Después de que un fallo de la Cámara Federal porteña dejó al borde de la prisión a la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, el fiscal Carlos Stornelli pidió la detención de Carolina Pochetti y el congelamiento de cuentas bancarias y bienes en el exterior por 70 millones de dólares. El pedido fue presentado ante el juez Luis Rodríguez. El jueves, la Sala II integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun había hecho lugar a una queja del fiscal Stornelli y anulado así una decisión del juez Rodríguez, que había rechazado un pedido de congelamiento de cuentas bancarias en los Estados Unidos, de llamado a indagatoria de los imputados y sus detenciones. Todo esto fue reiterado este viernes por el fiscal de la causa, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín. Así, Stornelli reiteró el llamado a indagatoria y detención de Carolina Pochetti (viuda de quien en vida fuera Héctor D. Muñoz), Sergio E. Todisco, Elizabeth E. Municoy, Carlos A. Gellert, Perla A. Puente Resendez y Carlos Temístocles Cortez (todos con vínculos personales, familiares o de otro tenor con los dos primeros). En el escrito presentado ante el magistrado, reiteró que hay elementos de la causa -que se obtuvieron a través de informes oficiales de otros países como los Estados Unidos, de organismos locales argentinos, de datos entrecruzados por la UIF y de otros procesos penales-, que permiten "sospechar que los imputados habían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática y organizada". Estos delitos se encuentran vinculados a la causa donde Cristina Kirchner fue procesada como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, conocida como los cuadernos de las coimas. Según el fiscal Stornelli la finalidad de la estructura organizada y en la que habría participado Pochetti, era "convertirlos (los fondos) e integrarlos al sistema formal con apariencia de licitud". La documentación obtenida por parte de la Fiscalía, y remitida por el Departamento de Justicia de los EE.UU. mostraba que se habían aplicado esos fondos en la adquisición de dieciséis bienes inmuebles en Nueva York y Miami. A partir de 2013 pero principalmente entre 2015 y 2017, los bienes -según detalló Stornelli- "fueron vendidos obteniéndose una suma cercana a los US$ 73.406.300. Una parte fue reintroducida en el sistema bancario y luego transferida a entidades financieras de otros estados de ese país, así como a México (capital) y China (Hong Kong)". También se presumen envíos de dinero a Andorra, concretamente a cuentas a nombre de diferentes empresas y personas. Daniel Muñoz, según las confesiones de varios arrepentidos en la causa que investiga el sistema de recaudación de coimas que funcionó desde el extinto Ministerio de Planificación, fue uno de los principales receptores del dinero y era quien lo trasladaba no sólo a la residencia de los Kirchner en Capital Federal sino también al Sur. En su fallo del jueves, la Cámara afirmó que ante el pedido de medidas cautelares patrimoniales "resulta infundado no sostener lo propio aquí, cuando se está aludiendo al destino de los fondos en el exterior, donde en estos momentos estarían depositados y, en algunos supuestos, siendo movilizados". Así, los camaristas entendieron que los datos –provenientes justamente del país en que están radicadas las cuentas- "dan la pauta sobre un peligro en la demora elevado y la negativa a proceder como se requiere pone seriamente en riesgo objetivos propios de la instrucción, porque el paso del tiempo no es inocuo en estos casos". Para Bruglia e Irúrzun, persisten razones para "sospechar que la procedencia de estas millonarias sumas de dinero podría rastrearse en la actividad que, según versiones directas, llevara adelante Muñoz" en el marco de la estructura de cobro de sobornos que investiga el juez Claudio Bonadio, y donde dio por probada la existencia de una "asociación ilícita conformada en el seno del poder político y empresarial, tendiente a percibir dinero ilegítimamente a través de sistemas de recaudación en que el nombrado pudo haber tenido un rol importante".
