Las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno se transformaron en miles de páginas de un expediente manejado por el juez Claudio Bonadio. Ergo, con sus leyes propias. El Destape accedió a la causa y pudo revisar más de 8.000 páginas en las cuales, hasta ahora, aparecen una serie de irregularidades que fueron, por un lado, avaladas por Bonadio y el fiscal Carlos Storsionelli. Por el otro, obviadas por buena parte de la prensa. Cuesta encontrar algún elemento, más allá de las fotocopias de los cuadernos, que justifique las detenciones que llevan más de un mes, excepto para los que acepten los arrepentimientos teledirigidos. Angelo, Angelo Ángelo Calcaterra, el primo presidencial, le mintió al juez Bonadio en su primer contacto por esta causa. Fue el 6 de agosto, cuando se presentó en Comodoro Py tras la detención de Javier Sanchez Caballero, un histórico alfil del grupo Macri detenido a raiz de su aparición en las fotocopias de los cuadernos como pagador por parte de IECSA y ODS. En la declaración indagatoria a Calcaterra, que está en el cuerpo 22 de la causa, consta que le hicieron la pregunta de rigor acerca de si tiene antecedentes penales o causas en trámite o concluidas. “No”, fue la respuesta de Calcaterra, pese a que es público que está procesado en la causa donde se investigan las irregularidades en el otorgamiento del soterramiento del tren Sarmiento al consorcio que integraban, entre otros, IECSA y Odebrecht. Calcaterra también está involucrado, al menos, en una causa en el fuero Comercial por el vaciamiento de Transmetro, otro empresa de los Macri. Calcaterra no dijo nada más y pidió declarar como arrepentido, algo que Bonadio le concedió pese a que lo primero que hizo el primo presidencial fue mentirle. A diferencia de una declaración testimonial, en la indagatoria no existe el juramento de decir la verdad. Pero que Calcaterra negara otras causas, que son, públicas, es demasiado evidente. Con todo, Calcaterra logró la liberación de Sanchez Caballero. En el cuerpo 20 del expediente consta otro dato interesante. En teoría, Macri le vendió IECSA a su primo Ángelo en 2007. Luego, éste se la vendió a Marcelo Mindlin, uno de los empresarios predilectos del presidente. La nueva firma que comanda Mindlin se llama Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE). Por lo que dice el expediente, parece que Sanchez Caballero fue parte del acuerdo. En el allanamiento a su domicilio en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta, el acta detalló el siguiente auto: “AUDI MODELO A3 DOMINIO AC072 QL, cuya inspección arrojo que en s u interior se encontraba la documentación del mismo a nombre de la empresa SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO S.A. y una cedula de autorización para el Sr. SANCHEZ CABALLERO”. Parece que Sánchez Caballero usa un auto de la empresa de Mindlin, que le compró IECSA a Calcaterra. Mindlin, a su vez, figura en los cuadernos, pese a lo cual nunca fue llamado a declarar y todo indica que tiene aceitado el blindaje mediático para que su cara no circule por los diarios y noticieros. Como si fueran narcos Apenas tomó contacto con las fotocopias de los cuadernos, Bonadio activó una serie de movimientos de inteligencia encargados a la Policía Federal, específicamente a la Superintendencia de Drogas Peligrosas y que fueron ejecutados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico. Tomaron 66 domicilios mencionados en las fotocopias e hicieron tareas de inteligencia, en general de civil, para confirmar quienes vivían en cada uno. Pero lo más opaco aparece en el cuerpo 10 del expediente, cuando Bonadio ordena pinchar los celulares de Roberto Baratta, Walter Fagyas, Oscar Centeno, Nelson Lazarte, Hernán Camilo Gómez, Rafael Llorens e Hilda Horovitz. La orden pide específicamente la “escucha directa”, es decir, que el personal de la policía escuche en tiempo real lo que hablan. Lo insólito es que pida esto en 2018 