Si los dichos de Claudio Uberti, Carlos Wagner y Aldo Roggio respecto del funcionamiento de la máquina de la corrupción durante los gobiernos kirchneristas fueran corroborados por la Justicia, la Argentina avanzaría unos cuantos puestos en el ominoso ranking de los países más corruptos del mundo, que probablemente integra ya desde hace décadas. Por razones obvias, vinculadas con la clandestinidad de las maniobras, la corrupción es difícil de medir. Además, sus costos económicos y sociales ocultos exceden en mucho la simple suma aritmética de los sobornos que se pagan. Los costos económicos incluyen distorsiones de todo tipo, mientras que los sociales suelen implicar violaciones graves de derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables (mujeres, pobres, pueblos originarios, personas privadas de su libertad, etcétera), pues se trata de víctimas fáciles, con reducidas posibilidades de acceso a la justicia y con urgentes necesidades de bienes, servicios y obras públicas. Sin embargo, los activos que se encuentran cuando los líderes cleptocráticos dejan el poder, los cálculos que se formulan en causas penales domésticas y los acuerdos de colaboración que firman las empresas multinacionales ante las autoridades de países centrales para reducir las multas que deberán pagar, permiten construir un ranking aproximado de algunos de los mayores casos (en montos ilegales) desde los años 60' hasta la actualidad. De menor a mayor, allí encontramos el caso de Nicolás Ceașescu, presidente de Rumania de 1967 a 1989, a quien luego de 22 años en el poder se le calculó una fortuna de $500 millones de dólares escondida en banzos suizos. En el puesto N° 9 aparece Saddam Hussein, presidente de Iraq entre 1979 y 2003, que en 24 años amasó alrededor de $800 millones de dólares, también girados a entidades financieras suizas. El dictador iraquí comparte podio con Odebrecht: en 2016 la empresa reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que entre 2001 y 2016 pagó $788 millones de dólares en coimas en relación con cien contratos en doce países, principalmente de América Latina. Octavo encontramos el caso Lava Jato, que implicó la extracción de entre $1.400 y $2.000 millones de dólares de la empresa estatal Petrobras (aunque los costos para las acciones de la compañía y para la economía y la democracia de Brasil fueron obviamente mucho mayores). Ocupa el puesto N° 7 Isabel dos Santos, la megamillonaria empresaria e hija de José Eduardo dos Santos (presidente de Angola entre 1979 y 2017), cuya fortuna se calcula en $3.500 millones de dólares. En el puesto N° 6, comparten podio con $4.000 millones de dólares el ex dictador nigeriano Sani Abacha, presidente durante apenas cinco años (de 1993 a 1998), y el famoso caso Mani Pulite, que movió esa cantidad de dinero en coimas durante los años 80 y comienzos de los 90 en Italia. Para concluir la mitad inferior de la tabla aparece, en el puesto N° 5, Mobutu Sese Seko, el dictador que goberno Zaire (ex Congo) durante 32 años (entre 1965 y 1997), a quien se le calculó una fortuna de $6.000 millones de dólares escondida en bancos suizos. La parte alta de la tabla arranca con Zine el-Abidine Ben Ali, presidente de Túnez (1987-2011) en el puesto N° 4. De acuerdo con las investigaciones locales, en especial las vinculadas al recupero de los activos, en 24 años Ben Ali amasó alrededor de $13.000 millones de dólares. Luego encontramos a Haji Mohammed Suharto, presidente de Indonesia de 1967 a 1998 (el que más tiempo gobernó luego de Mobutu), cuya fortuna ilegal se calculó entre $15.000 y $35.000 millones de dólares. Ocupa el puesto N° 2 el ex dictador egipcio Hosni Mubarak, quien gobernó el país entre 1981 y 2011, y que habría extraído rentas ilegales de entre $40.000 y $70.000 millones de dólares. Y, finalmente, se lleva la medalla de oro de la corrupción Ferdinand Marcos, presidente de Filipinas de 1965 a 1986, a quien se le estimó un patrimonio de entre $35.000 y $100.000 millones de dólares, y que pasó a la fama porque, según dijeran algunos de sus colaboradores, se llevó lingotes de oro del tesoro de su país valuados en $35.000 millones de dólares. Con Filipinas compartimos, además de la tabla de los mayores casos de corrupción del mundo, la colonización española y el híperpresidencialismo, régimen que exacerbó los poderes del sistema presidencial norteamericano y que es especialmente significativo a la hora de reflexionar sobre los déficits institucionales que explican nuestra corrupción estructural. ¿Adónde ubicar, entonces, los doce años de kirchnerismo? Aunque nadie más que Amado Boudou, Ricardo Jaime y otros funcionarios menores han sido hasta ahora condenados, la causa de "los cuadernos" y, en particular, las declaraciones como imputados colaboradores de empresarios ligados a la obra pública y al transporte, así como del otrora poderoso funcionario Claudio Uberti, permiten hacer algunos números a mano alzada. Así, por caso, de acuerdo con trascendidos periodísticos, Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, habría declarado que a partir de 2004 se empezó a pagar entre el 10 y el 20% en retornos de la obra pública. De ser ello cierto, el porcentaje debería estimarse sobre los más de $100.000 millones de dólares que manejó por obra pública el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015, con lo que las rentas ilegales rondarían, como mínimo, los $10.000 millones de dólares (sólo por obra pública). A ello habría que agregar los retornos de otras "unidades de negocios", como los subsidios. De acuerdo con los medios, el empresario Aldo Roggio habría reconocido que pagaba el 5% de coimas sobre el total de subsidios al transporte que recibía su empresa Metrovías (concesionaria del tren Urquiza y del subterráneo de Buenos Aires). Al respecto, un estudio del CIPPEC elaborado en 2012 estimó que los subsidios totales al transporte ascendieron a $17.000 millones de pesos en 2011, lo que equivale a alrededor del 1% del PIB y del 30% del gasto total en subsidios del Estado nacional y significa que el gasto en subsidios aumentó más de cuatro veces (415%) como porcentaje del PIB entre 2005 y 2012. Específicamente en el área de ferrocarrilles privados, información publicada por el Ministerio de Transporte da cuenta de que el gasto en subsidios fue de poco más de $510 millones de pesos en 2012, pero que aumentó cada año hasta llegar a duplicar ese valor en 2015. Y en colectivos, otro sector que también está siendo investigado por la Justicia en otras causas de corrupción, los subsidios entre 2005 y 2015 fueron de $150.000 millones de pesos. Si pensamos en otras áreas aún no exploradas en detalle, como la energía, así como en los corredores viales de los que diera cuenta Uberti, no es aventurado imaginar que la era kirchnerista pudo habernos hecho avanzar varios puestos en la tabla de los mayores jugadores de la corrupción global. Ello no debiera sorprender. Como dije aquí, a partir de 2003, la máquina de la corrupción que venimos construyendo desde épocas fundacionales, primero como un sistema de captura de Estado y luego, durante el menemismo, como un monopolio bilateral, se movió decididamente hacia el extremo cleptocrático, el mismo que ensayaron Rosas y los caudillos a mediados del siglo XIX. Y la cleptocracia, desde luego, no funciona igual en el marco de un sistema nominalmente democrático que en una dictadura africana, pero se le parece bastante.
