Carlos Stornelli , el fiscal de la causa argentina más grande de corrupción (la de los cuadernos ), fue también el fiscal que mandó a la cárcel a Carlos Menem y que investigó el contrabando de armas a Ecuador y Croacia , hace 23 años. Elisa Carrió contribuyó de manera destacada a la investigación del contrabando de armas, a tal punto que entregó a la Justicia las cuentas bancarias en las que se habían hecho las transferencias de los supuestos sobornos. Si no se conocen esos antecedentes es imposible entender por qué las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano , terminaron por colocar a la coalición gobernante en la situación de mayor tensión desde que existe. Garavano dijo que no es bueno que un expresidente sea sometido a prisión preventiva. Carrió pidió su renuncia, anunció que le pedirá un juicio político y señaló que el fin de la impunidad y de la corrupción son columnas inamovibles para ella como principal aliada de Mauricio Macri . La primera conclusión que debe subrayarse es que Carrió tiene razón. Garavano es un ministro y por lo tanto ocupa un cargo político. Le está negado hablar, como funcionario del Poder Ejecutivo, de funciones que corresponden exclusivamente a otros poderes del Estado, el Judicial y el Legislativo. Es poco creíble, por lo demás, que se haya referido solo en abstracto a los casos de los expresidentes encartados. Había dos expresidentes argentinos (no extranjeros), Menem y Cristina Kirchner , con un pie dentro de la celda. No podía ignorar justo él, porque nadie lo ignoraba en ningún ámbito de la Justicia, que un día después de sus explosivas declaraciones Menem quedaría absuelto en la causa del contrabando de armas por una inverosímil resolución de la Cámara de Casación Penal. La Justicia demoró hasta lo insoportable una resolución por esa causa y terminó liberando a todos porque el "tiempo razonable" ya había pasado. ¿El tiempo razonables es, acaso, el tiempo que consumió la Justicia llevando hasta la eternidad las tretas y los plazos procesales? La Justicia ha hecho una sátira de sí misma. Garavano se metió solo en ese lodazal hablando por radio con un periodista hiperkirchenerista. Es probable que los senadores peronistas tomen el caso Menem como un precedente para negarle a la Justicia el desafuero de Cristina Kirchner, a quien el juez Claudio Bonadio le ordenó la prisión preventiva. Bonadio no reclamó todavía el desafuero de Cristina al Senado porque espera que su resolución sea ratificada por la Cámara Federal. Quiere que sean dos las instancias judiciales que condenen a prisión a la expresidenta para accionar el mecanismo del desafuero. Sin embargo, los casos de Menem y de Cristina no son comparables. Ninguna instancia judicial pidió nunca el desafuero de Menem, porque sus causas andaban siempre en trámites de sucesivas apelaciones y ningún juez, salvo Jorge Urso en 2000, ordenó su prisión preventiva. Menem la cumplió porque entonces no tenía fueros. Pero los senadores peronistas podrán decir que una prisión preventiva es una condena prematura porque el acusado puede ser absuelto, como lo fue Menem. ¿Sectores del Gobierno quieren asegurarse de que Cristina esté en libertad para competir en las elecciones del próximo año, como asegura Carrió? Es probable (¿por qué tanto escándalo, si no?), pero es también una confusión moral y una operación inoportuna. El Gobierno está saliendo apenas de la peor crisis cambiaria que le tocó vivir y lo esperan varios meses de crisis económica. No es momento para perder capital moral. Carrió venía, además, de una virtual proscripción del peronismo para desempeñar el cargo de presidenta de la estratégica comisión bicameral de control de los fiscales. Pueden decirse dos cosas sobre esa discriminatoria decisión. Una: fue todo el peronismo (el kirchnerista, el no kirchnerista y el massista) el que bloqueó su asunción al cargo, lo que pone en dudas la existencia de un peronismo racional. ¿O estamos ante un peronismo al que lo persigue, implacable, la "tara autoritaria" de