Los empresarios arrepentidos que se acogieron al blanqueo de capitales están a resguardo de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) les revierta la amnistía fiscal si el juez Claudio Bonadio decidiera procesarlos en la causa que investiga el pago de sobornos en la obra pública por unos USD 200 millones. Las filtraciones periodísticas que apuntaban a que varios de los empresarios arrepentidos caerían bajo un mazazo de la AFIP, con multas millonarias y sanciones, no encuentran un correlato en la ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal, señalaron fuentes del organismo recaudador, que dirige Leandro Cuccioli. "Los eventuales autos de procesamiento en la causa de los cuadernos no afectarán los beneficios entre quienes se sumaron al blanqueo porque la ley no es retroactiva", analizaron en la AFIP. "El perdón fiscal sólo se cae si se ingresó de manera condicional al blanqueo, es decir, si el empresario tenía una causa preexistente por evasión o por otros delitos económicos y ahora es procesado", explicaron. El organismo salió así a ponerle paños fríos al escenario planteado la semana pasada en el que varios grandes empresarios volverían a fojas cero con sus deudas fiscales. Sin embargo, la espada de Damocles podrían ser las dos causas de Odebrecht derivadas del Lava Jato que instruyen los jueces Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi, donde varios de los empresarios arrepentidos que se habrían acogido al sinceramiento fiscal están hoy imputados. La primera es por las dos plantas potabilizadoras de Aysa y la segunda investiga las coimas confesadas en Brasil por el soterramiento del tren Sarmiento. Las filtraciones mencionan al titular de Esuco, Carlos Wagner, a Angelo Calcaterra, ex presidente de Iecsa, y a Luis Betnaza, director del Grupo Techint. "El problema para los empresarios que se sumaron al blanqueo son las causas dormidas que se reactivaron con los cuadernos", dijeron fuentes oficiales, sin dar precisiones –por el secreto fiscal–, sobre quienes ingresaron al blanqueo con causas ya abiertas. Según la ley, el punto de referencia para quedar fuera del sistema es haber sido imputado por algún delito común del orden económico antes del 31 de marzo de 2017 —cuando finalizó el blanqueo— y ser ahora procesado. El Gobierno abrió la amnistía para registrar bienes, efectivos e inmuebles y depósitos en el país o el exterior en 2016 y extendió el plazo hasta marzo del año siguiente. Hubo un blanqueamiento récord de activos por USD 116.800. La AFIP hace tiempo viene investigando "la usina de facturas apócrifas", el mecanismo por el cual se solían pagar coimas en el rubro de las contratistas de obra pública. Y sobre esa industria monitorea a varias empresas antes, incluso, del estallido del escándalo de los cuadernos. En relación a la colaboración del organismo para que la Justicia avance sobre los pagos ilegales al gobierno kirchnerista, señalaron que ya contestaron un oficio sobre empresas y personas físicas imputadas y que actualmente trabajan en otro más amplio. Asimismo negaron de manera enfática que el órgano recaudador hubiera creado un equipo especial para investigar a las empresas sospechadas por coimas. La colaboración se ciñe a remitir toda la información requerida con el máximo de celeridad. SEGUÍ LEYENDO: Un fiscal pidió a Brasil las confesiones de los directivos de Odebrecht que complican a empresarios y ex funcionarios argentinos
