Esa casilla, donde Maldonado pasó su última noche, hoy es cenizas y cacharros quemados. Según la versión de la comunidad, fue incendiada por empleados de Benetton. Difícil saber qué ocurrió en ese lugar sin testigos fiables. Andrea Millañanco, pareja de Jones Huala, es quien comanda hoy a la comunidad y su werken (vocera) hacia el exterior. Aguerrida, es la única que decide quién entra al predio. "Estamos todos viviendo acá", asegura. Muchos miembros del grupo, no obstante, van y vienen desde el lof hasta los barrios humildes del alto de Bariloche donde trabajan. Se trasladan con sus hijos, en medio del crudo invierno, y acarrean materiales hacia el campo. Los 78 días en los que Santiago Maldonado estuvo desaparecido (entre el 1º de agosto y el 18 de octubre de 2017) marcaron un pico de tensión entre este grupo mapuche y el Gobierno. Fueron dos meses y medio de especulaciones y falsos rumores en un escenario de extremo nerviosismo político. Tras el hallazgo del cuerpo en el río Chubut, aún hoy se respira la crispación. El conflicto territorial sumó otro foco, Villa Mascardi, donde una ocupación mapuche desató violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Allí murió el mapuche Rafael Nahuel, abatido por la Prefectura el pasado 25 de noviembre. Los ocupantes en Leleque y en Villa Mascardi están fuertemente vinculados, incluso por lazos familiares. Sobre las dos causas por usurpación se pliegan nuevos incidentes, en una espiral que no encuentra una solución pacífica. El conflicto atraviesa las localidades de la zona. Allí, unos señalan a grupos mapuches como los responsables de sabotajes y actos violentos y otros apoyan el activismo indígena. No es extraño que en las escuelas convivan niños de ascendencia mapuche con hijos de gendarmes o penitenciarios. Si en Bariloche se vive una fuerte polarización, en Esquel se concentran muchas familias de efectivos de las fuerzas de seguridad y en El Bolsón los artesanos y anarquistas se sumaron al movimiento mapuche. "El grupo extremista Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) está cada vez más aislado. Son pocos y perdieron apoyo por su posición tan extrema", evalúa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a un año del operativo de la Gendarmería. Aunque se registraron pintadas y panfletos adjudicados a la RAM, muchos descreen que tenga actividad real en la Argentina. El propio Jones Huala es esquivo al aludir a la organización. "Yo fui de la RAM y me sacaron por estar detenido", dijo meses atrás. Desde Compañía de Tierras Sud, del Grupo Benetton aseguran que ya hay "50 denuncias" contra Resistencia Cushamen. "Estas personas actúan con violencia, impunidad y sin control", dicen. El 5 de agosto se retomará la causa "madre" por usurpación, abigeato y tenencia de armas de fuego contra Jones Huala y otros seis mapuches. En ese procedimiento, el fiscal provincial Oscar Oro había retirado el 8 de mayo la acusación contra los mapuches. Pero el juez de Esquel Martín Zacchino le dio intervención al jefe de los fiscales de Chubut, el procurador Jorge Miquelarena, que revirtió la decisión. Así, después de tres meses de suspenso, el 10 de agosto continuará la audiencia preliminar del juicio contra Resistencia Cushamen. Las dos causas que se abrieron por la desaparición de Maldonado siguen abiertos, con las mismas carátulas: habeas corpus y desaparición forzada. El actual juez del caso, Gustavo Lleral, considera que cambiar el título del expediente, como reclama el Gobierno, implicaría adelantar opinión. La politización del caso generó una fuerte desazón en ese juez que, tras una negociación con la comunidad, comandó el rastrillaje que dio con el cuerpo. "Se reeditan una y otra vez los intereses en juego", suele repetir el magistrado a sus allegados. Tras cien días de dedicación exclusiva al caso, Lleral volvió a radicarse en Rawson y retomó la actividad habitual de su juzgado. La última medida que ordenó en el caso Maldonado fue la realización de un peritaje en el DNI del joven artesano, además de trabajos de planimetría para determinar las circunstancias que llevaron al artesano a arrojarse al río durante el operativo de la Gendarmería. El estudio sobre el DNI fue un pedido de la familia