El camino para hacer justicia sobre casos de corrupción se hizo cada vez más angosto en los últimos 20 años. Si 100 políticos argentinos fueron investigados en casos por delitos en la función pública, sólo dos de esos 100 procesos terminaron con condenas en los juicios orales. La información se desprende de un nuevo capítulo de la auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura que analizó 579 causas de corrupción concluidas que fueron a juicio oral entre 1996 y 2016, sobre el trabajo de seis tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires. Los funcionarios se benefician por los obstáculos administrativos de la Justicia. La gran mayoría de los expedientes naufraga -mucho antes de llegar a juicio- en los pasillos de Comodoro Py entre sobreseimientos, falta de mérito y el archivo de los casos en manos de los jueces de primera instancia, lo más mediáticos del país. Llegar al juicio oral es una verdadera excepción. Pero además, dos tercios de los juicios por corrupción no terminan con condenas para los políticos y empresarios involucrados. Sólo el 32% sobre el total de los juicios terminaron con funcionarios sentenciados culpables. Aunque ese porcentaje, además, está atenuado porque una gran parte de esas sentencias no se traducen en detenciones al tratarse de condenas sin cumplimiento efectivo. El 34% de los funcionarios involucrados fueron absueltos en los juicios, siempre según la información del Consejo. Otro dato que llama la atención: uno de cada tres de estos políticos fueron absueltos por la prescripción de los expedientes, es decir, por demoras en las investigaciones a lo largo de todo el proceso, en especial, en la instrucción de los jueces de primera instancia. ¿Cuál es el riesgo que corre un funcionario por ser corrupto en la Argentina? Realmente muy bajo. Si el expediente sobrevive las tensiones políticas durante la primera etapa de la investigación y se sobrepone a los recursos, apelaciones y otros mecanismos de dilación quizás -y con suerte- unos seis años después desembarque en un tribunal de juicio que permita evaluar si las pruebas demuestran un delito. Sólo dos de cada 100 casos de corrupción registran sentencias condenatorias Porque, además, los funcionarios (que para ese momento ya son exfuncionarios) pueden ser absueltos en el juicio, pero también pueden ser beneficiados con un juicio abreviado o con una probation, opciones minoritarias pero que se han utilizado para resolver casos de corrupción, según consta en la auditoría del Consejo. "La corrupción es cada día son más compleja y la Justicia carece de herramientas para descubrir a los responsables. Los últimos casos de corrupción demuestran una tendencia global del delito. ¿Sabés lo que puede demorar que te respondan un exhorto?", cuestionó Germán Emanuele, director de Transparencia en Poder Ciudadano. Y reclamó la implementación del nuevo Código Procesal Penal para evitar que se dilaten las investigaciones. Pero el filtro para las causas de corrupción no son los juicios. "Si llegaste hasta acá tenés dos opciones: o te soltaron la mano o hiciste una macana importante", reflexiona un funcionario que trabaja en los tribunales orales federales, más conocidos en Comodoro Py como los "TOF". La gran mayoría de los expedientes naufragó en los pasillos de Comodoro Py en manos de los jueces de primera instancia. Por las largas demoras en el trámite de los casos, quedaron expuestos bajo la lupa los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide, Luis Rodríguez y Ariel Lijo. "Los datos reflejan muchas deficiencias de la Justicia, pero también revelan la politización de la Justicia. Muchos de esos casos de corrupción que nunca prosperan son denuncias con fines políticos en los que realmente no existen delitos", sostuvo una fuente con acceso a la auditoría del Consejo. La auditoría del Consejo de la Magistratura, un trabajo impulsado por el Colegio de Abogados de la Capital Federal y otras ONG, permitió reconstruir la ruta que transitaron las causas de corrupción. El presidente del organismo, Miguel Piedecasas, presentó ayer esta nueva etapa del trabajo ante el plenario del Consejo. El resultado de esta nueva etapa de la auditoría sobre los juicios orales refleja también el trámite de los expedientes desde sus primeros pasos. Porque los TOF casi no recibían casos de corrupción durante el kirchnerismo, sólo algunas causas emblemáticas de funcionarios menemistas al borde de la prescripción. Los tribunales se ocuparon en esa época, sobre todo, de los juicios por lesa humanidad. Pero los tiempos políticos cambiaron y ahora se aceleraron varias causas que preocupan, sobre todo, a exfuncionarios kirchneristas. Algunos juicios ya están en ese proceso, como Ciccone u Once II y otros entrarán en los tribunales en los próximos meses, como las causas que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner. El Tribunal Oral Federal N°4 -que le tomó declaración esta semana a Julio De Vido y Amado Boudou- es el tribunal que más expedientes resolvió en los últimos 20 años con 181 juicios, un promedio de nueve juicios por año. Pero esa cifra de casos puede modificarse sustancialmente. El TOF N°3, por ejemplo, resolvió apenas 63 casos en las últimas dos décadas, un promedio de apenas tres juicios por corrupción por año.
