La denuncia por las presuntas cajas fuertes que Julio De Vido habría retirado previo a un allanamiento en junio de 2016 complica al ex ministro de Planificación en la causa por enriquecimiento ilícito, que investiga el juez Luis Rodríguez. La fiscal Alejandra Mangano pidió que esta nueva acusación se unifique con dicho expediente, que investiga el período desde 2003 a 2015. En este contexto, el juzgado ordenó una serie de allanamientos sobre los domicilios de los hijos del ex ministro como también de su propio domicilio. Son siete inmuebles y 16 lotes los allanados por el juez Rodríguez. El expediente por enriquecimiento ilícito incluye a gran parte de la familia De Vido. La fiscal Mangano hace pocos meses amplió el período de imputación hasta diciembre de 2015 (antes era de 2003 a 2007), y se comenzó la investigación patrimonial respecto de sus hijos. En el marco de la investigación patrimonial ordenada respecto de Julio Miguel De Vido, Alessandra Minnicelli y su núcleo familiar íntimo, y tras los testimonios sumados de la investigación de la denominada “Causa de los Cuadernos” acerca del movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo en los domicilios de los imputados, la Fiscalía a cargo de Alejandra Mangano solicitó al juzgado el allanamiento de diversos inmuebles que fueron individualizados en el marco de dicho proceso, los que se vinculan con los siete imputados de la causa por enriquecimiento. Este martes se procedió al registro de los domicilios que actualmente estarían vinculados a los investigados, "exceptuando aquellos que están alquilados a terceros o deshabitados", indicaron fuentes judiciales. El objetivo de los procedimientos es obtener "evidencias, objetos, bienes, dinero, documentación (información concerniente a cuentas bancarias, escrituras, actas de constitución de sociedades, declaraciones juradas, extractos bancarios, recibos, contratos de locación, etc. ) que sirva para avanzar en el descubrimiento de todos los bienes que pudieren formar parte de ese incremento patrimonial injustificado atribuido al funcionario", explicaron a Clarín fuentes de la causa. Entre los inmuebles verificados, se se detectó un predio de 16 lotes ubicado en el Departamento Punilla de la provincia de Córdoba, cuya titularidad corresponde a Santiago Javier De Vido, pero allí residiría "José María Escudero que conduce un vehículo de la empresa “Arcrop S. A. ”, de Carlos José Mundin y Héctor Alfredo Leis". El primero de ellos está procesado en la causa de los cuadernos. A la información recolectada en la causa, se sumaron los dichos de uno de los encargados que cumplía funciones en el edificio ubicado en Avenida del Libertador N°2275/77, quien prestó declaración testimonial y manifestó "notar movimientos de cajas fuertes, bolsos y mochilas días antes del allanamiento realizado en el marco de esta misma causa, en el año 2016". En consecuencia, el juez Rodríguez, ordenó el allanamiento de siete inmuebles y dieciséis lotes, al haber corroborado que "serían domicilios que poseen vinculación" con la familia De Vido investigados en esta causa. Se ordenó durante los operativos, el secuestro de toda "documentación de contenido patrimonial", también la caracterización de las propiedades y los aspectos más relevantes de las mismas. Tal como contó Clarín, los números que se desprenden del documento oficial arrojan "diversas inconsistencias". Para empezar, el matrimonio no logra justificar un millón de pesos correspondiente al período 2003-2007. Ante la situación, la fiscal Mangano solicitó la ampliación del período de investigación sobre De Vido y su esposa Minnicelli. A esta investigación se suma ahora la denuncia del encargado del edificio donde vivía Julio De Vido, quien dijo que el ex ministro hizo sacar de su departamento, en el décimo piso de Avenida Libertador al 2200, entre otras cosas, “tres enormes cajas fuertes” justo antes del allanamiento que se realizó el 24 de junio de 2016. Las mismas cajas fuertes que habían sido ingresadas, según el encargado, “unos diez años atrás”. La información fue publicada en La Cornisa. El encargado, quien aportó una innumerable cantidad de detalles, responsabilizó no sólo a De Vido sino también al grupo de 21 custodios que trabajaban para él turnos rotativos. Mencionó especialmente al jefe de todos ellos, el principal Fabián Alberto González. “La (caja fuerte) grande era como de dos metros y medio de altura y un metro y medio de ancho, como la que tienen los bancos. Y las otras dos cajas eran más chicas. Tendrían un alto de un metro. Los que se encargaban de subir las cajas no eran de la custodia. Era personal especializado en este tema porque tenían unos cinturones de seguridad enormes... para transportar las cajas. En especial la grande. Las tres cajas se subieron por la escalera”, se puede leer, textualmente, en el expediente, sobre el modo en que las cajas fuertes fueron ingresadas al departamento. El encargado agregó: “Luego de que Macri ganara las elecciones empieza todo un operativo para retirar las cajas fuertes del domicilio de Julio de Vido. Fueron seis o siete personas que las bajaron por la escalera y las llevaron al primer subsuelo del garaje. Las cajas se cargaron en una camioneta Toyota gris clara”. En este contexto, el juez Rodríguez ordenó allanamientos en las propiedades de De Vido, su esposa Alessandra Minicelli y los hijos del ex ministro, en búsqueda de las tres cajas de seguridad que habrían sido extraídas del departamento de la calle Libertador según los dichos del encargado. Fuera de la función pública y con un despacho en el Congreso, el ex funcionario K incorporó en 12 meses casi un millón de pesos a su patrimonio. Cerró el período 2016 con bienes por 2.846.717 pesos, un 48% más que en 2015. El monto total, de todo modos, sigue llamando la atención: representa sólo unos 150.000 dólares. Entre sus bienes declarados cuenta con un departamento, una cochera, un vehículo, cuatro plazos fijos, dos cajas de ahorro y dinero en efectivo. El crecimiento de todos sus bienes fue de 929.531 pesos en un año. Estos número podrían comenzar a peritarse este año, para ampliar la información que ya ingresó al juzgado del juez Rodríguez, que por ahora abarca sólo la mitad del tiempo que De Vido fue funcionario. Una primera pericia ordenada por el magistrado en la primera parte del período determinó que el matrimonio "no logra justificar la suma de un millón de pesos", según constató Clarín en su momento. En el peritaje se habla de "diversas inconsistencias" sobre los ingresos y egresos declarados, los gastos familiares y movimiento de dinero. El resultado que arrojó el peritaje es un importe no justificado que asciende a un total de 1.052.705,74 pesos; “lo cual resulta ser un monto parcial. Es decir, para conocer realmente cuál fue el monto incrementado y no justificado de los imputados deberíamos analizar desde el año 2003 hasta el 2015”, plantea el dictamen de la fiscal Mangano al que accedió Clarín.
