En medio de las dificultades económicas y riesgo de mayor conflictividad para los próximos meses, en el Gobierno se abrió una discusión sobre la política social y el rol de las organizaciones que negocian y articulan con la Casa Rosada. Con un escenario de recesión, inflación y pobreza en aumento hubo -y habrá más- refuerzos en la asistencia aunque también reparos sobre si ese esquema en parte promueve las protestas en las calles y sobre las herramientas y exigencias para que los beneficiarios consigan empleo. Mauricio Macri se puso al frente del anuncio de los datos de pobreza (el INDEC registró un crecimiento del 25, 7% al 27, 3% en la población urbana, más de 11 millones de personas al primer semestre de este año) sin complementarlo con un refuerzo de la asistencia. El Presidente se limitó a repasar las medidas ya conocidas, como los bonos de septiembre y diciembre para la asignación por hijo y la suba en los programas Hacemos Futuro, que llegarán a $6.000 a fin de año. Mantener la ayuda social no aparece en discusión, más bien en qué momento aumentarla con la “salvaguarda” del FMI y cómo distribuirla, con el foco en la intermediación. Con la mirada en el crecimiento de la protesta social, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- marca en reuniones internas que las organizaciones -el llamado triunvirato de San Cayetano: CTEP, Barrios de Pie y CCC, y otras- intensificaron su presencia en las calles y vincula el financiamiento de esas acciones con la asistencia del Gobierno. Carolina Stanley -Salud y Desarrollo Social- defiende las reformas implementadas, con mayores controles y el declamado objetivo de promover el trabajo formal, más allá del contexto recesivo. Carolina Stanley en el encuentro nacional de Cambiemos en Parque Norte. “Las organizaciones juntan plata y poder político y están cada vez más en la calle. Tenemos que ir hacia un esquema de menos intermediación, más autonomía de las personas, más responsabilidad y más centrado en el empleo”, fue uno de los cuestionamientos al sistema actual. De acuerdo con el otro sector, el paso de Argentina Trabaja y Ellas Hacen a Hacemos Futuro implicó avances y la bancarización generó una llegada más directa a los beneficiarios: “El 100% de las personas se reempadronaron, fueron a una oficina de la ANSeS, actualizaron sus datos, cada uno tiene su tarjeta. Es un error asociar el plan a las manifestaciones, las estructuras políticas no se financian de ahí”. Stanley y Bullrich encarnan por sus funciones -Desarrollo Social enfocado en la contención, Seguridad con la mirada en las protestas en las calles y la proximidad del G20- las dos posiciones que conviven en el Gabinete. “Es una discusión que no está zanjada en la sociedad, es otra grieta aunque muy delicada porque hay mucha gente que la está pasando mal”, dijo a Clarín un alto funcionario. Las dos ministras se reunirán la próxima semana para intentar acercar posiciones. Patricia Bullrich, en el encuentro partidario de Cambiemos. Entre Hacemos Futuro y otros programas de Desarrollo Social y Trabajo suman unos 400.000. Desde Macri hacia abajo los integrantes del Gobierno insistieron en el alto porcentaje que tendrá la asistencia en el Presupuesto y que no se tocará, frente a la etapa de crisis. “El gasto social representa el 77% del gasto primario, mientras que en 2015 era de 65%”, comparó Marcos Peña esta semana en el Congreso. Esa cuenta abarca jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, programas de salud, de hábitat y de ciencia, entre otros rubros. Los planes no llegan al 1% del Presupuesto. “Tiene que haber una política social que les permita ser más independientes y con más responsabilidad, que saque de la situación estática sobre todo a los más jóvenes. Centrada en el empleo más que en la asistencia”, fue otro eje de las críticas al diagrama vigente. En Seguridad hablaron del “modelo europeo” para remitir a un esquema de opciones de trabajo que a determinada cantidad se torna obligatorio aceptar o se termina la asistencia. En Desarrollo Social aseguraron que más de 10 mil personas dejaron de recibir planes porque consiguieron un empleo formal y unas 130 mil están cursando el secundario. La crisis cambiaria que potenció la inflación y la recesión sin una perspectiva clara de recuperación a la vista conforman un contexto dramático a la discusión. “Está difícil”, reconocen en La Plata sobre la situación en el territorio bonaerense, en especial en el conurbano. María Eugenia Vidal y Santiago López Medrano -ministro de Desarrollo Social- coordinan con Stanley y la provincia suma el programa Más Vida, para unas 300.000 familias ($550 para la madre y $535 para los hijos menores de seis años) y el refuerzo de los repartos de leche en polvo y partidas alimentarias. Allí consideraron “sobredimensionado” el peso de las organizaciones desde la bancarización y la implementación del Estado en tu barrio para debilitar a los punteros: contaron más de tres millones de trámites en la provincia. “Lo que sí tienen son redes de comedores y merenderos que reciben ayuda alimentaria, pero hacen un laburo social real y va más allá de las conocidas, hay organizaciones barriales, municipios, Caritas”, dijo un funcionario al tanto de la asistencia en el principal distrito del país. En Nación apuntaron que en los comedores hay controles sobre el destino de los alimentos. Los referentes de los movimientos sociales advirtieron sobre el exponencial crecimiento de la demanda de comida en los últimos meses. En el Gobierno reconocieron la contención de esos grupos, la Iglesia y otros actores en el contexto actual. En paralelo, la Casa Rosada nunca saldó las controversias internas sobre las protestas en las calles. Macri en su momento respaldó a Bullrich –incluso hubo cruces con Horacio Rodríguez Larreta- con su posición más firme. Acaso la discusión incida en el rumbo de los próximos anuncios. Ni Macri ni Stanley dieron precisiones sobre el uso de la “salvaguarda” acordada con el FMI, de $13.500 millones este año y 0, 2 del PBI para 2019 para “la protección de los más vulnerables”, aun cuando los meses “duros” por delante -en palabras del Presidente- volvieron a encender las alarmas de una creciente conflictividad social hacia fin de año. En la Casa Rosada buscan dejar esa carta para más adelante, en una situación aún más complicada y más próxima a la campaña electoral.
