La Justicia avanza con una serie de medidas para saber cómo se financió la campaña electoral bonaerense de Cambiemos en 2017 luego de que se denunció que en la nómina de aportantes figuraban personas que aseguraron no haber donado el dinero y que, además, serían beneficiarios de planes sociales. La gobernadora María Eugenia Vidal dijo que se trató de una "denuncia del kirchnerismo que igual hay que investigarla" y, a su vez, el intendente Carlos Arroyo apuntó que él mismo figuraba en la lista aunque no había donado fondos. Fuentes judiciales informaron a TN. com. ar que el fiscal Jorge Di Lello espera respuesta del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSES, organismos a los que envió requerimientos de información, para conocer si quienes conforman el listado cobran planes sociales y, en tal caso, si tenían la capacidad financiera de entregar sumas que oscilaron entre los $300 y los $1.500. Las medidas instruidas por Di Lello se suman a las impulsadas por el juez Sebastián Casanello, quien citó como testigos a 50 personas que figuran en la nómina de aportantes. Se trata de dos investigaciones que avanzan en paralelo y que buscan determinar si, tal como figura en la documentación presentada por Cambiemos, las personas donaron fondos para la campaña o si, en realidad, sus nombres fueron utilizados sin su consentimiento como una presunta maniobra de lavado de dinero. La investigación preliminar que lleva adelante Di Lello espera por dos respuestas claves para entrecruzar datos y determinar si los aportantes tenían la capacidad de realizar las donaciones. En ese sentido el fiscal le entregó al ministerio un listado compuesto por 200 personas y pidió que se le informe si los mismos reciben planes sociales. De este grupo de aportantes, unos 99 figuran como afiliados al PRO, según confirmó la Cámara Nacional Electoral (CNE). "No se descarta que hayan sido inscriptos sin saberlo, o que al recibir un plan el acuerdo haya sido aportar, es materia de análisis", confió a este sitio una fuente de acceso a la causa. Asimismo, a la Anses se le requirió conocer la categoría de cada uno de los 200 integrantes con el objetivo de saber si perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o si son jubilados. A estos dos requerimientos se suma un tercero: el equipo de peritos de la Gendarmería realiza un muestreo sobre los integrantes del listado para conocer su condición social y económica. Di Lello por ahora encabeza una investigación preliminar, en su carácter de fiscal electoral, ya que se podría estar frente a violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero también a otros delitos, como falsificación de firma y/o de documentos. Una vez que reúna toda la información, realizará una denuncia en los tribunales de La Plata, porque en esa jurisdicción es donde se habría originado las maniobras irregulares. La fiscalía como el juzgado federal platenses con competencia electoral están siendo subrogados, por lo que el fiscal es Hernán Schapiro y el juez, Adolfo Ziulu. Cuando Casanello le tome declaración a los 50 afiliados, les preguntará si donaron dinero para la campaña o si están afiliados a algún partido. Es que de acuerdo a la denuncia de La Alameda, quienes integran el listado no tienen capacidad financiera para aportar a la campaña y muchos desconocen estar afiliados a Cambiemos. Uno de los presuntos aportantes del partido, según los registros de la Cámara Nacional Electoral, fue el intendente marplatense Carlos Arroyo, quien en las últimas horas salió a negar haber hecho cualquier tipo de donación. "Yo he trabajado durante años en política y, sinceramente, debo haber gastado mucho, de a poco, pero no en esta campaña", aseguró. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refirió días atrás al episodio. "Primero, pedir una auditoría sobre esa rendición de fondos dentro del propio frente electoral y en segundo lugar, presentarnos a la Justicia". La mandataria provincial sostuvo que se trataba de "una denuncia del kirchnerismo" pero que sin importar de dónde provenga, la decisión era enfrentar la situación. Dijo, además, que la ley de financiamiento de los partidos políticos "tiene lagunas, deficiencias" y que necesita una reforma. "Creemos que lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados así no queda ninguna duda sobre quién aporto o no", manifestó.
