Ya había dejado atrás el rodete y esa sonrisa irresistible y desafiante con la que se había hecho famoso en la noche porteña. Leonardo Fariña, custodiado por el personal del ministerio de Justicia como primer imputado colaborador en una causa por corrupción por "la ruta del dinero K", presentó por escrito una ampliación de su indagatoria ante el juez Casanello. Fue el 1 de agosto de 2016, pero Clarín anticipó esa declaración explosiva un día antes. Con un nivel de detalle extremo, Fariña insertaba el caso de Báez/Cristina en un universo de corrupción mucho más amplio y escrupulosamente organizado, con cambios de normas para facilitar negocios, el copamiento de la Cámara de la Construcción para coordinar los distintos capítulos del "club de la obra pública" y el reparto de contratos con sobreprecios entre los socios. Todo, con porcentajes y hasta la postrera intervención de la AFIP de Ricardo Echegaray reclamando su tajada por hacer la vista gorda ante la facturación trucha. Pero no pasó nada con toda aquella información. A ritmo cambiante, la causa por "la ruta del dinero K" siguió su camino, pese a los reiterados reclamos de las querellas y de la Cámara Federal (en tres ocasiones) Casanello no apuntó nunca contra Cristina, y los datos que llevó Fariña permanecieron olvidados entre las fojas de ese expediente. Hasta que este lunes, el ex marido de Karina Jelinek llevó toda esa información al fiscal Carlos Stornelli, acusador en la causa de los cuadernos del chofer Centeno. Dos años después, tal vez ahora pase algo. "En la era K, la organización del robo no había dejado nada al azar, y desangraba a las arcas estatales con cada nueva obra pública: tras cambiar una ley, el pago a los contratistas de un "anticipo financiero" disimulaba las coimas de entre 10% y 20% del monto de la obra que de inmediato eran reintegrados a los funcionarios de Planificación Federal; los falsos competidores en las licitaciones amañadas recibían "entre dos y tres puntos del retorno" por los gastos en los que habían incurrido para comprar pliegos y participar; otro 4% pedía José López a los empresarios que no eran "aportantes" asiduos, para liberarles los pagos de obras hechas; el asesor de Julio De Vido, Roberto Baratta, y el jefe de Legales de Planificación, Rafael Enrique LLorens, exigían otro 1% del valor del certificado cada uno para firmar los dictámenes, y después el titular de Dirección General de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, 'logró que le asignaran también a él un puntito en esos trámites'". Así comenzaba aquella crónica de Clarín, que ya incluía a De Vido, Baratta y al abogado Llorens como animadores centrales del circuito que describió el remisero. Fariña comenzó su declaración con dos datos clave que permitieron montar "el club de la obra pública": tomando como prototipo el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz -que no sólo construía casas sino que concentraba toda la obra pública provincial con muy pocos controles externos debido a su autarquía administrativa-, se logró que en el ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido "todas las áreas aportarían a la recaudación y trabajarían en conjunto al mando del difunto ex Presidente y luego de la doctora Fernández. " El otro cambio clave fue la modificación de la ley 13.064 de Obras Públicas, que hasta entonces permitía en los grandes proyectos un "acopio de materiales" anticipado, para poder congelar el precio de ciertos insumos. La innovación K fue reemplazar "acopio" por "anticipos financieros". Así, "al momento de firmarse el contrato, se le adelanta al contratista un pago inmediato de entre el 10% y el 20% del valor del contrato", que tal como Fariña ya había dicho y ahora ratifica, "ese monto era el que debía abonarse en concepto de retorno por la adjudicación de la obra. Usualmente se pagaba a los secretarios de Estado dependientes de la cartera de De Vido". Verbigracia: Roberto Baratta. Creado el súper ministerio de Planificación, distribuidas