El Gobierno de Mauricio Macri sigue adelante con su cruzada contra la protesta social, bajo el manto de una teórica lucha antiterrorista. El Destape reveló a mediados de julio la creación de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), una estructura bajo la órbita del procurador interino Eduardo Casal, títere de la Casa Rosada. Ese pomposo nombre esconde un caballo de Troya que permitirá perseguir lo que se considere “extremismo violento”. Ahora, este medio accedió a los detalles de esa nueva estructura, que muestra los planes del Gobierno para controlar y perseguir la protesta social. En la resolución que creó esta Secretaría antiterrorista se la justifica con el combate contra el terrorismo internacional y el “extremismo violento”. Cita, para esto, que la “resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace explícito el vínculo entre extremismo violento y el terrorismo, reconoce la necesidad de su prevención y recalca que tales medidas estén en consonancia con las normas internacionales”. La definición de “extremismo violento” que da Naciones Unidas dista mucho de lo que sucede o pueda suceder en Argentina. “El extremismo violento es un fenómeno diverso, sin una clara definición. No es ni nuevo ni exclusivo de ninguna región, nacionalidad o sistema de creencias. No obstante, en los últimos años, grupos terroristas como el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), Al -Qaida y Boko Haram han configurado nuestra imagen del extremismo violento y el debate sobre la manera de abordar esta amenaza”, dice el Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento de la ONU, que refiere todo el tiempo a situaciones de crisis humanitarias y situaciones de intolerancia religiosa o cultural, migraciones de y hacia zonas de conflicto militar y casos similares. Ninguna de ellas ocurre en la Argentina que justifique prevenirlo ni perseguirlo, a no ser que la definición se deforme en base a la mirada importada por Macri y Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad. El Gobierno y el interino Casal desconocen deliberadamente esta situación e insisten en la figura del “extremismo violento que puede conducir al terrorismo”. Los documentos a los que accedió El Destape revelan que esta estructura hará trabajos de inteligencia en las redes. Dice que va a investigar la “Utilización de tecnologías de la información, especialmente Internet (incluida la Deep Web y la Dark Web) para radicalización, adiestramiento y reclutamiento. Vinculación de alias cibernéticos con personas físicas. Propaganda y glorificación: mensajes para contrarrestar su contenido” También habla de “detección temprana de personas vulnerables a la radicalización” y del “Involucramiento de las comunidades primarias (referentes religiosos, jóvenes líderes, programas de empresas, sociedad civil) en la prevención del extremismo violento”. Casal puso al frente de esta estructura a Juan Manuel Olima Espel y a Armando Antao Cortez. Olima Espel hace años que circula por los pasillos de la Procuración pero su terminal es la cúpula conservadora de la AMIA y la DAIA. En su cuenta de Twitter deja claro que su prioridad es el combate al terrorismo y difunde su participación en actividades donde se promueve esta agenda Made in USA e Israel que tanto ceba a la ministra Bullrich. Antao Cortez es un ex secretario del fallecido fiscal Natalio Alberto Nisman en la UFI AMIA. Olima Espel y Antao Cortez dividieron esta oficina en tres áreas: Análisis Jurídico; Financiamiento y Delitos Conexos; y Planeamiento Estratégico. Este documento que hoy publica El Destape afirma que esta nueva estructura es para “facilitar el conocimiento de las razones y motivos por los cuales personas o grupos radicales recurren a la táctica terrorista; desentrañar las vías y tipologías por los cuales tales sujetos y/o organizaciones consiguen financiar esa actividad delictiva y ayudar a determinar la metodología empleada por los terroristas con sus constantes cambios e innovaciones”. Personas o grupos radicales, una definición vaga y amplia que abarca reclamos de pueblos originarios, sindicatos, movimientos sociales o cualquier tipo de organización que proteste. No hace mucho la ministra Bullrich hablaba del peligro que representaba el grupo mapuche identificado como la RAM, presentado como un poderoso enemigo imaginario, y sostenía que los mapuches que reclaman por sus derechos ancestrales eran una amenaza para el país basada en allanamientos que mostraban un potente armamento que consistía en herramientas y celulares fuera de moda. Esta nueva estructura, según el documento al que accedió El Destape, “mantendrá actualizada y analizará una completa base de registros de causas que contengan indicadores específicos que podrían advertir la presencia de complots terroristas”. Olima Espel y Antao Cortez revisarán la adecuación del país a los estándares internacionales en materia antiterrorista. El documento también propone modificaciones en la seguridad migratoria y la adopción del Programa Global Shield, un programa para evitar el tráfico