Otro empresario detenido por el caso de los cuadernos de Oscar Centeno -el exchofer de Roberto Baratta - aceptó colaborar con la Justicia, tras admitir que pagó sobornos a funcionarios de la administración kirchnerista, según pudo saber ayer LA NACION de fuentes de la investigación y empresariales. El detenido se acogerá en las próximas horas a la figura legal de "arrepentido". Anoche, d urante una entrevista en LN+, el fiscal Carlos Stornelli, quien lleva adelante la investigación sobre los cuadernos, avanzó en el mismo sentido: "Yo creo que es muy posible que haya algún arrepentido más". El contratista en cuestión llegó ayer a un acuerdo con la fiscalía y en las primeras horas de hoy el pacto será refrendado por el juez de la causa, Claudio Bonadio . El acuerdo incluye no solo el reconocimiento del pago de las coimas a través del ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido , sino también la garantía de que la máxima autoridad de la firma se presentará a ratificar la declaración. En la misma línea que Juan Carlos de Goycoechea, el empresario que se "arrepintió" a las pocas horas de haberse entregado, el detenido admitió el pago de las coimas que figuran en alguno de los ocho cuadernos de Centeno, pero aseguró que los montos fueron inferiores a los escritos por el remisero. En la entrevista con Diego Cabot en LN+, Stornelli adelantó anoche que la lista de detenidos no está cerrada y que se podría ampliar en las próximas horas. "Es muy probable que haya más allanamientos y es mucho más probable que haya más detenidos. Conozco al juez, cómo piensa y las pruebas", dijo el fiscal. Lo que no está claro aún es si el nuevo empresario arrepentido ingresará, al igual que Centeno, al programa de protección de testigos o si quedará excluido como De Goycoechea, que en su declaración como arrepentido se quitó protagonismo y redujo su rol al de mero "valijero". "La directiva del pago de las coimas venía directo desde España (casa matriz de Isolux). Yo solo tenía que ir a una financiera a buscar el dinero y entregarlo. No decidía nada", es la frase que el abogado cordobés dijo al juez y al fiscal de la causa. El que fue CEO de Isolux también había admitido que le pagó al gobierno de Cristina Kirchner , pero resaltó que los montos "no son los que se dicen" y que lo hizo porque lo "apretaban" pidiéndole dinero para campañas electorales. Para la Justicia, es una señal alentadora que un segundo empresario haya roto el pacto de silencio. La expectativa es que esto genere un efecto cascada, como sucedió en Brasil con el Lava Jato, que permitió iniciar procesos judiciales no solo allí, sino también en otros países de América Latina. Tal como informó LA NACION ayer, otros empresarios imputados iniciaron conversaciones en distintos ámbitos para seguir los mismos pasos que De Goycoechea. La clave para acceder al beneficio es que se brinde información veraz relacionada con la causa y que apunte a responsables de igual o mayor jerarquía que él. Otra posibilidad pasa por dar datos vinculados a la recuperación del dinero del presunto delito. La figura del arrepentido se sancionó en el país hace 22 meses y es aplicable en un número limitado de delitos: producción y tráfico de drogas; corrupción de menores; prostitución y trata de personas; pornografía infantil; secuestro extorsivo; privación de la libertad; delitos aduaneros como el contrabando y la adulteración de mercaderías; asociación ilícita; corrupción; prevaricato, y contra el orden financiero o económico. A primera hora de hoy, los empresarios detenidos por el escándalo de corrupción serán trasladados a los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, donde quedarán preventivamente alojados en la alcaidía de los tribunales federales. Seis de ellos pasaron el fin de semana alojados en los fríos calabozos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, situada en avenida Belgrano al 1600, en la Capital. Los otros tres, en tanto, permanecieron encerrados en las celdas de la Policía Montada en el inmenso predio de la Policía Federal ubicado en Cavia y Figueroa Alcorta. En la primera dependencia están Jorge Guillermo Neira, Armando Roberto Loson, Carlos José Mundin, Claudio Javier Glazman, Gerardo Luis Ferreyra y Carlos Andrés Wagner. En Cavia, en tanto, estaban Juan Carlos de Goycoechea y Héctor Javier Sánchez Caballero, a los que se les sumó, el sábado a la noche, Francisco Valenti, el último de los detenidos. Según confiaron a LA NACION fuentes de la investigación, todos están en celdas individuales y no comparten el espacio con presos por otras causas. Las de la Superintendencia de Drogas Peligrosas son "pequeñas, de dos por dos", y en ellas "tienen un camastro y frazadas para cubrirse del frío" y, eventualmente, "deben soportar olores a los que, seguramente, no están acostumbrados". Se mantuvieron, sin modificaciones, las dotaciones de celadores de la alcaidía y la provisión habitual de comida. Del resto, seis permanecían en el penal de Ezeiza: Roberto Baratta, Walter Fagyas, Rafael Enrique Llorens, Nelson Javier Lazarte, Hugo Martín Larraburu y Hernán Camilo Gómez. Y Fabián Ezequiel García Ramón estaba alojado en la Unidad Penitenciaria 29, es decir, la alcaidía federal de Comodoro Py, adonde, a las 8, serán trasladados los ocupantes temporarios de las celdas de Drogas Peligrosas de la Federal. Todavía no hay noticias de Oscar Thomas, el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, el único empresario que todavía no se presentó ante la Justicia desde que estalló el escándalos por los cuadernos de las coimas. En los últimos días, Thomas fue buscado por las autoridades en tres domicilios de Posadas, pero no fue localizado. De todas maneras, se sospecha que el exdirector de Yacyretá no se fugó del país porque no hay registros en Migraciones de que haya salido de la Argentina.
