La Ciudad quedó habilitada por la justicia porteña para aplicar el protocolo para evitar la toma de escuelas públicas al desestimar el fallo de primera instancia de la magistrada Elena Liberatori y confirmar que las autoridades escolares deberán llamar a los padres de los alumnos que pretendan ocupar un establecimiento para que proceda a retirarlos o, en su defecto, que firman la autorización para que permanezcan en la protesta y sean penalmente responsables por los daños y perjuicios que puedan generarse durante esa modalidad de reclamo. Así lo dispuso la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario al "hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos" por el Ministerio de Educación de la Ciudad tras la decisión de la jueza Liberatori de desestimar la validez del protocolo por el cual se busca no sólo evitar que las protestas estudiantiles deriven en la ocupación de las escuelas, sino preservar la integridad de los menores y el patrimonio edilicio. Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Soledad Acuña, la decisión judicial fue tomada con alivio porque, se recordó, "en las tomas de escuelas ha habido agresiones entre estudiantes y destrozos de aulas e infraestructura". Con este fallo, que además cierra la posibilidad de seguir discutiendo el tema en el ámbito judicial, la Ciudad anticipa que aplicará el protocolo en cada intento de toma de escuelas. Cabe recordar que varios establecimientos públicos estuvieron ocupados por alumnos durante el debate en la Cámara de Diputados de la Nación por la ley de despenalización del aborto y que el 8 del mes próximo seguirá la discusión en el Senado.
