El fiscal federal Jorge Felipe Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri y a varios de sus ministros por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario internacional (FMI) tras la denuncia formulada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público. Bajo el planteo de no haber obtenido autorización del Congreso para su firma, el fiscal Di Lello decidió iniciar la investigación contra el presidente Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Economía Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Luis Caputo. “Las ilegalidades e inconstitucionalidades alegadas en la denuncia resultan verosímiles y lógicas”, sostiene la denuncia penal presentada por unidad popular a través de Claudio Lozano por el Movimiento Popular La Dignidad y Jonatan Baldiviezo, a través del Observatorio del Derecho a la Ciudad. El fiscal Di Lello pidió que se investigue si el Presidente y sus funcionarios incurrieron en los delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público al concretar la firma del acuerdo que las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI firmaron. Se trata de un Acuerdo Stand-By de 36 meses que asciende a USD 50.000 millones (equivalente a aproximadamente DEG 35.379 millones o alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI). El 20 de Junio, el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el acuerdo stand by de 50.000 mil millones de dólares y en consecuencia el Ejecutivo dispuso que este acuerdo de toma de deuda pública “no sea tratado en el Honorable Congreso de la Nación, pese a tratarse de empréstitos que traen consigo determinadas condicionalidades que exceden el mero esquema de devolución del dinero prestado, ya que la modalidad a la que Argentina accedió nuevamente (‘’Stand By’’) tiene un espíritu altamente intervencionista de la política económica en detrimento del deudor”, sostiene la denuncia original. Ante la medida tomada el fiscal Di Lello dio curso a la investigación, señalando que “no se contó con la autorización del Congreso nacional para avanzar con la firma”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. En dicho contexto, será el Juez Federal Julián Ercolini quien decida si hace lugar a una medida cautelar para suspender el acuerdo firmado con el FMI. Entre las medidas de prueba requeridas por el fiscal, se solicitó al ministerio de Economía que remita “la totalidad de las resoluciones a traves de la cuales el gobierno ha contraído deuda para el Tesoro Nacional y el Banco Central”, y fijó prioridad en el acuerdo stand by de 50.000 dólares. Además, pidió la declaración testimonial de Marcos Peña y Nicolás Dujovne, para “informar el grado actual del acuerdo cuestionado y del cumplimiento de los compromisos en él asumidos”, señala el dictamen. En última instancia, Di Lello pidió a la Comisión bilateral constituida en el Congreso que remita a la Justicia el informe final labrado. Y con los recaudos del caso, se solicitó que se cite a declaración testimonial al presidente de dicha comisión. Claudio Lozano planteó que se trata de un “endeudamiento unilateral firmado por el gobierno de Cambiemos sin el acompañamiento de los representantes de la ciudadanía Argentina” y criticó al gobierno de Macri que “desde diciembre de 2015 hasta la actualidad tomó más de U$S 110.000 millones de deuda y, si bien lo hizo a tasas más bajas que la gestión anterior, no son las más bajas del mercado para los países de características similares al nuestro”. A su vez, la denuncia remarcó que si se observa la fuga de capitales sufrida en estos últimos 30 meses, “llegamos a la conclusión que la mayor parte de la deuda externa no tuvo el destino final deseado, es decir, que su uso se materialice en obras de infraestructura necesarias para el desarrollo económico y social de la Nación”.
