La confesión del titular de Hidrovía S.A. Gabriel Romero, es clave no solo para el caso de los cuadernos de las coimas sino para la causa en que se investigaba irregularidades en esa polémica concesión. Romero confesó este jueves en su indagatoria, al acogerse al régimen del arrepentido, que "pagó sobornos por el decreto 113/2010", dijo una fuente judicial a Clarín. Ese decreto fue firmado por Cristina Kirchner en el 2010 y prorrogó sin licitación la concesión para esa empresa hasta el 2021, lo que complica más la situación judicial de la ex presidenta. Con esa decreto se definió el negocio del drenaje y el cobro de peajes a todos a todos los buques que entran por el canal Mitre a Rosario y luego siguen hasta Asunción y es multimillonario. La trama de un negocio con el Estado. En el 2001, el ex presidente Eduardo Duhalde permitió seguir cobrando el peaje en dólares, pese a que había pesificado toda la economía tras las salida de la convertibilidad. Desde ese momento la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, hizo varias denuncias sobre todo porque sospecha que un sector del radicalismo le da respaldo político a Romero. Antes que Carrió, en el 2010, el abogado Francisco Pizarro Posse hizo una denuncia penal contra el consorcio Hidrovía S.A. La firma está en manos de Romero y la compañía belga Jan de Nul. Romero tenía muy buenos vínculos con el Gobierno K. En el 2009, Romero participó de una cena de empresarios con Cristina en Olivos. De Nul estuvo investigado por la Justicia en Bélgica por corromper a un funcionario. Pizarro Posse fue el denunciante que originó este expediente que lleva más de 15 años en Tribunales. En el 2010, Pizarro Posse -hoy fallecido- se presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral solicitando se suspendan las obras hasta que se esclarezcan los nuevos hechos denunciados. Sin embargo, luego de un complejo proceso de renegociación, Cristina Kirchner firmó el decreto 113/2010 y sin mediar licitación, como corresponde en estos casos, le otorgó a Hidrovías S.A. un tramo muchísimo mayor -1100 km- para ampliar los canales hasta llegar a Asunción y le prorrogó la concesión ocho años más, hasta el 2021. Cristina había dicho que fue a cambio de que la empresa renunciara a juicios contra el Estado. Desde los noventa, ninguna empresa pudo competir con Hidrovía S.A. Se trata de un negocio enorme. En 2009, por ejemplo, se exportaron 18 mil millones de dólares de cereales desde esa vía concesionada por donde pasa alrededor del 80% de las exportaciones agropecuarias del país. Según, el denunciante Hidrovía tuvo entre el 2007 y el 2009 “una ganancia anual de 120 millones de dólares”. Además, el abogado había pedido a la justicia que investigue por qué la empresa “cuadriplicó sus gastos en honorarios” en sus balances porque sospechaba que encubrían sobornos. Por ejemplo, en el 2007 dijo que gastó 60 millones en ese rubro. Con el decreto de Cristina, el Estado le dio a Hidrovía, además, un subsidio total de U$S 112.500.000 en tres años para ayudar en la ampliación de la primera etapa de dragado del canal (que va desde Santa Fe a Confluencia). Además, del peaje que le cobra a los buques de ultramar por transitar por el canal. El denunciante dice que Hidrovías lo aumentó en un “81 % en dólares”. Todo el proceso de renegociación fue impugnado en 2009 por Eduardo Mondino cuando era Defensor del Pueblo de la Nación en un durísimo informe. Una seguidilla de revisiones, modificaciones y prórrogas del contrato -desde 1995 a esta parte fue objetada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Oficina Anticorrupción (OA) que se presentó como querellante. En 2005, quien era el titular del organismo, Abel Fleitas de Rozas, había sostenido que “esta licitación estuvo armada para beneficiar al consorcio que resultó ganador”. Además, la oposición no avaló el acuerdo en el Congreso. La causa judicial tuvo un destino errante: se abrió en 1995 denunciando una maniobra que incluía la ampliación de la concesión apenas comenzada la obra; la dolarización de la tarifa con un decreto que contradecía la ley de pesificación post crisis de 2001, y la falta de constitución del ente regulador del servicio. En un trámite veloz, Canicoba Corral sobreseyó a todos los empresarios y funcionarios denunciados pero el fiscal Gerardo Pollicita apeló la medida basándose justamente en la premura de la decisión. La sala II de la Cámara Federal ordenó en 2005 la reapertura y pocos meses después Canicoba citó a funcionarios menemistas. Sin embargo, en el avance del trámite, el caso volvió a Cámara donde se dictó la falta de mérito para los involucrados pero los imputados de Hidrovía decidieron ir a la Cámara de Casación, para conseguir el sobreseimiento. Luego, paradojicamente el mismo el juez federal Claudio Bonadio pidió en el 2010 a la Cancillería que envíe un exhorto para preguntar si existen en bancos de Dubai y la isla Mauricio cuentas de la empresa belga Jun De Nul, como paso previo a un eventual pedido de levantamiento del secreto bancario de ambas. Es que el abogado Pizzarro Posse había afirmado en una denuncia judicial que desde esas supuestas cuentas se habrían pagado sobornos a funcionarios encargados de la Hidrovía desde 1993 a la fecha. Bonadio también solicitó al Ministerio de Planificación Federal el expediente por el cual el Gobierno amplió la concesión desde Rosario hasta Asunción sin llamar a licitación pública. Además, el juez tomó declaraciones testimoniales a los funcionarios que, por el Estado, intervinieron en la negociación y también a los ejecutivos de Hidrovía, informaron fuentes judiciales.
