El allanamiento a la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner en Uruguay y Juncal llevaba algo más de diez horas al cierre de esta edición y hasta ese momento la Policía Federal no había encontrado nada. Había empezado pasadas las 12 del mediodía, cuando el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, abrió la puerta al equipo de agentes con trajes blancos y azules. Como es habitual en este tipo de situaciones, el defensor se quedó a presenciar el procedimiento e incluso acompañó a los policías en una primera recorrida por el departamento que fue filmada. Cuando llegaron a la cocina, sonó el teléfono del jefe del operativo y llegó la orden desde el juzgado de Claudio Bonadio de que Beraldi se retirara. Sorprendido, pidió que verificaran la información ya que estaban contrariando las normas procesales, pero le insistieron en que abandonara el lugar y se llevara sus efectos personales. Hoy –anunció– pedirá la nulidad de lo actuado, y denunciará penalmente al juez y pedirá su juicio político ante el Consejo de la Magistratura. También se hizo un allanamiento en un inmueble en Río Gallegos, donde fueron llevados como testigos a dos integrantes de un colectivo de jubilados que acompañó la campaña de Cambiemos el año pasado. Allí en tres horas y media fue revisado el lugar, de donde la policía salió con algunas cajas con elementos incautados. Queda pendiente el allanamiento a la casa de El Calafate. Quedó a la vista que todo el despliegue estuvo pensado en función de los medios: el allanamiento comenzó exactamente a la hora de los noticieros del mediodía y, como se presuponía que no habría ningún hallazgo escandaloso, se extendió hasta después de los noticieros de la noche. Mientras tanto, a lo largo de las horas, se mezclaban vecinos y transeúntes curiosos, algunos enojados, con gente que iba a dar apoyo a CFK. Cuando llegó el equipo policial le leyeron a Beraldi la orden firmada por Bonadio, que decía que buscaban agendas, teléfonos celulares, dispositivos informáticos y elementos de valor en general. También fueron llevados dos testigos, algo obligatorio. No había nadie del juzgado ni de la fiscalía en el lugar. Hacia la noche, en la Policía Federal atribuían la extensa duración del procedimiento al uso de scanners y un baroscopio (o baróscopo). Este último cumple la misma función que un endoscopio en medicina y se suele usar en la industria automotriz, naval y aeronáutica para inspeccionar zonas o cavidades de difícil acceso, con ayuda de una luz blanca, y mostrar las imágenes en una pantalla. Había varios equipos trabajando (unas treinta personas en total): Policía Científica, perros detectores de dinero, bomberos, agentes de Operaciones federales que inspeccionan y documentan todo en actas. También hubo peritos tasadores de cuadros y alhajas, del Banco Ciudad. –Lo que usted está haciendo es ilegal –le dijo Beraldi al policía que anunció que debía irse del departamento y no podría presenciar el procedimiento. –Es la indicación que tenemos–, respondió el agente, después de la llamada del juzgado. Más tarde, Beraldi explicaría el tenor de la irregularidad. “Primero, esto es un alzamiento contra la Cámara de Senadores, donde se discutió específicamente la cuestión de la presencia del abogado, y el senador Miguel Angel Pichetto dijo que no hace falta aclarar algo que prevé la ley”, señaló el jurista. Luego recordó que hay dos artículos específicos del Código Procesal Penal que explican por qué señala como una ilegalidad el hecho de que lo hayan sacado del inmueble. “El artículo 200 dice que los defensores podemos estar en los allanamientos y el artículo 228 establece que la persona que está en el domicilio y es notificada cuando llega la policía es invitado a presenciar el registro del lugar”, precisó a PáginaI12. “Está claro que han ido a humillar a la ex presidenta” y “quieren hacer cosas con la impunidad que sienten hoy”, agregó. “Voy a denunciar a Bonadio y a pedir el juicio político porque impedir la presencia del abogado atenta contra las normas. En el Consejo de la Magistratura quedará en evidencia si el Poder Ejecutivo y el oficialismo lo protegen”, subrayó, y agregó que denunciará al juez por abuso de autoridad y planteará la nulidad del operativo. Como es conocido, el juez Bonadio le imputa a CFK ser jefa de una asociación ilícita organizada para recaudar fondos ilegales y destinarlos a enriquecimiento personal y a la comisión de otros delitos. En un comienzo se basó en anotaciones de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta (el número dos del Ministerio de Planificación) y a través de esos relatos la vincula con supuestas entregas de dinero, en ocasiones a través del fallecido secretario Daniel Muñoz, en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Luego, cuando Claudio Uberti –ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales– declaró como imputado arrepentido, ofreció un relato donde dijo que un día que subió al departamento de los Kirchner en Recoleta y había 20 valijas supuestamente con plata apiñadas en el palier y el dormitorio. Agregó que ese dinero viajaba a Santa Cruz en el Tango 01 y era llevado a la casa de la familia Kirchner en Río Gallegos “donde se encontraban bóvedas que había comprado al banco hipotecario”, según declaró. Uberti hizo más referencias específicas a dinero que recibía de los concesionarios viales, 150.000 dólares, pero también relató que cuando debía entregar sumas grandes no lo hacía por sí mismo sino a través de Muñoz. Una propiedad en Río Gallegos también fue allanada ayer y se desató un escándalo cuando se supo que los testigos que fueron llevados para presenciar la inspección eran Lucila Hernández y Enrique Bavera, quienes ingresaron a la casa de Mascarello 441 a las 14.45, y no pasaron inadvertidos porque se trata de activistas de la organización Jubilados Unidos, que cuestiona al gobierno provincial y está alineada abiertamente con Cambiemos, para la que hizo compaña en 2017 y también se difundieron imágenes que los muestran en las movilizaciones por el desafuero de la ex mandataria. Este procedimiento duró algo más de tres horas y media y se vio salir a los policías con cajas con objetos incautados, aunque no se conoció el resultado al detalle. En el departamento de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta última hora los policías no habían hallado nada relevante. Hoy se haría el tercer allanamiento, en una casa de El Calafate. Todavía la Cámara Federal no resolvió los planteos de nulidad, litispendencia y recusación (del juez y el fiscal) que hizo la ex presidenta el día que se presentó a la indagatoria. Ese tribunal resolvió esta semana, a tono con la fiebre mediática por los cuadernos, rechazar todos los planteos de excarcelación, tanto de ex funcionarios como de dos empresarios que se niegan a ser “colaboradores” y delatar entregas de dinero ilegal. La tónica de la Cámara, de acuerdo a esa decisión de mantener presos a los imputados que no se arrepienten, también implica un respaldo a la controvertida actuación de Bonadio.
