La expresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio sobre la investigación de los "cuadernos del chofer" con una carta donde apunta contra lo que denominó "un verdadero menú de arrepentidos", en especial contra el empresario Gabriel Romero. "He decidido no hacer comentarios sobre remiseros “arrepentidos” que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también “arrepentidos”, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio", comienza el contundente escrito que la senadora publicó en su propia web y difundió por redes sociales. En ese sentido, CFK señaló que, no obstante, tiene "la obligación" hablar sobre el empresario Gabriel Romero, quien se sumó a la lista de "arrepentidos" afirmando que pagó por un decreto presidencial. "Sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación", disparó en su escrito. Y denunció: "El evidente manejo extorsivo de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas". En la carta, Cristina explicó al detalle el seguimiento del caso de Romero y señaló que al momento de renegociar la concesión con Hidrovía S.A. "la aplicación de las normas en materia de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) convertía a la empresa en gran deudora de la AFIP por la liquidación de dicho tributo". "La empresa sostenía que la normativa estaba mal aplicada en el caso particular de su actividad. Durante el año 2008, siendo ya presidenta, le manifesté al Sr. Romero que ese problema no se podía solucionar en el ámbito del Poder Ejecutivo porque la AFIP no iba a hacer ninguna interpretación que implicara condonar una deuda. Le dije que yo no iba a firmar absolutamente nada sin la intervención del Congreso porque se trataba de materia impositiva", reveló. El conflicto fue finalmente tratado por la Ley 26.453 de 2008, que fue votada por unanimidad. La misma permitía una forma de liquidación del IVA para el caso de concesiones de dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables. La ex presidenta repasó todos los pasos legales que siguió el tratamiento del caso de Hidrovía y destacó que "la aprobación del Congreso de la Nación era condición imprescindible para la ratificación del Acta Acuerdo. O sea, sin Parlamento, no había decreto". "Mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto", resaltó.
