Pablo Moyano, vicepresidente del Club Atlético Independiente y secretario adjunto de Camioneros, podría ser detenido martes o míercoles de la semana que viene, cuando el juez de Avellaneda Luis Carzoglio resuelva el pedido que le hizo este viernes el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera. El fiscal considera a Pablo Moyano sospechoso de integrar una asociación ilícita junto a la primera línea de la barra del club de Avellaneda, que se dedicaba a defraudar a Independiente a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos. A partir de los testimonios de varios detenidos, entre ellos Pablo "Bebote" Alvarez, jefe de la barra, detenido desde noviembre de 2017 y de escuchas telefónicas sobre los implicados, Scalera avanzó en la acusación sobre Moyano respecto de su participación en la organización. Para el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, a cargo de la investigación después de que fue corrida del cargo Viviana Giorgi, "Bebote" Alvarez, Pablo Moyano y parte de la barra se dedicaron entre 2014 y 2017 a defraudar al club de Avellaneda mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y "protocolos" de acceso a los partidos del equipo, "por fuera del ámbito societario" y "sin ingresar al patrimonio del Club los ingresos correspondientes" a esas entradas. Según declaró en su indagatoria "Bebote" Alvarez la organización levantaba en un pendrive datos de socios falsos y entradas de protocolo en una oficina del edificio Franco Argentino, en el segundo piso de la calle Hipólito Yrigoyen 460, en Capital, y que las retiraba Damián Lagaronne, otro de los detenidos, ya que Alvarez estaba peleado con Pablo Moyano. De acuerdo con el relato, de ahí iban a la sede del club, ubicada en la avenida Mitre 470, de Avellaneda Centro, donde con ese pendrive imprimían bonos, protocolos y constancias de pago de cuotas sociales, que luego ensobraban. "Damián pasaba a buscar los protocolos de las plateas que les daba Moyano, que eran 100, los bonos para entrar a la Tribuna norte Baja, por una cantidad de 1.200 y los bonos que no estaban tributados", fue la versión de Alvarez y agregó que les entregaban ya los bonos ensobrados por barrios y que Lagaronne los repartía. También se los acusa de extorsionar, amenazar, coaccionar e intimidar mediante el uso de violencia física y verbal con armas de fuego a las autoridades de organizaciones privadas y estatales de seguridad en eventos deportivos, cuerpo técnico, dirigentes y jugadores "con el objeto de mantenerse al mando de la facción de la hinchada y con ello obtener beneficios económicos" a través de la recaudación de dinero para viajes y entradas para la reventa. Y lo mismo habrían hecho, según la acusación, con los espacios públicos de los alrededores del estadio Libertadores de América, "con el objeto de obtener réditos económicos con el manejo de parrillas y otros puestos callejeros" y el cobro de dinero para estacionar en la zona de la cancha. Además, la Justicia sindica a esta organización ilegal como responsable de actuar como fuerza de choque para intimidar y amenazar a personas marcadas a fines de un rédito económico o en beneficio de terceros. Según cree el fiscal Scalera, la barra (que de acuerdo a su investigación integra de alguna manera Pablo Moyano) usó su poder para generar y obtener concesiones en los accesos a los partidos y a las instalaciones del club, algo que los socios del club saben que sucede en desde al menos principios de los años 2000, mucho antes de la asunción al "poder rojo" de los Moyano. También usó su influencia para evitar los controles supuestamente rigurosos de acceso al estadio, con el fin de ingresar objetos o sustancias prohibidas. En este contexto, para los investigadores, Pablo Moyano se benefició de la defraudación a Independiente mediante la obtención, impresión oculta y reventa de entradas y "protocolos" por afuera del estatuto social del club. Scalera cree que el rol del líder de Camioneros en la organización era el de "jefe". Habrá que esperar a ver qué decide el juez Carzoglio el martes. O si se trata de un "miembro" que, en este sentido, acataba órdenes de "Bebote" Alvarez, conocido en la jerga interna de la barra también como "Carbón", quien estaría al frente de la asociación ilícita. Moyano quedó implicado en la "causa Independiente" luego de la detención del barra Alvarez, quien expuso públicamente la supuesta relación que tenía con el dirigente. Esto además, provocó la apertura de un expediente por lavado de dinero, a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, donde los Moyano también están imputados. Según denunció en la Justicia Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia Provincial de Prevención del Deporte (APREVIDE), la conexión de "Bebote" con la comisión directiva de Independiente era a través de Nakis. Pero según cree Scalera en su investigación, esta información sería un indicio del "activo involucramiento" de parte de la dirigencia del club en las actividades de la barra. Hasta ahora los detenidos por esta causa son Noray Nakis y Alvarez. También están en prisión los barras Gabriel Adrián "Tano de Gerli" Bertone, Adrián García, César Godoy, también conocido como "Pucho" o "Ninja", Ariel "Cebolla" Romero, Eduardo "Pachi" D'Aquila, Damián Lagaronne y Roberto "Polaco" Petrov. En las escuchas que constan en el expediente, Petrov aparece como nexo entre las demandas de Alvarez y Pablo Moyano, a quien entre ellos llaman "El Salvaje". En estas queda claro que el "Polaco", por ser integrante de la barra y a la vez una persona cercana al líder sindical, e incluso empleada en Camioneros, actuaba para que "Bebote" consiga dinero del club. Pero no quedaría del todo claro el rol de Moyano. En una de las escuchas, cuando Alvarez y varios de los otros barras ya estaban detenidos, Petrov, pendiente de que pudiera estar siendo escuchado, dijo: "Nos meten en este quilombo porque organizamos un viaje o por lo que fuere". Según información a la que tuvo acceso Infobae, el trabajo de Scalera podría ser cuestionado formalmente. Algunas escuchas telefónicas que estarían siendo consideradas por la defensa de Moyano y por los peritos que trabajan en la causa como prueba ocultada y que no fue notificada. Esas llamadas -whatsapps entre Petrov y Moyano- serían, precisamente, el recurso más fuerte de Scalera para sostener el pedido de detención.
