1. CFK dice que vive una persecución política desde el 10 de diciembre del 2015. Agrega una barbaridad: compara su situación procesal con las épocas en la que estaba suspendida la Constitución Nacional, o sea, la dictadura. La verdad: Claudio Bonadio la investigó antes de que deje el poder. Por ejemplo, en la causa Hotesur. CFK intentó apartarlo siempre de todas las investigaciones. La Argentina vive en democracia y se respetan los tres poderes. Una prueba: los presos con preventiva de la causa del Memorando con Irán, quedaron libres por decisión de la Cámara Federal. 2. CFK pide que la causa vaya al juzgado 10, de Julián Ercolini. Y que una vez en ese juzgado, contestará. Pero inmediatamente responde: niega todos los hechos. 3. Dice que la causa es de gravedad institucional. La verdad: Es cierto. Pero agrega que agotará todas las instancias judiciales internas, e incluso dice que irá a organismos internacionales de DDHH. Qué significa: no se quitará los fueros, como alguna vez hizo Eduardo Angeloz con ella en el Senado, para que la investiguen sin privilegios. Angeloz fue sobreseído y ahí volvió a pedir los fueros. Un grupo de seguidores de la ex presidenta en la puerta de su casa en Recoleta. Foto: Federico López Claro. 4. Dice que la causa “Los Sauces” es melliza a “Hotesur”. Y afirma que por esto le quitaron la causa a Bonadio. Argumenta como parte del complot en su contra que se hayan tomado medidas procesales contra sus dos hijos, Máximo y Florencia. La verdad: Le quitaron la causa Hotesur a Bonadio y Los Sauces también. El juez Julián Ercolini elevó la causa Los Sauces a juicio oral después de un dictamen lapidario de los fiscales Pollicita y Mahiques. Los mismos fiscales pidieron elevar la causa Hotesur también a juicio oral. Sus hijos están complicados en esos dos juicios porque forman parte de las empresas de su madre y cometieron irregularidades, según entendieron dos jueces, y tres fiscales. 5. Dice que Bonadio cometió contra ella actos ilegales, dicto prisiones preventivas ilegitimas, etc. Acusa a Bonadio de intentar que no asuma en su banca de senadora. La verdad: Ningún tribunal de alzada determinó que las medidas tomadas en las causas en su contra fueron irregulares o ilegítimas. Bonadio pidió su desafuero por la causa de la denuncia original de Nisman. Es decir, ya era senadora nacional cuando eso ocurrió. 6. Dice que existía desde hacía años una causa en su contra por asociación ilícita vinculada a los negociados de sus funcionarios y empresarios amigos. Asegura que se había comprobado la “inexistencia” de delito. Ella acusa, sin ninguna prueba más que sus palabras, que todas las causas que más la comprometen fueron impulsadas por Mauricio Macri. La verdad: Esa causa existía desde hacía años, fue impulsada por Elisa Carrió. A partir del cambio de Gobierno, llegó al juzgado de Ercolini y la fiscalía de Pollicita documentación pública de Vialidad Nacional, entonces al mando de Javier Iguacel, que antes estaba bloqueada por el Gobierno K. Eso permitió destrabar el expediente. La ex presidenta sale de declarar en Comodoro Py en la causa de los cuadernos. 7. Sin dar pruebas, siembra sospechas sobre los cuadernos de Centeno. Lo llama “ex militar”, y a Bacigalupo, el policía que le entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot, de La Nación, lo llama “ex policía federal”, y dice que tiene un “odio acérrimo” hacia el peronismo, y que justifica los crímenes de lesa humanidad. En un acto de desprecio por el periodismo, describe a Diego Cabot y los dos periodistas de La Nación que trabajaron sobre los cuadernos de Centeno, como un “grupo de tareas”, en obvia alusión a las bandas de la dictadura militar que secuestraban gente, la mataban, o torturaban en centros clandestinos de detención donde además se robaron bebés de madres y padres desaparecidos. La verdad: Centeno es un ex militar. Bacigalupo es un ex policía federal. A la Justicia no le interesan la ideología o los motivos por los que los cuadernos llegaron a la fiscalía de Carlos Stornelli, si no que lo que decían sea probado. Centeno, chofer de una de las personas de su mayor confianza, Roberto Baratta, admitió que esas anotaciones eran suyas. Bacigalupo, Cabot y el resto de los periodistas de La Nación ratificaron bajo juramento que tuvieron en sus manos los cuadernos originales. Ni Cabot ni ningún periodista de La Nación es un “grupo de tareas”. Hicieron su trabajo. 8. Acusa a Stornelli y Bonadio de no haber sorteado la causa que se originó por los cuadernos de Centeno. Y dice que entre los “arrepentidos” se encuentra Ángelo Calcaterra, primo del Presidente, beneficiario de obra pública de su gobierno, a quien además llama un “privilegiado”. Da a entender que Stornelli excarcela a arrepentidos que solo avalen su hipótesis judicial. La verdad: Bonadio y Stornelli creen que la causa de los cuadernos es un expediente “conexo” al que investigaba la compra con sobreprecios de gas licuado por parte del Gobierno K. Será la Cámara Federal la que determine si la causa “conexa” de Centeno debe ser investigada por Bonadio y Stornelli. El fiscal le ofreció la posibilidad de acogerse a la figura de arrepentido a todos los presos de la causa. Ninguno de los ex funcionarios K se animaron a contar lo que sabían a cambio de la libertad. Los “arrepentidos” salen en libertad, pero deben probar que sus declaraciones son ciertas. Si no lo son, pueden ir presos hasta ocho años. 9. Dice que “resulta absurdo hacernos creer” que en un país presidido por Mauricio Macri , hijo de Franco, primo hermano de Calcaterra y hermano del alma de “Nicky” Caputo , todos ellos la “quintaesencia de la patria contratista”, haya “sido Néstor Kirchner quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década los 80”. Y agregó que es “insólito” que “puedan hacerse aparecer a empresarios como las víctimas de tales prácticas”. Pide también que se investiguen los contratos de obra pública en la ciudad de Buenos Aires. La verdad: Quien “confesó” que los Kirchner impusieron un nuevo sistema de “cartelización” del “club de la obra pública” fue uno de los empresarios favoritos de los Kirchner, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Cuando empezó la última dictadura, en marzo de 1976, Mauricio Macri tenía 16 años. Caputo también. Franco puede haberse beneficiado con negocios de contratos públicos con la dictadura, pero hoy no es investigado por la Justicia por esa cuestión. Y Cristina Kirchner no impulsó ninguna causa en su contra por eso. Al contrario, durante la era K las empresas de Macri fueron beneficiados con contratos estatales por el Gobierno de quien los acusa de ser cómplices de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y el resto de dictadores que abolieron los derechos constitucionales desde el 76 al 83. El resto del escrito de CFK hace alusión a varios y múltiples críticas procesales y jurídicas al expediente de Bonadio y Stornelli. Serán analizadas por otras autoridades del Poder Judicial de la Nación. En democracia.
