Documentos secretos, obtenidos en exclusiva por Clarín, revelan que el operativo Escudo Norte organizado por el kirchnerismo tuvo pocos resultados efectivos en el aumento del control de la frontera norte, significó peleas constantes del entonces jefe del Ejército, general César Milani con el jefe de Gendarmería y la Fuerza Aérea, dejó una deuda de 10 millones de dólares en viáticos a los militares. Este operativo del que también participaron militares se montó en la misma base legal que usa el actual Gobierno. Sin embargo, el kirchnerismo quiere derogarlo en el Congreso lo que implicaría también anular el decreto 727 de la ex ministra de Defensa y actual diputada Nilda Garré. El Gobierno analiza ahora estos informes para pulir las características del nuevo operativo que lanzarán el miércoles los ministros de Defensa, Oscar Aguad, y de Seguridad, Patricia Bullrich en el pequeño pueblo de General Mosconi, Formosa. Hasta ayer no se había definido si se llamará también Escudo Norte pero empezará con el envío de 500 soldados a patrullar las fronteras de Misiones y Formosa para darle apoyo logístico a la Gendarmería y la Prefectura en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Uno de esos informes del Estado Mayor Conjunto, de carácter secreto, fechado el 5 de octubre del 2011, revela los cortocircuitos que hubo entre los jefes de las fuerzas armadas y los de seguridad que el kirchnerismo hizo trabajar, en forma conjunta, por primera vez. En uno de sus párrafos aclara insistentemente a los radaristas de la Fuerza Aérea y del Ejército que solo le pueden pasar los datos que registren al oficial de enlace de la Gendarmería. “La intervención de personal militar se limita a la transferencia de datos neutros... sin que ello implique de modo alguno la participación de las FF. AA en tares de seguridad interior expresamente prohibidas de acuerdo al marco legal vigente”, escribió un brigadier en ese informe. Más adelante, advierte que si se detectaban elementos hostiles transitando en forma terrestre debía pensarse primero en la “seguridad del personal militar”. En caso de contacto con narcos o contrabandistas, el informe secreto subraya que “resulta ajeno a la función militar involucrarse en tareas operativa que son propias de la Gendarmería”. Estos comentarios revelan el temor de los militares a involucrarse en cuestiones de seguridad interna. Frente a las declaraciones de los ex ministros de Defensa K Garré (2005-2010 y luego ministra de Seguridad ) y Agustín Rossi (2013-2015), entre otros y las marchas contra “la militarización del país” es necesario revisar lo que se hizo hasta ahora. El ex ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, el radical Horacio Jaunarena, comentó que “la denuncia de que en el nuevo esquema se prepara la represión militar de la protesta social no tiene ningún asidero, generando una discusión artificial carente de sentido”. Escudo Norte fue un operativo diseñado por el ministerio de Seguridad K y establecido por el decreto presidencial de Cristina Kirhcner 1091 de 2011. El operativo escondía la necesidad de reforzar con gendarmes y prefectos las zonas más conflictivas de la Capital y el Gran Buenos Aires ante el aumento de la inseguridad. Se hizo a través de los llamados, a su vez, Operativos “Cinturón Norte” con el despliegue de 6.000 gendarmes y el Operativo “Unidad Sur” con 2.500 Prefectos, muchos que debieron salir de sus puestos en las fronteras. La cuestión fronteriza es un histórico y grave problema para la Argentina que tiene 176 puestos fronterizos oficiales, pero se estima que hay 800 pasos en total que nos conectan con nuestros vecinos. El Operativo Norte, en realidad, nunca tuvo la magnitud que se anunció por la creciente demanda de efectivos que reclamaba el aumento de la inseguridad en otras zonas urbanas como fue el caso del aumento del narcotráfico en Rosario. Por su parte, los llamados operativos Fortín significaron la integración al sistema de vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo con medios del Ejército y la Fuerza Aérea en el Noroeste y Nordeste. La información obtenida por los militares era suministrada a las fuerzas de seguridad a través de sus oficiales de enlace en el Centro de Comando Aeroespacial de la Fuerza Aérea en la localidad bonaerense de Merlo. Este operativo de las FF. AA también se limitó al apoyo logístico, ya que no había figura legal que autorizara acción armada alguna como es el caso del derribo de aviones que, en el 2015, propició el entonces candidato a presidente Sergio Massa, pero no pasó el filtro del Congreso. El Fortín I fue autorizado a través de la resolución Nº 206/07 de la ministra de Defensa Garré y fue dirigido por el Comando Operacional Conjunto por la llamada directiva Nº 01/07 de este organismo. En junio de 2009 se finalizó el despliegue en Formosa de la Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejército 601. En septiembre de ese año se realizaron los reconocimientos y posterior ubicación de un radar del Ejército en Tartagal. A fines de 2010 se inauguró el Centro de Vigilancia Aeroespacial ubicado en Resistencia, Provincia del Chaco. "Uno de los problemas constantes era que Milani se peleaba por protagonismo con los jefes de la Gendarmería y de la Fuerza Aérea", comentó un militar retirado. Milani había definido que el el Ejército tenía que ser "nacional y popular", lo que irritaba a los mandos profesionales de otras fuerzas. El operativo Fortín I se fue desarmando de facto por "falta de resultados pero fundamentalmente por falta de recursos presupuestarios, puntualmente fondos para viáticos". Luego, en julio de 2011 se creó el Fortín II, en el marco del lanzamiento del plan "Escudo Norte" de las Fuerzas de Seguridad. Este lanzamiento coincidió con la instalación del radar primario Radar Alcance Medio Experimental 3D (RAME), fabricado por la empresa INVAP, en el aeropuerto de Santiago del Estero. Se trató del primer radar militar construido en la Argentina. A su vez, los radares RASIT del Ejército se desplegaron en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, cubriendo la frontera y las llamadas "avenidas de aproximación aéreas" identificadas por Gendarmería como vuelos irregulares. Estos operativos, que llegaron a movilizar, al menos nominalmente, “hasta 4.500 efectivos dejaron una deuda en viáticos y funcionamiento del orden de los U$S 10.000.000 que tuvo que pagar el gobierno de Mauricio Macri”, dice otro informe reservado al que accedió este diario. El macrismo en el marco de decreto 16/2016 lanzó un “Operativo Fronteras” con el despliegue de los radares Rasit, pero mucho más modesto. Luego Defensa para completó la instalación de los cuatro radares militares construidos por el INVAP que estaban listos sin instalar. Los radares Rasit, que están preparados para visualizar tanques y no aviones, no han sido efectivos en el control aéreo clandestino y muchos de sus operadores informan solo los avistajes visuales. "No había capacidad técnica, radares ni presupuesto y algunos aviones ilegales se nos escapaban", contó una fuente militar. Por ejemplo, el 20 de agosto del año pasado, las alarmas se encendieron cuando un TAI (Tránsito Aéreo Irregular) voló por tres horas unos 600 kilómetros del espacio aéreo argentino con total impunidad. Como dos aviones Pucará no pudieron despegar a tiempo por problemas técnicos, la avioneta ingresó al país, aterrizó en alguna pista clandestina y no pudo ni siquiera ser identificada.
