No cede la intensidad de los episodios judiciales que impusieron primero la prisión del ex presidente Lula da Silva y que, ahora, debe decidir la aceptación o rechazo de su candidatura para las generales de octubre. El Tribunal Superior Electoral resolvía esta noche, en una reunión extraordinaria, la exclusión de las comicios del candidato del Partido de los Trabajadores Luiz Inacio Lula da Silva. El relator del caso en esa corte, magistrado Luis Barroso, tuvo el voto inicial y decidió por rechazar la postulación del ex mandatario, lo que marcó una clara tendencia dentro del plenario de jueces. El juicio se adelantó, y el anunció de esa anticipación ocurrió pocas horas antes del comienzo del plenario del TSE. El propio Barroso explicó por qué había pedido tratarlo este viernes, último día del mes, cuando todavía había dos semanas de tiempo. ”No tengo ningún interés que no sea el bien de Brasil; ni personales, ni políticos, ni ideológicos. Mi única preocupación es la defensa de la Constitución y la Democracia. En este momento complejo y polarizado, estoy convencido de que la mejor alternativa para el bien de Brasil es que el cuadro de candidatos sea definido antes del comienzo del horario de propaganda gratuita”. La presunción, al menos en la cúpula del LOT, era que el debate final sobre este asunto ocurriría recién el 18 de septiembre. Hasta entonces, la imagen del ex mandatario podría haber aparecido asociada a su compañero de fórmula Fernando Haddad, lo que garantizaría una mayor transferencia de sus votos a quien ahora figura como vice. Lula encabeza el ranking de los postulantes con chances de ser elegido. Con su 39% de seguidores, según la última encuesta de Datafolha, está al frente y muy lejos del segundo, el ultraderechista Jair Bolsonaro que acumula 20%. Todo esto ocurre a pesar de que al ex jefe de Estado lo detuvieron en abril, luego de ser condenado por el juez de Curitiba Sergio Moro y esta sentencia ser ratificada y ampliada meses después, por un tribunal de segunda instancia de Río Grande del Sur. Las escenas en este nuevo juicio no se diferencian de las vistas hasta ahora durante el proceso de impeachment que derribó a la ex presidenta Dilma Rousseff. En el proceso vivido este viernes, apareció la figura de “gran acusadora”: una joven abogada, que en voz fuerte buscó explicar por qué el Partido Nuevo le había encomendado la tarea de pedir al TSE la exclusión inmediata del candidato Lula. Quienes en 2016 atravesaron la etapa del juicio político contra Dilma, recuerdan la presencia también exagerada de la abogada Janaina Paschoal, para quien la ex mandataria había cometido “un atroz delito de responsabilidad administrativa”. Vino luego la defensa de los abogados de Lula que pidieron postergar el juicio. Una vez terminados los alegatos en pro y en contra, habló Barroso que también es ministro de la Corte Suprema. El magistrado prefirió omitir la demanda del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que suspenda la inelegibilidad de Lula y le garantice derechos políticos. De entrada, el magistrado dijo que en este juicio electoral no estaba en discusión la culpabilidad o la inocencia de Lula, acusado por Moro de la compra de un departamento en Guarujá con fondos de la corrupción, sin contar con todos los documentos probatorios. Como los propios fiscales del caso llegaron a declarar, esto fue más producto de la “convicción” que ellos tenían sobre los “delitos” cometidos por el ex jefe de Estado. El juez Barroso decidió no suscribir este viernes la sentencia del magistrado de Curitiba y de sus colegas del tribunal de Porto Alegre. Prefirió mostrarse “exento”, a sabiendas de que se aproxima una nueva apelación y juicio que debería libertar a Lula, pero recién después de las elecciones. También esté empeñado en el rechazo a la “legitimidad” de la candidatura del ex presidente, el ultra Bolsonaro. Este polémico diputado hizo su presentación particular para que el TSE elimine al ex mandatario de las presidenciales. Este hombre, que ha promovido la discriminación sexual y social, que alienta el armamentismo, podrá concurrir sin dificultades al comando del Poder Ejecutivo de Brasil. Justamente, la Corte Suprema tiene en sus manos las denuncias sobre distintos actos delictivos, ya sea por discriminación racial o por ofensas contra la mujer, que son hechos penales. La máxima instancia judicial, sin embargo, decidió dilatar el debate sobre esas ilegalidades recién para después de los comicios. A esto hay que añadir una consecuencia que tendrá el PT. Deberá decidir si estira el caso de la postulación de Lula hasta que falle la Corte Suprema, o si opta por allanar el camino a la presentación de Fernando Haddad, candidato a vice por esa formación. Iría en una fórmula junto con Manuela D'Avila. Preciso es señalar que, anticipándose a este juicio, el propio TSE ya había laudado en este caso: aprobó la candidatura de Haddad como vice y la legitimidad de la coalición “El pueblo feliz de nuevo”, que unió al Partido de los Trabajadores con el Partido Comunista del Brasil y el centrista Pros.
