Marcos Daniel Gómez es un niño de 11 años que vive en el barrio Celia, y que padece distrofia muscular congénita con insuficiencia respiratoria. Esta condición hace que su vida dependa de una asistencia respiratoria mecánica y de oxígeno domiciliario, por lo que la energía eléctrica es fundamental para su subsistencia. Desde hace más de dos años la familia del chico está reclamando ante la Dirección Provincial de Energía (Dpec), para que les restituyan la Tarifa Social que les permite un descuento en el abono del servicio, y que les fue retirada “sin razón alguna”, según contó Nidia Duarte, la madre, a El Litoral. “Hasta diciembre de 2015 teníamos la Tarifa Social, después nos la quitaron, hice los reclamos pero nadie me supo decir por qué pasó esto”, agregó. El agravante de esta situación se presenta porque tanto la mujer como su esposo, Alejandro Gómez, son trabajadores informales; y su único ingreso mensual es la pensión que percibe el niño por su condición, que es de unos 5 mil pesos cuya “mayor parte se destinan a pagar impuestos”, según Duarte. De acuerdo a la madre, desde que perdieron el beneficio de la energía comenzaron a tener aumentos “indiscriminados” en la boleta de luz, a punto tal que “este mes nos vino 1.550 pesos”, y “tuvimos que vender cosas de nuestra casa” para poder abonar el servicio. El temor por un corte de luz en la casa está latente en la familia de Marcos, ya que la madre relató que “una vez nos la cortaron por falta de pago, pedimos plazos para juntar la plata y les explicamos que Marcos necesita la electricidad para vivir, pero no hubo caso”. “Debimos juntar el dinero entre parientes y amigos para cubrir la factura de luz y pagar la reconexión porque nuestro hijo necesitaba con urgencia la energía”, sostuvo. De hecho, Duarte y Gómez debieron endeudarse para comprar un grupo electrógeno, “que sacamos con la tarjeta de mi suegro, por los constantes cortes de luz, sobre todo en el verano”. Ley que no se cumpleEn la provincia se aprobó a fines del año pasado la Ley N° 6.418 de Electrodependientes, la cual garantiza a estas familias un descuento del 50% sobre la tarifa de consumo de energía eléctrica; que en ningún caso les pueden cortar el suministro por falta de pago, y que además exime a nuevos usuarios el pago de derecho de conexión. Asesorados por la Defensoría del Pueblo, la familia de Marcos solicitó a la Dpec que se instrumente esta normativa para solucionar su situación, pero desde el organismo provincial respondieron que la ley aún no fue reglamentada, y por eso no pueden aplicarla ni para este niño ni para cualquier otro caso. “Les explicamos la situación de nuestro hijo y abrieron un expediente (N° 0875-000917-2018), pero la respuesta fue que la ley no está reglamentada y por eso no pueden hacer nada, y encima no nos dijeron a quién debíamos reclamar por esto”, señaló la madre. Como forma de insistir con una solución para su situación, y también para buscar el impulso de la Ley de Electrodependencia, la familia de Marcos presentará este lunes en Casa de Gobierno una nota “para ver qué se puede hacer”. “Siempre mostramos voluntad en pagar nuestros impuestos, pero llegamos a un límite, uno ya no puede así”, se lamentó la mujer.
