El juez federal Sebastián Casanello citó a declarar como testigos a 50 personas que figuran como aportantes de la última campaña electoral de Cambiemos en el marco de una causa que investiga presuntos aportes falsos. La idea de los investigadores es confirmar si, tal como figura en la documentación presentada por Cambiemos, ellos donaron dinero para la campaña de legisladores naciones por la provincia de Buenos Aires del año pasado o si sus nombres fueron utilizados sin que ellos lo supieran. También les preguntarán si están afiliados a algún partido (se sospecha que algunos podrían ser afiliados falsos del Pro). "Convocamos a 50 casos testigos", informaron fuentes judiciales a LA NACION. En esta causa, el fiscal Carlos Stornelli impulsó la acción la semana pasada. La hipótesis central es que podría haber existido un delito de "falsedad ideológica" de documentos públicos, si es que se incluyeron aportantes falsos en el informe oficial de ingresos de campaña que presentó el frente ante la justicia electoral, dijeron fuentes judiciales. El origen del caso fue una nota del periodista Juan Ignacio Amorín en El Destape. Él sostuvo que en las listas de aportantes de Cambiemos figuraban cientos de personas que reciben planes sociales (planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja) o que están por debajo de la línea de pobreza y aparecen financiando la campaña oficialista con donaciones por montos de entre 300 y 1500 pesos. De acuerdo con lo denunciado, son gente que no aportó y no tenía ninguna relación con Cambiemos. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que fue la referente de la lista de candidatos por la provincia, se refirió hoy al caso. En una conferencia de prensa en Villegas, dijo que habían tomado dos medidas. "Primero, pedir una auditoría sobre esa rendición de fondos dentro del propio frente electoral y en segundo lugar, presentarnos a la Justicia". Vidal sostuvo que se trataba de "una denuncia del kirchnerismo" pero que sin importar de dónde proviniera, la decisión era presentarse y acompañar todos los papeles. Dijo además que la ley de financiamiento de los partidos políticos "tiene lagunas, deficiencias" y que necesita una reforma. "Creemos que lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados así no queda ninguna duda sobre quién aporto o no", dijo. En paralelo con la causa de Casanello, el fiscal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar y pidió informes a distintos organismos. Di Lello puso en conocimiento de Casanello toda la documentación reunida, incluido un informe de la Cámara Nacional Electoral que confirmó que de un muestreo de 100 casos de los presuntos aportantes falsos, 99 figuran en los registros oficiales como afiliados al Pro. La causa que llevan Casanello y Stornelli se inició por una denuncia que, basado en lo publicado por El Destape, presentó Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda (que lidera Gustavo Vera).