del joven, que aún cree que el cuerpo pudo ser plantado en el río. Lleral, sin embargo, no hizo a lugar a otros pedidos de la defensa, que, a pesar del hallazgo del cuerpo, mostró una fuerte disconformidad con la investigación. La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, pidió la intervención de un equipo imparcial para investigar el caso, lo que fue rechazado por el juez, que considera que están dadas las garantías de independencia. Ahora deberá definir la Corte Suprema. Radicado en Bariloche, donde desarrolló un emprendimiento de té artesanal, Sergio Maldonado respira todos los días el aire espeso que rodea al conflicto mapuche. Con el juez del caso en Rawson, la fiscal en Esquel y las instancias de apelación en Capital Federal, la causa de su hermano hoy atraviesa sus días. Porque, además del periplo judicial, el caso lo sumó como una cara visible de variopintos organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas opositoras. Sergio Maldonado se subió al escenario en la marcha de esta semana contra el decreto que amplía la intervención de las Fuerzas Armadas. Debió desmentir, sin embargo, una eventual candidatura para 2019. "Yo no estoy en ningún partido político, quieren ensuciarme", dijo. La demanda del caso, sumada al duelo y al contexto económico adverso, hoy complican su rutina y su trabajo. Su vida dio un vuelco después de ese 1º de agosto. "Santiago es solidaridad. El Estado es responsable" fue la consigna que eligió para encabezar el acto a un año de los hechos. Guido Otranto, primer juez del caso Maldonado, continúa a cargo del juzgado de Esquel. De carrera judicial en Comodoro Py, en su oficina recaen todos los expedientes de la comunidad Resistencia Cushamen. Fue el juez que ordenó el desalojo de la ruta y el que inició la búsqueda del artesano, pero perdió el caso cuando vaticinó en una entrevista con LA NACION que el tatuador podía estar en el río. La Cámara Federal decidió apartarlo por considerar que adelantó su opinión. Otranto hoy no puede cenar en un restaurante de Esquel sin recibir insultos. Hace un año, el juez vivía rodeado de policías, pero hoy, en su casa emplazada en la zona semirrural de Trevelin, ya no tiene la custodia que le habían otorgado para preservar su seguridad ante posibles ataques. El trabajo de Otranto en Esquel se sumió en un complejo escenario político. Fue criticado públicamente por el fallecido gobernador de Chubut Mario Das Neves cuando liberó a Jones Huala en el año 2016 e insultado por las comunidades mapuches. El juez concursó para ocupar un tribunal oral de General Roca. Pero su futuro es incierto. El juez suma dos pedidos de jury en el Consejo de la Magistratura, uno de ellos luego de que se conociera que intervino el teléfono de Sergio Maldonado para escuchar sus diálogos con miembros del lof. En el Ministerio de Seguridad, a un año de los hechos, defiende el accionar de la Gendarmería aquel 1º de agosto. "El objetivo era construir un relato falso. No podíamos entregar a un gendarme estando convencidos de que no tenían responsabilidad. Hubiera sido la salida políticamente correcta, pero nos quedamos en nuestra verdad", señala Patricia Bullrich pocos días antes del aniversario de la desaparición del joven tatuador. En la fuerza de seguridad se registraron ascensos y dos retiros voluntarios en los escuadrones de Esquel y El Bolsón, pero no hubo sanciones. El subalférez Emanuel Echazú, el uniformado que había sido herido en la mandíbula y que quedó como único imputado en el expediente, fue ascendido a la jerarquía de alférez. "Los gendarmes están agradecidos por el respaldo que tuvieron del Gobierno", subraya Bullrich al anticipar que visitará los escuadrones que fueron eje del conflicto en el sur. El 1º de agosto es el aniversario de la desaparición de Maldonado y un día después la Gendarmería cumple 80 años de existencia. Habrá un acto oficial. A un año de los hechos que tuvieron en vilo al país, las heridas del caso Maldonado no se cerraron y las posturas no encontraron puntos de encuentro. El Gobierno coordinó acciones con los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén, pero por ahora no se vislumbran salidas pacíficas. En la Patagonia nadie levanta la bandera blanca.