cuando se investigan hechos que ocurrieron, supuestamente, entre 2003 y 2015. Los policías terminaron escuchando incluso a la esposa de Baratta, y registraron que, por ejemplo, habló con una amiga y le contó que “fue a ver una persona que adivina el futuro”. Todo consta en informes diarios que le enviaron al juez, y que El Destape pudo leer. Las pinchaduras quedaron a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la mini SIDE que controlan los jueces, cuyo manejo está repartido entre el supremo Ricardo Lorenzetti, el juez federal Ariel Lijo y el operador PRO Daniel “Tano” Angelici. Bonadio pidió que las escuchas las haga la División de Operaciones Federales de la Policía Federal, “encomendándosele la escucha de las llamadas telefónicas, el retiro del resultado de las mismas y del contenido de los mensajes de texto, y las correspondientes desgravaciones y posteriores transcripciones a las que dieran lugar”. Desgrabaciones está mal escrito en el original. Como hacen copy/paste, también en cada una de las prórrogas y ampliaciones de estas pinchaduras. Según los propios datos de la DAJUDECO, en abril de 2018 tenían 90 líneas intervenidas con escucha directa. Solo el 13 de junio, en el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos, Bonadio intervino 12, más de un 10% del total. Al cumplirse un mes, el 13 de julio, Bonadio prorrogó las escuchas y sumó otras 2 lineas. Mantuvo el formato de escucha directa. “En cuanto a las escuchas directas -publicó Infobae-, en 2017, la DAJuDeCO intervino 1.914 teléfonos, a un promedio de tres líneas por causa judicial. Del total de 571 expedientes para los cuales realizaron escuchas en tiempo real, un cuarto de ellas eran de secuestros extorsivos (139), y un 20% de tráfico de drogas (117). Otras 50 intervenciones eran de causas por averiguación de paradero y 28 de búsqueda de prófugo”. Ninguna por averiguación de delito o asociación ilícita. Otro dato, esta vez en el cuerpo 11 del expediente, es que Bonadio pidió los cruces de llamadas de todos los involucrados en la causa entre 2008 y 2015. Se ve que no quiere cruzarse con conversaciones del presidente Macri que, según su versión, dejó IECSA en 2007. El fiscal Cabot El expediente de las fotocopias de los cuadernos arranca el 10 de abril, con la llegada del periodista de La Nación Diego Cabot a la fiscalía de Storsionelli. Tanto el periodista como el fiscal ya se ocuparon de relatar públicamente que esto no fue casual, sino que lo acordaron entre ellos, en una típica maniobra de Forum Shopping luego perfeccionada por Bonadio, que en lugar de mandar a sorteo la denuncia eligió quedársela para jugarla en su cruzada anti K. En distintos pasajes, Bonadio refiere a Cabot como “el denunciante”. Como ciudadano, podía denunciar lo que quisiera. Como periodista, lo que hizo muestra los niveles de promiscuidad que alcanzó el vínculos entre tribunales y algunas redacciones. El primer dato que surge es que Cabot pidió reserva de su identidad. Luego, comienza el relato que luego repitió en los medios. Que recibió una caja de parte de Jorge Bacigalupo, que luego éste se las pidió de nuevo para devolverlas a Centeno, que sacó fotocopias de los mismos, que entregó las fotocopias luego a Storsionelli y Bonadio. Luego, afirma: “Que cualquier otro dato periodístico que obtenga lo aportaré a esta Fiscalía”. Un juego extraño, donde el periodista se transforma en auxiliar del fiscal. Elije tu propio testigo El 1 de agosto a las 15.30hs fueron allanadas las oficinas de Techint en la torre que queda en Bouchard 557. La orden de Bonadio fue “REQUISAR y SECUESTRAR agendas, anotaciones, teléfonos ce lulares, elementos de valor, equipos de computación, registros de ingresos a edificios y todo otro elemento que guarde relación con la presente investigación”. Los policías fueron recibidos por el abogado Horacio De Las Carreras, que oficia de Consejero de Vigilancia de Techint. Como en cualquier allanamiento, los policías