"Lo vivo mal, con bronca... Este es el sistema contra el cual yo vine a pelear", respondió María Eugenia Vidal a una de sus colaboradoras cuando le preguntó, en privado, cómo estaba viviendo las denuncias por fraude en los fondos de campaña de Cambiemos . No solo está angustiada, sino bastante más delgada. Su descenso de peso acompaña su baja en las encuestas. Es la dieta, producto del estrés, que le impuso el combo de la corrida cambiaria sumada al escándalo por los aportes truchos. "No la recomiendo", bromea, en la intimidad. "Entré a la política sin apellido, sin padrino y sin plata... ¡No tengo ninguna offshore! Antes tenía una casa y un auto y, después del divorcio, me quedaron media casa y medio auto", se descarga, en la intimidad de su equipo, para argumentar que quien la eligió como blanco le está pegando en el centro de su capital político más marketinero: la honestidad. En efecto, como funcionaria del Estado, jamás tuvo una denuncia por corrupción. Y, sin embargo, como gobernadora y presidenta del Pro bonaerense, es innegable que es políticamente responsable por las dos últimas campañas: al menos, por no haber activado los controles necesarios. "Yo no la pondría como la gran responsable", exculpó Margarita Stolbizer, durante la última semana, al presentar ante la Justicia 150 nuevos casos de donantes apócrifos a la campaña oficialista, no solo de 2017, sino también de 2015. "Pero alguien armó y planificó todo esto", disparó. Más allá de Margarita, sin embargo, son pocos los dirigentes opositores que se atreven a levantar el dedo acusador. Un dedo que podría volverse, rápidamente, hacia sus propios espacios. Tal como reveló Hugo Alconada Mon en LA NACION, los tres principales partidos -Cambiemos, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador - falsificaron unos 7000 aportantes en las dos últimas elecciones. Es que el tema que instaló el sitio K El Destape apunta al corazón del agujero negro de la política: las afiliaciones (un enorme escollo para fuerzas políticas nuevas como el Pro) y la financiación en campañas que pueden costar 10, 20 y hasta 100 millones de dólares, en el caso de las presidenciales. Pero, a diferencia del peronismo, las sospechas de lavado de dinero son doblemente dañinas en el caso de Cambiemos: se supone que eso era, entre otras cosas, lo que venía a cambiar. Un culebrón en desarrollo en el que hay, al menos, tres preguntas inquietantes: ¿quién o quiénes armaron la tramoya de las afiliaciones apócrifas para las campañas de 2015 y 2017? Dos: si el dinero no fue aportado por afiliados, verdaderos o truchos, ni tampoco por los beneficiarios de planes sociales (que figuran como aportantes y nunca pusieron un peso), ¿de dónde salieron esos fondos? Y, tal vez lo más perturbador, ¿quién filtró esa información? La última pregunta encuentra dos posibles respuestas dentro de Cambiemos. Una interpretación apunta a los K o a sus aliados circunstanciales. "Los únicos que pueden beneficiarse atacando mi transparencia son ellos", desliza la gobernadora, entre muy pocos. La segunda interpretación es una bomba: sugiere la hipótesis del "fuego amigo". Alguien desde el propio frente oficialista buscó herir a la estrella más rutilante de la política argentina, que en la provincia les arruinó negocios no solo a los peronistas, sino también a los del propio palo. "La realidad es que cuanto más crecés, más son los que querrían cortarte cabeza", apunta una fuente clave de la Casa Rosada. El fenómeno político que ella encarna no solo genera celos políticos, sino que les pone un tope a las ambiciones políticas de los demás en la provincia. Pero Vidal niega de plano la tesis del "fuego amigo", entendida como la traición de las espadas propias, en el máximo nivel de Cambiemos. El fuego amigo, una vez desatado, podría devorarlos a todos. Entonces ¿qué cree en la intimidad? Está convencida de que exfuncionarios kirchneristas se llevaron las listas de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo y otros beneficios estatales (listas que no son de acceso público) y las filtraron. En La Plata apuntan directamente al exviceministro de Desarrollo Social Carlos Castagneto. Suponen que él le habría pasado la información al periodista de El Destape. Un equipo oficialista hizo un estudio sobre el impacto del escándalo en las redes: el 90 por ciento de la conversación provenía de Santa Cruz. En los despachos platenses sospechan, además, de Gustavo Vera, el alma mater de La Alameda, la ONG que hizo la denuncia por lavado de dinero ante el juez federal Sebastián Casanello. ¿Cuál sería la lógica? Vera aparece, por estos días, aliado a Hugo Moyano, y hay quienes vinculan al mandamás de La Alameda con un sector de los viejos servicios de inteligencia del kirchnerismo. "La filtración podría ser una devolución de favores por las denuncias de Graciela (Ocaña) a Moyano", deslizan en los despachos bonaerenses. Vidal suele recordar que, en tiempos del kirchnerismo, la ex-SIDE tenía una oficina destinada solo para ella. De paso, dirigentes expulsados del Pro (algunos por razones éticas) o algunos "heridos" aprovecharon el escándalo para echar más leña al fuego. Es el caso de Osvaldo Marasco, excandidato a intendente de Ituzaingó, o de Carlos Arroyo, jefe comunal de Mar del Plata, quien negó pública y enfáticamente un supuesto aporte de 50.000 pesos. Arroyo tiene una histórica mala relación política con la gobernadora y, como contracara, exhibe bajos niveles de aceptación en su propio municipio. Pero ¿quién diseñó este armado sospechoso, que luego se filtró? En la línea del fuego amigo, desde las propias entrañas de Cambiemos, hay voces que le apuntan a Jorge Macri, el "primo pobre". En 2006, el primo presidencial se convirtió en presidente del Pro bonaerense. Desde el inicio, fue el primer adelantado del macrismo en esa tierra hostil y tuvo a su cargo no solo aspectos del financiamiento, sino la crucial estrategia de las afiliaciones, para legitimar su fuerza política en un territorio alambrado por el peronismo. El primo construyó el macrismo bonaerense con un aliado fundamental: el binguero Daniel Angelici. Desde que es gobernadora, y apoyada por la Iglesia, María Eugenia limitó concretamente la expansión del juego en la provincia, un submundo en el que todos los actores están, de algún modo, entrelazados. Vidal fue a contramano de Daniel Scioli, quien, por cada año de su gobierno, aumentó un 20 por ciento el parque de las máquinas tragamonedas, sobre todo en los barrios más pobres. Ella, en cambio, frenó la inauguración de una megasala en Puente La Noria -proyectada como la más grande de América Latina-, cerró otra en Temperley y, en la práctica, dejó afuera al propio Angelici en la licitación de los casinos bonaerenses. Para tener una idea de lo que eso significa, basta decir que la recaudación anual de las tragamonedas, instaladas en los casinos, es de 17 mil millones de pesos. "Esas cosas nunca son gratis", acota una dirigente nacional aliada de Cambiemos. Tal vez por todo eso, días después de la dura embestida de monseñor Jorge Lugones, en Mar del Plata, cuando el religioso acusó a Vidal de "insensibilidad", varios obispos la llamaron, en secreto, para disculparse.