de precursores químicos que se utilizan para la confección de artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés). Otro de los apartados es sobre “Combatientes terroristas extranjeros”. El documento detalla: “Regreso de combatientes de zonas de conflicto y su reubicación. Enjuiciamiento en su lugar de residencia. La problemática de los actores solitarios, de los llamados ‘Home growth terrorist’ y la segunda generación de inmigrante”. Todas problemáticas que no existen en Argentina, a no se que se considere terroristas extranjeros a los hijos de inmigrantes de países limítrofes. También planean trabajar es la protección de los derechos de las víctimas de atentados. El interino Casal, punta de lanza de Macri en este proyecto, plantea: “Reconocimiento de sus derechos y necesidades. Sus voces como forma de concientización. Habilitación de una plataforma desde donde puedan expresarse y hacerse escuchar. Modos de reparación integral”. Lo contradictorio es que proviene del mismo Gobierno que va a contramano de estas ideas en su relación con los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Entre otras decisiones, Macri ordenó salvar a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el jucio por el encubrimiento de la investigación del atentado y, en la Procuración, el interino Casal desarmó la UFI AMIA con los traslados de los fiscales Santiago Eyherabide y Leonardo Filippini. El documento de esta estructura antiterrorista plantea: “Convocatoria a una mesa de coordinación interinstitucional para el diseño y puesta en práctica de una estrategia nacional de prevención y lucha contra el extremismo violento y el terrorismo internacional que concentre esfuerzos y recursos en prevenir, adelantarse y proteger a la sociedad de este tipo de manifestaciones delictivas, asegurando su coordinación y coherencia”. Luego, aclaran: “Para mayor precisión, ‘Prevenir’ significa contrarrestar la radicalización y el reclutamiento y el desbaratamiento de la intención de aquellos grupos o personas que quieran cometer o apoyen actos terroristas”. El contexto de la creación de esta Secretaría antiterrorista no pasa desapercibido. Por un lado, la aplicación de la doctrina Made in USA del enemigo interno en las semanas previas a la cumbre del G-20. Por el otro, también juega la interna de la Procuración, en la semana en la que sigue el tratamiento del pliego de Inés Weinberg de Roca, la postulanta de Macri para reemplazar al interino Casal. Weinberg de Roca tuvo un primer paso cómodo por el Senado, pero esta semana empieza a definirse en serio su futuro. El interino Casal no es ajeno a esto, y su sumisión a la doctrina Bullrich aparece como una señal de que desea quedarse o con su cargo actual o, como plan B, con esta Secretaría antiterrorista. A finales de 2017, cuando se conoció esta iniciativa hubo fuertes críticas. “Quieren crear una nueva estructura dedicada al ‘terrorismo’ en el Ministerio Público Fiscal. Sabemos contra quien la van a utilizar, ¡Basta de criminalizar la protesta social!”, advirtieron desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). En su cuenta de Twitter, Myriam Bregman recordó: “Cuando en 2016 se trató ley de reforma del Ministerio Público Fiscal querían crear una Subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EEUU y su llamada ‘política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del Procurador interino” Cuando Casal creó esta Secretaría antiterrorista estableció: “La Secretaría funcionará dentro de la Procuración Fiscal Penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a la especialidad de la materia y a la circunstancia de que dicha área ha intervenido en las causas relativas a los atentados terroristas sufridos en territorio de la República, ya sea representando a este Ministerio Público en el proceso de jurisdicción originaria que tiene por objeto el atentado a la Embajada de Israel, o bien en la última etapa recursiva de las causas vinculadas al ataque a la sede de la AMIA, a lo que se agrega la colaboración con la Unidad Fiscal especialmente creada para su investigación, en razón de los numerosos puntos de contacto objetivos y subjetivos existentes entre ambos atentados”. El impacto de esta decisión excede por lejos las atribuciones de un procurador interino, además de que crea una Fiscalía antiterrorismo ante la Corte Suprema, algo también extraño. Sobre esto último, el derrotero personal del interino Casal explica bastante. Casal fue procurador ante la Corte Suprema e intervino en la investigación por el atentado a la Embajada de Israel en 1992. En la resolución de diciembre de 2017, cuando empezó a darle forma a esta idea, dio cuenta en primera persona de este hito en su carrera. Lo que no mencionó fue que esa causa al igual que el atentado a la AMIA, nunca se dilucidó y generó uno de los mayores papelones de la historia judicial argentina cuando, en la apertura del año judicial de 2015, el supremo Ricardo Lorenzetti aseguró erróneamente que era “cosa juzgada”. El interino Casal, como fiscal del caso, parece que no aportó mucho.
