La Justicia expropió y devolvió a las arcas del Estado un terreno en Puerto Madero valuado en 800 millones de dólares, al condenar a los responsables de la fraudulenta privatización de la empresa estatal Tandanor hace mas de 20 años, durante el menemismo. Se trata del mayor recupero de fondos de la corrupción que retorna a manos del Estado. Tandanor había sido adquirida por un consorcio adjudicatario que vendió parte a la firma Perez Companc que a su vez vendió luego el terreno al Grupo IRSA para realizar un emprendimiento inmobiliario millonario. Ahora que volvió al Estado, IRSA debe litigar para recuperarlo. Los principales investigados en este caso están muertos: por ejemplo el ministro de Defensa menemista Antonio Erman Gonzalez. No obstante, el fiscal Diego Luciani había pedido en el juicio terminado ayer que se investigue al expresidente Carlos Menem por el fraude. Los jueces condenaron a Eduardo Tesoriere (quien intervino como asesor en la privatización y luego ofició de representante estatal por el 10% de las acciones conservadas tras la venta al consorcio adjudicatario), a Alejandro Arturo Bofill y Andrés Juan Vlastó (empresarios) a tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La venta de la empresa se pactó en 70 millones de dólares que los compradores nunca pagaron. Y el predio, hoy tasado en US$800 millones, se vendió en 18 millones de dólares. El fallo fue dictado por los jueces del Tribunal Oral Federal N° 5 Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak y Sabrina Namer. Los magistrados absolvieron a Gerardo Donato, Nachat Samman y Miguel María De Larminat, por prescripción y a Omar Calculli, por falta de pruebas. Esta causa estuvo a punto de prescribir sin llegar a juicio. El kirchnerismo impulsó un pedido de juicio político contra el juez Claudio Bonadio por esa razón. El magistrado llegó a ser sancionado con una multa equivalente a parte de su sueldo por el Consejo de la Magistratura, castigo que fue revocado por la Corte Suprema de Justicia. El fiscal Diego Luciani en el juicio oral había pedido condenas hasta 4 años de prisión y el decomiso del terreno. Está junto al Hotel de los Inmigrantes en dársena Norte, al lado de Buquebus. Otro predio de Tandanor está en Dársena Sur, junto a la villa Rodrigo Bueno, donde termina la reserva ecológica de la Costanera Sur. Durante el gobierno de Menem, se vendió Tandanor -donde se reparó el submarino ARA San Juan y el rompehielos Almirante Irizar-, pero los dueños dividieron el astillero del terreno, ubicado al lado del hotel de los Inmigrantes, donde proyectaban torres por 500 millones de dólares. El consorcio estaba integrado por Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. (luego Brisard Sudmarine) y el Banco Holandés Unido. El predio junto al Hotel de los Inmigrantes se denomina en la causa Planta I de Tandanor y tienen más de 8 hectáreas. Los acusados llevaron a la quiebra el astillero y vendieron parte de las acciones de la empresa que se quedó con el terreno llamado Puerto Retiro. Luego Perez Companc vendió un paquete de varios inmuebles, incluyendo el terreno, a IRSA, que compró de buena fe en varios millones de dólares. IRSA inició un juicio, a su vez, que está pendiente de resolución en la Corte. Los imputados integraron el directorio de la empresa una vez privatizada y desde allí autorizaron la venta de la Planta I, a favor de una firma que ellos mismos integraban, llamada Puerto Retiro S.A. La causa la instruyó el fiscal Carlos Stornelli, que ayer estaba pendiente del resultado de este juicio. En septiembre de 1990, el gobierno de Menem llamó a licitación para privatizar Tandanor. La empresa fue tasada en 168 millones de dólares: 8 millones pagaderos en efectivo y 160, en bonos de la deuda externa. Tras una licitación llena de irregularidades, Tandanor fue adjudicada al consorcio de empresas. Una vez otorgada, Menem emitió un decreto por el cual cambió el precio y la forma de pago: el valor a abonar se estableció en 59.760.000 millones de dólares (ya no en bonos, sino en efectivo), que se debían pagar con un adelanto de 7.200.000 dólares y el saldo (52.560.000 de dólares) financiado a nueve años, con tres años de gracia. El Estado exigió un aval de un banco por los intereses de los tres primeros años "de gracia" y un seguro de caución por el saldo de 52.560.000 de dólares. El aval no fue constituido y el seguro de caución fue emitido por una empresa (Aseguradora del Litoral S.A.) "sin reaseguros" que pertenecía al mismo grupo adjudicatario. Según el fiscal Stornelli, desmantelaron la Planta I de Tandanor (8,2 hectáreas en Dársena Norte) y se la autovendieron a una sociedad anónima propia (Puerto Retiro) en un precio irrisorio de 18 millones de dólares.
