El juez federal Claudio Bonadio tenía anoche a la firma una gigantesca resolución con la que procesará con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos que recaudaban dinero negro de empresarios que eran beneficiados con contratos millonarios de infraestructura. Para llegar a esa decisión, resultó clave el testimonio del exsecretario de Obras Públicas José López : fuentes con conocimiento de la causa indicaron a LA NACION que en su confesión dijo que al morir Néstor Kirchner ella lo citó para avisarle que desde ese momento asumía el control de las operaciones que hasta entonces había gestionado su esposo. La magnitud de la sentencia, en la que se citan las evidencias y se glosan las declaraciones de los "arrepentidos" que involucraron a otros acusados, es tal que los colaboradores del juez, que se habían propuesto terminar anoche, seguían trabajando al cierre de esta edición. El fallo se conocería la semana próxima. Allí se señalará al exministro Julio De Vido y a su mano derecha, Roberto Baratta , como los organizadores de la asociación ilícita, indicaron fuentes judiciales. Los empresarios que confesaron haber pagado sobornos quedarían englobados en dos grupos. En uno estarán los que integraban el mecanismo recaudador, como el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens, que serían considerados miembros de la asociación ilícita junto con los exfuncionarios. Otro grupo de empresarios que confesaron haber pagado sobornos quedarían acusados de partícipes de cohecho, un delito menos grave (aunque más severo que el de aportantes de dádivas, que es el que imaginan sus defensores). Sin embargo, no está descartado que el juez finalmente los sume a la organización criminal. Los empresarios que confesaron haber hecho pagos ilegales son Juan Chediak, Wagner, el primo del Presidente Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (ambos por Iecsa, la empresa que fundó Franco Macri), Gabriel Romero (Hidrovía), Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Héctor Zavaleta (ex-Techint), Juan Carlos de Goycoechea, Armando Lozon, Claudio Glazman y Alberto Taselli. Todos están libres, excepto Sergio Taselli, hermano de Alberto, que quedó preso al igual que Carlos Mundin, de BTU; Néstor Otero, de la Terminal de Retiro; Raúl Vertúa; Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Juan Carlos Lascurain, exvicepresidente de la UIA. Todos los detenidos no integran la lista de arrepentidos y seguramente serán procesados con prisión preventiva. Está prófugo aún Oscar Thomas, de Yacyretá. La asociación ilícita se castiga con una pena máxima de 10 años de prisión y el cohecho con seis años como máximo. Pero los mínimos son mucho más bajos y en todo caso, si los empresarios confesos son condenados como arrepentidos pueden tener una reducción de pena que les permitiría recibir una condena de ejecución condicional, es decir que no irían presos. Si De Vido o Baratta están presos como integrantes de la asociación ilícita, para procesar a la jefa Cristina Kirchner y dictarle prisión preventiva Bonadio debería pedir nuevamente al Senado su desafuero. Esta medida ya la solicitó el mismo juez en otro caso, el de la denuncia de Alberto Nisman por encubrimiento en la causa AMIA. Distinto es el rol de los exfuncionarios confesos, como José López o Claudio Uberti, que serían considerados integrantes de la asociación, pero a la hora del juicio se considerarían sus aportes. Los aportes de López fueron determinantes para construir el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita. El exfuncionario confesó que muerto Néstor Kirchner, la expresidenta lo citó y le mostró otros cuadernos, no los de esta causa , sino los que escribía su marido fallecido. Allí estaban registrados los negocios sobre los que hablaron los arrepentidos. López le explicó las anotaciones, los porcentajes y el rol de cada uno. Cuando Cristina le preguntó por los demás funcionarios, López le dijo que lo desconocía, que las líneas de recaudación eran independientes. Allí la expresidenta le dio indicaciones sobre cómo continuar con el mecanismo de recaudación. De algún modo, López la puso como "heredera" de la jefatura de la asociación ilícita. López además dijo que el dinero de los bolsos que revoleó en el convento de General Rodríguez provenían de este mecanismo de recaudación y que se los dieron para que los escondiera. Allí involucró nuevamente a la expresidenta. El otro relato importante es el de Clarens. El financista colocó a Cristina Kirchner como destinataria del dinero y la puso en un rol de manejo de esos fondos. Habló de cómo se repartían las obras públicas entre los empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción, dejando un porcentaje del anticipo financiero como coima lo que coinciden con la declaración de Wagner. Y contó que como recaudador llevaba la plata al departamento de Cristina Kirchner en Uruguay y Juncal, en Recoleta, donde la recibía Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner. Capítulo aparte es el destino del dinero de esta organización. Clarens dijo que supone que estaban enterrados en el sur y que Muñoz le dijo que la plata iba en aviones oficiales directo a una bóveda metálica de la casa de los Kirchner en El Calafate. Bonadio allanó esa casa y encontró lo que considera que es una bóveda. La describió así en una de sus últimas resoluciones: "Un ambiente de reducidas dimensiones, con losa de hormigón y paredes metálicas, utilizado como bóveda, ubicado en el espacio lindante a la escalera que comunica al subsuelo con la cocina del inmueble". Tras pasar por allí Clarens especuló con que podría haber dinero enterrado en el sur. Y recordó que en un momento Lázaro Báez le preguntó en qué invertir y él le aconsejó que comprara activos, como propiedades o negocios. Esta cita alimenta una de las ideas del juez: que el dinero de la corrupción es parte del que usó Lázaro Báez para construir su imperio.