la que habla el senador Miguel Pichetto? La otra: Cambiemos la descuidó a Carrió cuando dejó crecer su candidatura y su elección como presidenta de la comisión, sin averiguar antes si habría un desplante del peronismo. Las declaraciones de Garavano, la absolución de Menem, el precedente para Cristina y su propia proscripción conformaron para Carrió un mismo conjunto en el que la política se olvidó de sus compromisos morales. Justo en esos días empezaban a desfilar por los tribunales dos de los más grandes empresarios argentinos: Paolo Rocca, CEO de la multinacional ítalo-argentina Techint, y Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía, la empresa integrada de energía más importante del país, que irá el miércoles a Tribunales. El caso de ellos no es el mismo que el de los empresarios que integraron el "club de la obra pública" y que declararon como arrepentidos. De hecho, Techint no tuvo ninguna obra pública durante los años kirchnristas porque se negó a formar parte del sistema de sobornos que creó Néstor Kirchner. Techint tiene la constructora más grande del país. El nombre de la empresa y el de Rocca no figuran en los testimonios del exsecretario de Obras Públicas José López ni en el del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, que fueron los principales organizadores del mecanismo de corrupción entre empresarios y funcionarios. Techint fue expulsada en 2004 del consejo directivo de la Cámara de la Construcción (antes había tenido la presidencia) por su negativa a aceptar ese sistema corrupto. La distancia entre los kirchneristas y Techint escaló hasta que en 2012 el gobierno de Cristina Kirchner lo nombró a Axel Kicillof como miembro del directorio de la compañía en nombre de las acciones de la Anses. "Habría que fundir al señor Rocca", declaró Kicillof antes de sentarse en el directorio. Las palabras públicas de Kicillof explican esa relación. Otra cosa es lo que ocurrió con el gobierno de Cristina Kirchner, en 2008, por la expropiación en Venezuela de la siderúrgica Sidor, propiedad de Techint. Hugo Chávez mantuvo durante varias semanas como rehenes a varios argentinos que trabajaban en la planta expropiada. El director corporativo de la empresa, Luis Betnaza, decidió pagar un soborno a funcionarios argentinos para que lo ayudaran a sacar a esos argentinos de Venezuela. Betnaza se hizo personalmente responsable de la decisión ante la Justicia. Rocca, CEO de una empresa con oficina y empresas en 45 países, le aseguró a Bonadio que no estuvo al tanto de esa decisión. Betnaza es director de un departamento con 20 empleados. Ni el nombre de Mindlin ni Pampa Energía figuran en los cuadernos de Oscar Centeno. Lo que aparece es una visita de su jefe, Roberto Baratta, a un edificio de la calle Bouchard. Centeno dice que iba a un piso que correspondía a Pampa Energía, pero en ese mismo edificio estaba Aerolíneas Argentinas en tiempos de La Cámpora. Ejecutivos de la empresa señalaron que la relación de Mindlin con Baratta era "pésima", y "mala" con De Vido. Centeno se equivocó varias veces con direcciones y nombres. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Falta saber si el fiscal o el juez tienen en su poder otras revelaciones. En ese contexto, la extrema tensión en Cambiemos es inexplicable. La coalición gobernante es el resultado de una creación intelectual de Carrió que corrió paralela a la voluntad de Macri de no aliarse con el peronismo en 2015. Ambos se buscaron. Carrió le abrió las puertas del radicalismo a Macri y lo acompañó al actual presidente en la decisión de no aceptar aliarse con Sergio Massa, cuando el círculo rojo lo presionaba para que enhebrara un acuerdo electoral con el exalcalde de Tigre. "Lilita tiene razón", dicen que zanjó el Presidente en las últimas horas. Si Cambiemos dejara avanzar el conflicto interno, le permitiría a Cristina la posibilidad de abatir sin guerras ni batallas a la coalición que ya la derrotó dos veces. Un triunfo político que Cristina lograría sin haber hecho nada.