buscaron dos testigos. Pero en lugar de pedirle a personas que pasaran por la vereda, los elegidos fueron un apoderado y un importante gerente de la propia Techint. Según consta en el acta del allanamiento, uno de los testigos fue Federico Luis Barroataveña Duhau, que es Director Titular de Techint, Vicepresidente de Techint Inversiones y figura como uno de sus apoderados. De hecho, figura como representante de la empresa en la firma de contratos. El otro fue Gustavo María Gallino, también Director de Techint. ¿Y Miguel? La parodia de los cuadernos fue pública. Primero, la explosión de la noticia sobre la existencia de los cuadernos del chofer Centeno. Luego, la afirmación de Centeno de que los tenía en su casa. Los allanamientos a su domicilio, con el fiscal Storsionelli recorriendo varias casas de Centeno sin encontrar nada. Finalmente, el reconocimiento de que tanto Bonadio como Storsionelli siempre tuvieron fotocopias y que el memorioso Centeno luego recordó que los había quemado. En su declaración como arrepentido, Centeno habla con lujo de detalles sobre nombres, direcciones, bolsos, conversaciones, montos exactos de indemnizaciones, abogados, parientes de otros mencionados en la causa, la mecánica para comprar un departamento, etc. Dice, en medio de todo eso: “Los cuadernos originales los tengo yo y están en mi domicilio”. Pero eso, justo eso, resultó ser falso. Solo Bonadio sabrá como creer todo lo demás. Eso fue el 2 de agosto. En el cuerpo 22 del expediente, consta que al día siguiente, el 3 de agosto, Centeno fue indagado y ahí cambió su versión. Su justificación textual fue: “Al momento de mi anterior declaración yo pensé que los cuadernos todavía estaban en mi casa o en una de las viviendas de Bella Vista porque eso había querido hacer. La confusión en relación al destino de los cuadernos fue por la situación que estaba viviendo, estaba detenido hacía dos días y no había podido dormir”. Pero, ¿como fue posible que recordara puntillosamente todo lo demás y, respecto a estos objetos clave, se confundiera? En la indagatoria, su versión es que se juntó a comer con Miguel Córdoba, un amigo, y éste lo convenció de quemarlos. “Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar y Miguel Córdoba me miraba desde la puerta de la cocina que está cerca”, relató ahora Centeno. Este testigo privilegiado aún no apareció. Confesiones La lectura detenida de las indagatorias a varios de los empresarios involucrados en las fotocopias de los cuadernos muestra que, muchas veces, sus supuestas confesiones fueron adulteradas por los medios de comunicación oficialistas. El 6 de agosto, TN publicó: “La causa de los cuadernos: otros tres empresarios admitieron que pagaron coimas. Se trata de Raimundo Peduto, Alejandro Pedro Ivanissevich y Manuel Santos Uribelarrea. Todos señalaron a Nelson Lazarte como el responsable de los cobros”. En el expediente, el único que dice algo similar es Uribelarrea. Los otros dos, para nada. Las indagatorias constan en el cuerpo 22. En el caso de Peduto, lo único que dijo es: “momentáneamente me niego a declarar hasta tomar conocimiento total de la causa”. Nada más. Por ende, no pudo señalar a nadie ni reconocer nada. Ivanissevich, por su parte, dijo que aportó 500.000 pesos para la campaña pero descartó cualquier otro pago. Afirmó, textual: “Como De Vida y Baratta sabían que era un empresario que arriesgaba mi capital y no estaba en la obra pública, nunca hubo por parte de ellos ninguna sugerencia de coima, soborno y retorno”. Tampoco mencionó a Lazarte en su indagatoria. TN abundó: “Todos ellos apuntaron a una misma persona: Nelson Lazarte, mano derecha de Baratta, y uno de los hombres nombrados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Según los tres empresarios, los pagos se realizaban en dólares -tal como había señalado en sus anotaciones el remisero- pero también se hacían en pesos”. Los papeles de Peduto e Ivanissevich los contradicen.
