La causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Centeno, que dio inicio a una impactante causa penal que lleva 16 detenciones preventivas, 42 procesamientos y otras tantas líneas de investigación a profundizar, movió por completo el tablero de la política argentina, aunque, al parecer, del otro lado del mostrador todo seguirá igual: la mayoría de las empresas que confesaron el presunto pago coimas continúan recibiendo miles de millones en obra pública por parte del gobierno de Mauricio Macri. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Benito Roggio, quien tras confesar el pago de coimas en la gestión K presentó su renuncia al directorio de la empresa que lleva su apellido. Increíblemente y pese a contar con otro procesamiento en la causa Odebrecht, el gobierno nacional decidió que Roggio continuara recibiendo y ejecutando obras: al día de hoy, la firma se encuentra ejecutando la ruta 9 Norte, por $298 millones, se le preadjudicó el dragado del Río Salado, por casi 3.500 millones, intentará mantener la concesión del subte de Buenos Aires hasta 2030, lo que representa un negocio de casi 60 mil millones de pesos y el negocio de la basura porteña, que le otorga unos $5.300 millones al año. Otro de los casos emblemáticos es el de Corporación América, de la familia Eurnekian, donde Hugo, sobrino de Eduardo, se presentó como "arrepentido" ante el juez Bonadio. Pese a que su confesión incluyó el presunto pago de coimas a Roberto Baratta, el gobierno nacional no solo no le quitó las obras ni las concesiones a su cargo, sino que le otorgó más. Así, Helport, empresa de la familia, recibió los corredores viales E y F, y embolsará, junto a las firmas Panedile, Eleprint y Copasa, unos 2.500 millones de dólares. Pero en la licitación de los proyectos de participación público-privado, Eurnekian no es el único que obtuvo beneficios pese a estar involucrado en la causa: otro de los mencionados por los arrepentidos, en especial por el empresario Carlos Wagner, es Cartellone. La firma, que según reveló El Destape, blanqueó cientos de millones gracias a la amnistía de Macri, también recibió proyectos PPP: construirá el corredor vial C, y recibirá por ello casi 800 millones de dólares. Sin embargo, esa no es la única irregularidad en torno a este proyecto: Cartellone no presentó la mejor oferta, y aun así, resultó adjudicataria. La empresa Rovella-Carranza había ofrecido 701 millones de dólares, es decir, cien millones menos, y Helport, de Eurnekian, unos 799 (dos millones menos). Aun así, y pese a contar con un procesamiento firme en la causa Odebrecht dictado por el juez Sebastián Casanello por corrupción en la obra de la planta potabilizadora de AySa en Tigre, Cartellone logró seguir adelante con sus ambiciosos proyectos. Es necesario destacar que en el caso de los PPP, la propia ley establece en su artículo 23 incompatibilidades para ofertar y contratar respecto a las personas que, entre otros puntos, tengan un procesamiento firme o condena por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o lavado, por ejemplo -no incluye el delito de asociación ilícita, tal como reveló el portal Chequeado semanas atrás. En este sentido, la ley establece que “tampoco podrán formar parte como miembros de una empresa o entidad oferente o como subcontratista de ésta”, ya sea directamente o “por intermedio de otra entidad” o que “forme parte de un conjunto económico con ella”. Por último, hace tan solo unos días, la firma también logró beneficiarse con otra jugosa adjudicación, en esta oportunidad recibiendo $900 millones para la construcción de una línea de alta tensión en San Juan. Otra de las empresas involucradas en el caso toca de lleno los intereses de la familia presidencial. Se trata de IECSA, que supo pertenecer hasta comienzos de la gestión M a la familia Macri, de la mano de Angelo Calcaterra, primo presidencial. Pese a contar con procesamientos en el caso Odebrecht y en la causa cuadernos, la firma no deja de construir el Paseo del Bajo, recibiendo más de 3.000 millones por ello, y continúa con la ampliación del sistema de transporte y distribución del gas natural, por otros 900 millones.
