Tras el silencioso archivo de la denuncia por mal desempeño contra el juez federal Ariel Lijo en el Consejo de la Magistratura -dispuesta esta semana inesperadamente- la diputada Elisa Carrió volvió a la carga, y denunció ante la justicia al magistrado, a su hermano y conocido operador judicial Alfredo, al ex ministro de Planificación Julio De Vido como supuestos integrantes de una asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. La denuncia también apunta al ex secretario de De Vido José María Olazagasti, al ex camarista federal Eduardo Freiler y a Ernesto Chalabe, Roberto Vignati, Gustavo Cinosi, Silvana Andrea Stochetti, Marcelo Rochetti. Este último nombre incluye un dato político clave: se trata del jefe del Gabinete del ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, supuesto socio de "Fredy" Lijo en una sociedad de seguros llamada Caledonia. Para la diputada de Cambiemos, "el ex ministro de Planificación Julio De Vido era el jefe y en el que Alfredo Lijo era el organizador, es decir, el articulador entre los dos sectores que conformaban la banda: el sector de algunos jueces y fiscales a los que tenía especial acceso a partir de la relación con su hermano, el juez Ariel Lijo, y los empresarios o funcionarios que requerían de sus servicios para la obtención de beneficios procesales en la causas judiciales", dice su denuncia. Según afirma el texto, Carrió acompaña la denuncia con un supuesto audio en el que Alfredo Lijo admitiría que él “iba a Tribunales a llevarle plata a uno, a otro", lo que según la líder del ARI demuestra el tráfico de influencias. "La asociación ilícita habría pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios. Del relato de los hechos resulta claro que Alfredo Lijo habría incrementado su patrimonio de manera ilícita y, en segundo lugar, habría introducido esos activos a través de distintos mecanismos de lavado de dinero". Pese a la enumeración de personas denunciadas, la diputada no descarta que haya más personas que hayan colaborado con esta supuesta estructura ilegal montada en los tribunales aparentemente para garantizar impunidad a los autores de otros delitos dentro del gobierno kirchnerista, y pide que para verificarlo se analicen los "estados contables, vinculaciones, cuentas bancarias y colocaciones en instituciones nacionales y extranjeras, monto de adquisición de bienes inmuebles, embarcaciones, aeronaves y automotores" de los denunciados. Respecto a Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel y reiteradamente señalado como un "facilitador" en Comodoro Py, recuerda que fue empleado estatal de la Auditoría General de la Nación junto a otro operador en la justicia y ahora señalado en el escándalo de los cuadernos, Javier Fernández, y que luego trabajó para Aguas Bonaerenses bajo la mirada de Guillermo Scarcella, otro funcionario provincial rodeado de sospechas. En ese lapso, según Carrió, "Fredy" Lijo habría tenido "un lujoso estilo de vida y un patrimonio que no se condice con los ingresos" que tuvo. La afirmación se apoya en supuestos gastos suntuarios, viajes y adquisición de inmuebles y autos de alta gama, cuentas y fideicomisos en el exterior. Un apartado especial está dedicado al haras La Generación, situado en Dolores y por el que su hermano Ariel fue investigado en el Consejo de la Magistratura. Tomando al hermano del juez Lijo como centro, Carrió dispara vínculos hacia el resto de los denunciados, de quienes sería socio en distintos emprendimientos supuestamente animados con dinero mal habido. Entre otras medidas de prueba que la diputada le sugiere a la justicia, pide que citen a declarar al chofer de Roberto Baratta y autor de los "cuadernos de las coimas" Oscar Centeno, además de informes fiscales, financieros y societarios y hasta migratorios que según Carrió podrían probar su denuncia.
