El ex empresario K Mariano Martínez Rojas, que fue el viernes procesado con prisión preventiva en otra causa, prometió entregar pruebas para apoyar su confesión que vincularían "a ex funcionarios y ex espías K" en el expediente en que se investigan maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). Los nombres de los ex funcionarios se mantienen, por ahora, bajo secreto de sumario. Por un lado, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó con prisión preventiva al ex dueño del diario Tiempo Argentino en una causa por contrabando de textiles y lo embargó en 13 millones de pesos. Además, Aguinsky le impuso un costo de 7 mil pesos por cada día en que permanezca bajo el sistema de imputado protegido porque en su causa no aportó datos sobre miembros de la mafia de los contenedores que contrabandeó textiles por 435 millones de dólares, según una denuncia de la fiscal Gabriela Ruiz Morales y el titular de la Procelac Gabriel Pérez Barbera. Por otro lado, Martínez Rojas -quien la semana pasada fue extraditado de los EE.UU. tras fracasar en un intento por canjear un asilo político por información sobre lavado de dinero- le dio nombres de ex funcionarios y ex espías K al juez en lo penal económico Gustavo Meirovich en la causa de las DJAI en la cual se investigan maniobras con permisos falsos de importación por 14 mil millones de dólares, según una denuncia de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió. Las DJAI había sido creadas por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno para frenar la salida de dólares durante el cepo cambiario. Meirovich le dio a Martínez Rojas diez días para conseguir documentación que avale sus dichos. Si los documentos que aporta no resultan relevantes, Meirovich lo sacaría del régimen de protección de imputados colaboradores que supone vivir en una casa seguro en el Gran Buenos Aires y custodiado las 24 horas, entre otros beneficios, informaron fuentes judiciales. En declaraciones a Clarín, mientras estaba en Miami, Martínez Rojas había asegurado que “testaferros del gobernador de Formosa, Guildo Insfrán, como Enzo Gomez, me traían cheques provenientes de los negocios con la obra pública de Formosa para que cambie y yo me quedaba con una comisión”. Con esta operatoria cambió cheques por “200 millones de pesos en un año”. Las instrucciones que recibía habría sido depositar los cheques “en la empresa Intercapital del agente de bolsa, Norberto Peluso”, hermano del ex presidente de la Lotería bonaerense en la época de Scioli, Luis “Chiche” Peluso. Entonces, el agente de bolsa compraba, por ejemplo, títulos públicos, luego los vendía y Martínez Rojas se llevaba efectivo ya blanqueado. La próxima etapa era trasladar el efectivo “en mi camioneta blindada y custodiado por efectivos de la Policía Federal hasta el aeroparque”, donde con “el apoyo de miembros de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) la embarcaban en vuelos de Aerolíneas a Formosa”. Aseguró que a los “testaferros de Insfrán me los presentaron Roberto Erusalimsky y Malek Fara”, dos conocidos de Leonardo Fariña en la causa de la ruta del dinero K. Sin embargo, una parte de los cheques de Formosa “me ordenaron que los usara para entrar al negocios de las declaraciones juradas anticipadas de impuestos (DJAI)”, había afirmado en aquel momento. Sus nuevas declaraciones están bajo secreto de sumario, pero una fuente judicial dijo que están “en línea” con sus declaraciones periodísticas. Pero el viernes Martínez Rojas tuvo malas noticias de parte del juez Aguinsky. En una resolución a la que accedió Clarín, le decretó el procesamiento con prisión preventiva porque ya había eludido una vez a al Justicia con su viaje a EE.UU. Y podría seguir obstaculizando la investigación. “Aquellas circunstancias no sólo dan cuenta de una inconducta procesal que no puede pasar desapercibida por quien suscribe, sino que, además, demostrarían indicios concretos de que el imputado no se sometería al proceso”, agregó Aguinsky. En otro orden, “se aprecia que la asociación de personas cuyas actividades se investigan en autos habría tenido medios económicos suficientes para afrontar los gastos vinculados a la maniobra y, necesariamente, contactos con el extranjero como para lograr ejecutar las operaciones que son objeto de estudio en los autos principales”. Además, se desprendería que el grupo delictivo habría obtenido importantes ganancias que permitirían al imputado afrontar “una eventual situación de contumacia”, es decir de persistir en la rebeldía. Pero, como Martínez Rojas se encuentra dentro del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados por orden del juez Meirovich, Aguinsky analizó el artículo 518 del código procesal penal, establece que el embargo de bienes del imputado deberá ser ordenado “…en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas”. “En función de ello, quien suscribe no puede obviar el costo que en la actualidad demanda a las arcas del Estado el ingreso de un imputado a dicho Programa de Protección, del cual Martínez Rojas ha sido parte beneficiada, al menos provisoriamente”, agregó Aguinsky. De esta manera, y ante la posibilidad de que “el grado de colaboración por parte del nombrado no logre alcanzar los estándares necesarios que justifiquen aquel excepcional régimen, resulta razonable que el costo estimado de manutención y protección integral (alojamiento, traslados, seguridad, comida, custodia, entre otros) esté finalmente a cargo del imputado”. Además, Martínez Rojas confesó ante el juez Meirovich pero no contestó las preguntas de Aguinsky con frases como “…no te voy a responder eso…”, “…sí lo conozco, no te voy a responder qué relación tengo con él…”, “…tampoco te voy a contestar…”, entre otras. Por estas razones, Aguinsky fijó “un costo provisorio de siete mil pesos ($ 7.000) por cada día de detención, suma que deberá ser computada por un plazo provisorio de sesenta (60) días, en tanto se estima razonable a los efectos de que la autoridad competente establezca si corresponde la permanencia del imputado en aquel régimen especial de protección”. En esta causa en marzo pasado, Aguinsky había procesado a 51 empresarios textiles por contrabando desde China, maniobras que se llevaban adelante mediante la sustitución y falsificación de documentación para disimular las reales cantidades y precios de las mercaderías. Las pruebas de cargo surgieron a través del estudio del material secuestrado en numerosos allanamientos y en el análisis de las comunicaciones electrónicas. En ese momento, el embargo decretado en total contra los procesados fue de casi 4.000.000.000 de pesos.