en sus distintas secretarías las personas de confianza (Ricardo Jaime, José López y Baratta, entre otros), el paso siguiente fue tomar el control de la Cámara de la Construcción, entidad que agrupa a las grandes empresas contratistas. "Fue el propio De Vido quien negoció frente a la Cámara para incluirlo a Carlos Wagner como presidente", cuenta Fariña. "Para lograrlo fue necesario modificar el estatuto, dado que en primer lugar ESUCO (la principal firma de Wagner) era una PyME, y por eso su titular no podía ser presidente. Además, las empresas tradicionales de obra pública tenían aproximadamente 6000 votos, dado que los votos son representativos de los balances. Y ESUCO tenía alrededor de 47 votos". Un detalle: según el ex colaborador de Lázaro Báez, Wagner -"antiguo empleador de De Vido en las obras del sur argentino"- "era el encargado de la recolección y la cobranza entre las distintas empresas asociadas a la CAC beneficiadas con esas obras. " Con todos en sus puestos, el saqueo de las arcas estatales podía avanzar sin problemas. "Uno de los esquemas más utilizados en la Cámara Argentina de la Construcción era subdividirse en 'camaritas' o 'comisiones'. Estos sub grupos empresarios se reunían en horarios y días específicos para organizar los llamados 'clubes': que no era otra cosa que el armado previo de las licitaciones, estableciendo quién 'iba al frente', con qué precio, y quiénes comprarían pliegos para presentarse y 'acompañar', obviamente a precios exorbitantes, haciendo así 'aconsejable' adjudicarle al que iba al frente". "Estos sub grupos se dividían en los llamados 'vivienderos', los 'viales', 'obras del Conurbano', 'obras públicas', 'concesiones y privatizaciones' y 'legales'. En 'legales' se desarrollaba la normativa, que luego era 'consensuada' con las autoridades y salía en forma de decretos". Según Fariña, los cerebros jurídicos de estas maniobras eran la esposa de De Vido, Alessandra Minicelli, y el secretario Legal y Técnico de presidencia Carlos Zannini. El explosivo escrito que Fariña entregó en tribunales el 1 de agosto de 2016 contaba también cómo los "perdedores" de las licitaciones se quedaban con otro porcentaje de los contratos para participar de la farsa, cómo José López les sacaba otra tajada "de hasta 4%" a las firmas que una vez hecha la obra querían cobrarla, y cómo una vez que ese dinero se liberaba "Baratta y Rafael Enrique LLorens -jefe de Legales de Planificación- se quedaban con un 1% cada uno del valor del certificado", hasta que el segundo de Llorens, Pablo Campi, "logró que le asignaran también a él un puntito en esos trámites", sino no suscribía los dictámenes. Fariña mencionó a muchos otros funcionarios. Detalla cuánto y cómo cobraban sus coimas, y cómo cambió sistema cuando se hicieron cargo de él Cristina y Máximo Kirchner. Para sacar más dinero todavía. La historia ya era fuerte, pero el arrepentido de la causa por "la ruta del dinero K" aún tenía otro dato: según afirmó, el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también participaba del festival de comisiones y retornos, supuestamente exigiendo un pago equivalente al 5% de la obra en cuestión. Primero citó un caso en el que "luego del pago de un retorno a una importante constructora que debió utilizar facturas apócrifas para poder 'sacar' el adelanto financiero, Echegaray le realizó una inspección, teniendo que arreglar la empresa por el 5% del valor de la obra". Y unos párrafos más adelante en aquel escrito de treinta y ocho fojas, lo repetía: "las empresas debían abonar bajo coerción aproximadamente el 5% de la operación". Parte del esquema que reveló Fariña fue confirmado en la investigación por el direccionamiento de la obra pública vial que condujo el juez Julián Ercolini, y que ahora se encuentra en las puertas del juicio oral. Pero los entresijos del mecanismos permanecieron intocables hasta que los cuadernos del chofer Centeno emergieron de las profundidades. No siempre hay una segunda oportunidad para mejorar las cosas.
