El Gobierno ha decidido, también en el terreno político, poner a prueba la equivalencia oriental entre crisis y oportunidad, tantas veces desautorizada por el declinante último medio siglo de historia argentina. Tras el escándalo por la denuncia de aportes fraudulentos a la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017, el oficialismo se ilusiona con relanzar la reforma político-electoral, que acaba de retomar con el proyecto de modificación del financiamiento de campañas. Además de esa iniciativa, el Poder Ejecutivo busca sacar del freezer del Senado la primera parte del plan, que incluía cambios en el sistema de votación, al cual Diputados le dio media sanción el 26 de octubre de 2016. Para eso, está dispuesto a aceptar que no se incluya la adopción de la boleta única electrónica (BUE), leitmotiv que la mayoría del peronismo encontró para cajonearla en la Cámara alta. A cambio, aceptaría que se adopte la boleta única en papel para reemplazar las actuales boletas sábana partidas, según reveló una alta fuente del Gobierno que se ocupa de estas cuestiones. Existe un consenso amplio entre especialistas sobre las falencias, limitaciones, desactualización y, sobre todo, la opacidad del sistema que rige la elección de autoridades nacionales y los comicios de la mayor parte de las provincias. Sin embargo, no será sencillo avanzar con un cambio que se reactualiza cada año electoral y se demora en los años pares en que no se vota. Los intereses de cada fuerza política, las desconfianzas entre los actores, las urgencias de cada momento y los cuestionamientos técnicos irreconciliables dificultan la transformación. Macri planteó en su primer año de gobierno el propósito de modernización electoral y reforma política y a principios de este período lo volvió a poner en la agenda. Pero el escándalo que salpica a la gobernadora María Eugenia Vidal, y que ya se deglutió a una funcionaria de su confianza, reaviva las disputas partidarias y la acusación de oportunismo, lo que dificulta el tratamiento pacífico del tema para lograr una transformación de fondo. A esas dificultades debe añadirse que la atención del Senado está concentrada en el proyecto sobre la legalización del aborto, que se propone tratar en el recinto el 8 del mes próximo, si las diferencias que atraviesan a las principales fuerzas políticas no alteran el cronograma. Al mismo tiempo, el presupuesto de 2019, que debería debatirse a partir de septiembre, ya provoca fuertes discusiones por el ajuste que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el préstamo de 50.000 millones de dólares. La oportunidad no parece ser la más propicia. A favor, el proyecto que envió el Gobierno el viernes a Diputados sobre el control de los aportes de campaña cuenta para avanzar con el respaldo de dirigentes y legisladores de casi todo el arco político que participan de la Fundación Red de Acción Política (RAP). Sin embargo, ya varios expertos alertaron sobre las lagunas que la iniciativa contiene, que serán motivo de discusiones, dado que se la considera insuficiente en términos de transparencia. Entre las principales objeciones se encuentra que la iniciativa que tiene como pilar la obligación de bancarizar las donaciones para permitir la trazabilidad no avanza demasiado en el control de los gastos de campaña. El dato no es menor, ya que en la Argentina las erogaciones suelen exceder hasta en cinco veces lo permitido por ley y lo finalmente declarado, como lo revelaron investigaciones realizadas por los periodistas de LA NACION Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky e Iván Ruiz respecto de las campañas presidenciales de 2015. No resulta casual que ninguna de las tres principales fuerzas que compitieron en esa elección (Cambiemos, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador) haya logrado que la Justicia Electoral aprobara las rendiciones presentadas. Otro de los baches más destacados de la reforma es la ausencia de fiscalización de las campañas en internet, cada vez más dominantes en la comunicación política. También se cuestiona el escaso avance sobre el control de la publicidad en vía pública, reducido al registro de las empresas del rubro que operan en los espacios autorizados, lo cual deja afuera el costoso y bien organizado circuito informal de pintadas y carteles callejeros, que con el uso de tecnología se podría verificar y controlar. Ambos temas son centrales porque ahí han recalado buena parte de los recursos que se gastan para promocionar candidatos, luego de que la anterior reforma electoral prohibió la compra de espacios en medios audiovisuales, que son distribuidos y financiados exclusivamente por el Estado. A eso se suman otros gastos más difíciles de controlar, como la logística de actos y apariciones públicas o las encuestas que empresarios, empresas y hasta organismos estatales pagan a consultoras disimulados bajo sondeos de opinión sobre temas de su interés y actividad, pero que en realidad encubren ese insumo que los comandos partidarios consumen insaciablemente para tomar decisiones de campaña , calmar la ansiedad de sus candidatos y, obviamente, justificar el pedido de nuevos aportes o sostener los que están sujetos a las posibilidades del postulante a medida que avanza el calendario electoral. En cuanto a la reforma electoral dormida en el Senado, la posibilidad de incluir el sistema de boleta electrónica parece cada vez más lejana, pese a las experiencias exitosas de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta, y que ya adoptaron medidas o normas para avanzar por ese sendero otras provincias, como Mendoza, Córdoba y Neuquén, y se habían manifestado proclives a adoptarlo los gobernadores de Entre Ríos y de Misiones. El retroceso que la votación por medios electrónicos ha venido registrando en el mundo y la resistencia o reparos que han manifestado diversos expertos parecen ahora un escollo insalvable para cambiar la posición contraria ya adoptada por el peronismo, necesaria para aprobar la ley que habilite su utilización. No es un dato menor que una de las principales voces contra la BUE sea en nuestro país la de la abogada especializada en temas de corrupción Delia Ferreira Rubio, mucho más desde que, desde octubre del año pasado, fue elegida al frente de la organización Transparencia Internacional. La opción de la boleta única de papel es puesta en duda por las dificultades que encierra la proliferación de ofertas electorales, que la hacen casi inmanejable, sobre todo en ciertos distritos, como la provincia de Buenos Aires. El dato objetivo puede ser un buen argumento para que se mantengan las muy discutidas listas sábana y las boletas en papel por cada partido, que demandan gastos multimillonarios en impresión y absorben una cantidad gigantesca de recursos económicos y humanos para su fiscalización. Pero un detalle poco abordado de la reforma tal vez pueda darle un nuevo y vital envión, una vez resuelto el debate sobre la legalización del aborto. Sucede que la parálisis del proyecto en pro de la modernización y transparencia político-electoral también demora la inclusión de la paridad de género electoral, por lo que la admirable capacidad de movilización y presión que han demostrado las mujeres argentinas para ampliar derechos podría resultar decisiva también en este caso. Otro singular aporte femenino a la política. Las denuncias sobre irregularidades en el financiamiento de campaña que afectan a una de las caras nuevas de la dirigencia, de mayor popularidad y mejor consideración social, en el medio de una situación económica financiera que afecta y afectará negativamente a muchos ciudadanos, solo agregan decepción en una sociedad que desde hace ya varios meses viene acrecentando su críticas y su distancia de los políticos casi sin distinción. Tal vez no sea el tema más urgente ni el momento ideal, pero sí puede ser muy oportuno que esta vez se avance con las reformas que aporten mayor credibilidad y generen más confianza en el sistema político.
