El Gobierno comenzó a revisar las obras en ejecución y por iniciarse a cargo o con participación de las empresas involucradas en la causa a cargo del juez Claudio Bonadio, que investiga el pago de coimas durante el kirchnerismo a partir de los cuadernos de Oscar Centeno. Quedaron en la mira principalmente las adjudicaciones en Energía, Transporte e Interior. En principio los ministerios no se precipitarán a anular las adjudicaciones, aunque empezaron a analizar el escenario a la espera de pronunciamientos judiciales o de complicaciones financieras de esas sociedades. Funcionarios de esas tres carteras, de la Oficina Anticorrupción, la SIGEN y la Procuración del Tesoro mantuvieron anoche una primera reunión para evaluar los contratos vigentes, los diferentes escenarios, las alternativas y el destino de las obras no iniciadas. Entre una primera lista recopilada aparecen proyectos en marcha de Esuco, Isolux, Electroingeniería, BTU, Iecsa, Albanesi e Impsa, en algunos casos en unión temporaria de empresas y adjudicados por el kirchnerismo, en otros luego de la asunción de Mauricio Macri. El Gobierno revisará los procedimientos y los eventuales juicios contra el Estado. También las condiciones financieras de las firmas. “Por el momento no vamos a cancelar las obras. El Estado no rescinde un contrato por algo que apareció en un cuaderno, no lo podemos hacer hasta que la Justicia dictamine”, dijeron a Clarín desde uno de los ministerios que comenzó el análisis, una posición compartida en otra cartera aunque con interrogantes en otro plano: “Hay que ver lo que pasa con las empresas desde el punto de vista financiero, con los dueños en una situación judicial complicada”. Entre los eventuales escenarios evaluaron la posibilidad de que quiebren o entren en concurso de acreedores y remarcaron a Electroingeniería y Albanesi entre los casos más complicados. De cualquier manera predominó la cautela en cuanto a mantener la continuidad de las obras. “Sería razonable que no se interrumpan. No hay procesados ni condenados”, ratificó uno de los encargados de poner la lupa sobre las adjudicaciones. Incluso, de haber sentencia, integrantes del Gobierno sostienen que podría afectar a los empresarios pero no las firmas. Otros casos para resolver serán las obras iniciadas por sociedades involucradas en la causa, con participación de otras firmas. Entre las más importantes resaltan las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, con un costo de US$4.714 millones, a cargo de Electroingeniería, Hidrocuyo y la gigante china Gezhouba. En la Casa Rosada marcaron que ante una eventual salida de la firma de Gerardo Ferreyra las dos últimas podrían terminar la obra como responsables solidarios. A su vez, estos tres ministerios encabezados por Javier Iguacel (Energía), Guillermo Dietrich (Transporte) y Rogelio Frigerio (Interior) entregarán a Laura Alonso, titular de la OA, el listado de obras entre 2005 y 2015 con sus montos, para establecer "un mapa" de las contrataciones de esa época, calcular el valor total y colaborar en la estrategia de cooperación judicial internacional.
