Aldo Roggio, el dueño de la constructora que lleva su nombre y de Metrovías, está citado para presentarse hoy ante el juez Claudio Bonadio para homologar el acuerdo que realizó el viernes pasado cuando declaró como "arrepentido" en la causa en que se investiga una cadena de recaudación ilegal de fondos del kirchnerismo . Además ayer se confirmó otro empresario dispuesto a colaborar con la investigación. Se trata de Juan José Chediack, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Fue mencionado en el expediente por quien fuera titular del organismo Carlos Wagner como integrante de la red de empresarios cartelizados que se dedicaba a repartirse los contratos de obra pública . Chediack ya dio una primera versión ante el fiscal Carlos Stornelli donde admitió la comisión de un delito y aportó información. Ahora, el juez federal Claudio Bonadio debe decidir si homologa ese acuerdo al que llegaron el empresario y el fiscal. Chediack llegó a los tribunales acompañado de su abogado, Pablo Lanusse, que se mantuvo hermético sobre las razones de su presencia en Comodoro Py 2002. Chediack dio detalles de su relación con el kirchnerismo y las coimas. Hoy se sabrá si para el juez Bonadio es suficiente como para aligerar su situación procesal. En tanto hoy, el juez también espera al empresario Aldo Roggio. El hombre de negocios declaró el viernes de la semana pasada por la mañana. Admitió en la fiscalía de Carlos Stornelli que realizó "pagos aislados", pero dijo que lo hizo "bajo presión" y que se trataron de aportes para la campaña electoral. Habló de que hubo erogaciones de unos 100.000 dólares en cada pago que tenían un destino electoral, expresó. Admitió que esas colaboraciones eran en negro. Roggio aparece mencionado en los cuadernos en los primeros años del registro que llevaba el chofer de Roberto Baratta , Oscar Centeno. Se lo menciona en reuniones de las que tomó nota el chofer. Habló de una reunión de la que participaron Roggio, Baratta y Rafael Llorens, el jefe de asuntos jurídicos del Ministerio de Planificación. Roggio declaró el viernes de la semana pasada a la mañana. Entre ese día y hoy cambiaron las cosas. El principal cambio fue la declaración que realizó Carlos Wagner, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que describió la existencia del "club de la obra pública", es decir, un sistema de cartelización de los constructores de la Argentina para repartirse las licitaciones, hacer pagos y formar precios. Ahora, el juez Bonadio debe decidir si lo que declaró Roggio el viernes y el acuerdo al que llegó con el fiscal Carlos Stornelli tienen el mismo valor que le adjudicó el funcionario judicial en ese momento. Además de esta causa, Roggio enfrenta otros problemas judiciales: el juez Sebastián Casanello lo procesó por la UTE que integró su empresa con Odebrecht para la construcción de una planta para AySA con sobreprecios. Hasta ahora son ocho los empresarios arrepentidos: Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa; el ex-CEO de la empresa Javier Sánchez Caballero; el extitular de Isolux Juan De Goycoechea; Wagner; el gerente general de Electroingeniería, Jorge Neira; Armando Loson, de Albanesi; Héctor Zabaleta, de Techint, y Claudio Glazman, de la Sociedad Latinoamericana de Inversiones. Fue titular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2014 y 2016. Había sido mencionado en la confesión ante el juez de Carlos Wagner, quien también había ocupado la titularidad de la cámara
