Con nuevas nuevas pruebas, el fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá en las próximas horas la indagatoria como sospechosos de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex canciller Héctor Timerman, entre otros, en la causa por el encubrimiento de Irán en el atentado de la AMIA, reinvindicando así de hecho la denuncia que hizo el fallecido Alberto Nisman antes de su muerte violenta y misteriosa en enero del 2015. La solicitud seguramente incluirá una prohibición de salir del país e inhibición de los bienes de los imputados, pero no -por ahora- prisiones preventivas, según adelantaron fuentes judiciales a Clarín. Pollicita estaba anoche corrigiendo detalles su requerimiento para el juez federal Claudio Bonadio, quien en dos o tres semanas deberá decidir si acepta el pedido y si lo anexa a una causa conexa abierta con la carátula de traición a la patria. Sucede que Bonadio, además de la denuncia de Nisman, tiene otra causa por ese delito abierta debido a un audio en que Timerman admite que la bomba de la AMIA de 1994 la “pusieron los iraníes” que reveló un libro de investigación periodística sobre el caso Nisman. Antes de decidir Bonadio deberá escuchar la opinión del fiscal de esta segunda causa, Eduardo Taiano. Pollicita es el mismo fiscal que en marzo del 2015, a pocas semanas del fallecimiento de Nisman, hizo un primer pedido de indagatoria de la entonces presidente en ejercicio y fue rápidamente archivada por el juez federal Daniel Rafecas, bajo presiones K. El fiscal, con más de 37 años en tribunales, decidía anoche si también consideraba el encubrimiento como de lesa humanidad, carácter que ya tiene la causa AMIA. Poco más de dos años después, Pollicita confirmó que, por lo menos, dos llamadas telefónicas del proiraní piquetero ultra K Luis D'Elía previas a la firma del pacto con Irán de enero del 2013 las hizo desde la Casa de Gobierno, en momentos en que los entonces secretario general de la presidencial, Oscar Parrilli, secretario legal y técnica, Carlos Zannini, y el diputado de la Cámpora “Cuervo” Larroque. Las llamadas fueron grabadas por la ex oficina de intercepciones de teléfonos de la SIDE llamada OJOTA por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Nisman las citó en su denuncia original, pero su muerte impidió que las contextualizara con datos como estos que demuestran que antes de la firma del Pacto hubo unos "19 meses de negociaciones informales" entre D'Elía y el líder de la la comunidad iraní en la Argentina, Jorge Yusuf Kalil, con el ex encargado de negociaciones de Irán en Buenos Aires, Moshé Rabbani, el principal acusado como supuesto autor intelectual del ataque terrorista de 1994 que dejó 85 muertos como saldo. Las negociaciones de Timerman comenzaron en enero del 2011 con una negociación secreta en Aleppo, Siria, tal como confirmó en la causa el ex embajador en ese país, Roberto Ahuad y Clarín reveló en exclusiva. El otro eje de las nuevas pruebas reunidas por Pollicita tiene que ver con las alertas rojas de Interpol que la justicia argentina pidió contra cinco iraníes, entre ellos Rabbani. Se trata del único elemento de presión que le queda a la Argentina para intentar que Irán acepte que se indague a sus ex funcionarios. Sin embargo, Timerman lo incluyó en el artículo 7° del memorándum de entendimiento con Irán que dice textualmente: “Este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido conjuntamente por ambos cancilleres al Secretario General de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso”. Efectivamente, el acuerdo fue enviado por ambos cancilleres al día siguiente a Interpol, pero por el escándalo sucitado días después Timerman dio marcha atrás y logró que el entonces secretario general de ese organismo, Ronald Noble, mandara una carta diciendo que no se habían levantado las alertas rojas. Ahora, Pollicita demostró que antes de esa carta hubo un sospechoso viaje reservado del entonces secretario de Justicia, Juan Martín Mena, a París, "para tomar contacto con miembros de Interpol". Incluso, en Comodoro Py dicen que Mena viajó en primera con un boleto que costó 8.500 dólares. El fiscal pidió una alerta azul a Interpol sobre Noble para que se lo ubique a fin de eventualmente llamarlo a declarar como testigo. Pero Noble, ya retirado, estaría residiendo en Abu Dabi y estaría relacionado indirectamente con un estudio de abogados de Londres que habría sido contratado por Irán para levantar las alertas rojas. A la luz de esta lobbie iraní, parece clave la designación del ex presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, como experto independiente en la comisión de ficheros de Interpol, que decide sobre las alertas rojas. Pollicita, para contradecir a Timerman, ya encontró resoluciones de Interpol en otros casos en que se levantaron esa alertas rojas sin intervención de la Justicia de los países involucrados. Pero el hecho contundente, adelantado por Clarín en marzo de este año, fue que la firma del pacto significó una flexibilización de hecho de las alertas rojas. Gracias a un aporte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se descubrió en en las alertas se agregó la advertencia: “la secretaría general de Interpol ha sido informada respecto de que el 27-01-2013 se firmó un acuerdo entre Argentina e Irán sobre el atentado terrorista a la AMIA en 1994 en relación con la presente notificación con el fin de resolver esta cuestión por la vía diplomática... El estado de la presente notificación permanece inalterado, según la decidido por la asamblea de Interpol en 2007”. La pregunta que se hacían ayer en tribunales era: "¿Qué hubiera pasado si Nisman no hubiera muerto en el 2015 y habría seguido adelante con esta investigación durante el gobierno de Cristina Kirchner?". Y la respuesta que dan: "seguramente ya estaría procesada".
