pasos fronterizos para cruzar los datos de los extranjeros que ingresen con las bases de Interpol, AFIP, la Agencia Federal de Inteligencia, el Renaper y Migraciones. La idea de esta plataforma informática es detectar por identificación biométrica a los extranjeros y evitar el ingreso de personas que tienen antecedentes penales. Esto se potenció también por la inminente cumbre de presidentes del G20, donde el Gobierno está en alerta por el eventual ingreso de grupos terroristas. La intención de la Casa Rosada es que los países de la región también aporten datos a este sistema. 6- Visa electrónica. En la Dirección de Migraciones avanza la instrumentación de un sistema de "autorización de viaje electrónico" (AVE). Este sistema de visado electrónico que la Argentina ya ratificó con 73 países permitirá realizar on line el pago de la visa, escanear ese documento y agilizar por internet el trámite de visados. La aplicación de este moderno sistema permitirá evitar que haya casos de visas fraguadas como los que se denunciaron recientemente en el consulado argentino en Antofagasta, Chile, donde se investiga la entrega de 300 visas a ciudadanos chinos. También deja en una situación de incomodidad a los consulados que hasta ahora tenían la postestad exclusiva para entregar visas. La mafia de las visas truchas El caso de las visas truchas no es nuevo. Desde hace muchos años que hay una mafia de venta ilegal de visados que tienen el amparo de los consulados. Pero el Gobierno está decidido ahora a ir a fondo con este delito. El caso de Antofagasta generó una fuerte polémica puertas adentro de la Cancillería y no es el único caso. Según informó Infobae, la Cancillería inició una "auditoría consular" para determinar la cantidad de visas truchas que se entregaron en los últimos años a ciudadanos chinos. Ya hay un sumario en marcha a Sol Durini, la cónsul argentina en Antofagasta, Chile, y a un administrativo de esas oficinas, quienes habrían entregado unas 300 visas a ciudadanos chinos, entre junio de 2017 y julio de 2018. Se intervino ese consulado y se exigió a la funcionaria a regresar a Buenos Aires. También se está investigando a pedido de la Dirección General de Asuntos Consulares a la embajada Argentina en Arabia donde el reporte interno de la Cancillería sostuvo que "se vio que había algunas visas que no tenían el encuadre migratorio adecuado, y se tendía a aplicar procedimientos previstos por la normativa para situaciones excepcionales, en vez de los de rutina". La temática de las visas otorgadas por el consulado de Antofagasta a chinos que provienen de la provincia de Fujian fue abordado ayer en la embajada de China por el director de Migraciones Horacio García y un alto funcionario de la Policía Nacional de China. Según pudo saber Infobae, en esa reunión también se evaluó la posibilidad de que Beijing acceda a compartir su base de datos de información de antecedentes. Por otra parte, en el secretario de Coordinación de Política Exterior Ernesto Gaspari adelantó a las jerarquías de la Cancillería que la investigación de visas irregulares abarcará toda la "cadena de responsabilidades" internas del Palacio San Martín. Esto incluiría también al director de Asuntos Consulares Luis Sobron quien ya adelantó a Infobae que "los casos de consulados con supuestas irregularidades ya fueron detectados" y deslindó responsabilidades de su área en estas investigaciones. En la Cancillería coinciden en sostener que hace falta mayores controles internos al momento de dar visados y también que se deberá extremar la rigidez de la ley de migraciones. Desde Macri para abajo, la intención del Gobierno en pleno ahora es ejercer mayores controles migratorios para eliminar de una vez el tráfico de ilegales y expulsar a los extranjeros que cometan delitos en la Argentina. Esta política genera detractores y la oposición ya levantó críticas. El caso de los cuatro extranjeros que fueron detenidos en la protesta frente al Congreso y se evalúa su expulsión puso una vez más en la mira la política migratoria del Gobierno de cara al futuro inmediato.
