La muerte del fiscal Alberto Nisman nos interpela como sociedad desde 2015. Recordemos que ocurrió poco antes de que el fiscal a cargo de la causa AMIA prestara declaración ante el Congreso Nacional respecto de la investigación sobre un pacto entre el gobierno argentino y el de Irán en torno de un acuerdo nuclear cuyos detalles, hasta hoy, se desconocen. Ha cobrado vigor la hipótesis de que dicho asesinato se vincula con la transferencia de tecnología nuclear entre ambos países. En rigor, con un acuerdo tripartito entre la Argentina, Irán y Venezuela, país este último interesado en vender uranio al Estado iraní. Una nota de Ignacio Montes de Oca, en Infobae, resume los hechos. En 2008, el gobierno de Israel acusó a Venezuela de proveer uranio a Irán, en coincidencia con la instalación de empresas iraníes en la zona cuyas producciones muchas veces incumplieron sus metas, rodeadas de sospechas. Las autoridades persas desmintieron entonces cualquier propósito militar de esa vinculación al sostener que sus actividades en el capítulo nuclear tenían que ver solamente con propósitos pacíficos, en tanto que un mínimo desvío conduce a la construcción de armas nucleares. En 2011, el periodista José Eliaschev había denunciado valientemente la existencia de un pacto secreto entre las autoridades iraníes y la administración de Cristina Kirchner , así como reuniones mantenidas por el entonces canciller argentino Héctor Timerman . Congresistas norteamericanos también advertían que Irán recibía tecnología atómica argentina oficiando el gobierno de Maduro como mediador, tal como la denuncia de la revista brasileña Veja confirmó también años después tras entrevistar a chavistas arrepentidos. Paralelamente a las negociaciones mencionadas, el gobierno argentino propiciaba liberar a Irán de toda responsabilidad respecto del atentado terrorista a la AMIA , ocurrido en julio de 1994. Aquellas negociaciones que en su momento habría protagonizado Cristina Kirchner permitirían acusarla del delito de traición a la patria, por cuanto el presunto pacto entre la Argentina e Irán lesionaba claramente los intereses de nuestro país. El contenido del supuesto acuerdo nuclear se mantuvo en estricto secreto. A lo antedicho se suma la fundada sospecha de que, en contrapartida por la colaboración recibida, Irán habría contribuido con fondos para la campaña política kirchnerista. Tras la muerte del fiscal Nisman, el cuestionado juez Daniel Rafecas cerró precipitadamente la investigación clausurando el avance sobre distintas pistas, sin que hubiera mediado tiempo material suficiente para analizar acabadamente las grabaciones y miles de fojas del expediente. Con la reapertura de la causa que investiga la responsabilidad que pudo haber correspondido al gobierno de entonces, se abre hoy la posibilidad de comprobar cuáles fueron los motivos reales del acuerdo alcanzado por la administración de Cristina Kirchner con las autoridades iraníes, y cuáles han sido las contraprestaciones que ambas partes pudieron haber percibido. Dada la gravedad de la cuestión celebramos la reanudación de las investigaciones para aclarar la dimensión de lo que hasta ahora aparece como un pacto tan secreto como sórdido y nefasto, al que la Argentina no debió jamás haberse prestado.
