El Tribunal Oral 9 condenó a los seis prefectos que hace dos años torturaron a Iván Matías Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, los jóvenes militantes de La Garganta Poderosa. La máxima pena los culpables de los vejámenes sufridos por los jóvenes, quienes entonces tenían 15 y 18 años, fue de 10 años y 6 meses y la más baja de 8 años y 8 meses. "Patricia Bullrich va a tener que renunciar", coreaban los militantes de La Poderosa en la puerta del juzgado, tras el fallo. Iván estaba en el centro de la escena, levantado en andas por sus compañeros, mientras flameaba una bandera que reclamaba "Control Popular". "Casos como el nuestro suceden seguido en el barrio. Ojalá que esto sirva para que las fuerzas de seguridad se calmen y otros pibes se animen a denunciar", se había esperanzado Iván antes de que se conociera la resolución del tribunal. Él mismo y Ezequiel, con el acompañamiento de La Poderosa y de los organismos de derechos humanos, además de la permanente compañía de Nora Cortiñas, denunciaron en su momento las torturas a las que fueron sometidos el 24 de septiembre de 2016, desde las 23 hasta las 7 de la mañana del día siguiente. En aquella ocasión, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) los subieron a un móvil de la fuerza acusándolos de un delito menor. Luego de ser golpeados sufrieron un simulacro de fusilamiento a orillas del Riachuelo. El Tribunal Oral 9, que se constituyó en la misma sala donde, en 1985, fueron juzgados y condenados los ex comandantes de las juntas militares—, difundió la sentencia a las 15, cuatro horas y media después de lo previsto. Leandro Antúnez, Osvaldo Ertel y Orlando Benítez fueron condenado a 10 años y seis meses; Ramón Falcón y Eduardo Sandoval, a 8 años y 11 meses, y Yamil Marsilli, a 8 años y 8 meses. Los seis prefectos fueron considerados culpables por los delitos de imposición de torturas, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves, robo agravado y calificado por uso de armas de fuego y por haber sido cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Además, el tribunal dictaminó que ninguno de los ahora condenados podrá volver a ejercer un cargo público.
